Editorial: ::: MAS VALE TARDE... :::

Editorial

Tras maratónicas audiencias y luego de escuchar a cada uno de los abogados de los 20 investigados, el Juez anticorrupción de investigación preparatoria, Dr. Jorge Chávez Tamariz, aprobó los cargos incriminatorios que formula el Fiscal Provincial y autorizó el inicio del juicio oral en el caso del “Coliseo Cerrado de Chimbote”, uno de los más sonados casos de fraude en la administración regional de César Álvarez Aguilar.

El magistrado se dio el tiempo necesario para recibir los descargos y para escuchar los argumentos del Fiscal para determinar que en esta causa se cumplen todos los requerimientos de la ley para llevarse a cabo el contradictorio en el que se deben dilucidar si la existencia de pruebas son suficientes como para expedir una sentencia condenatoria contra los acusados, sobre muchos de los cuales recaen pedido de cárcel efectiva.

En este proceso penal se encuentran incursos dos ex gerentes de la Sub Región Pacífico y ex funcionarios de esta dependencia regional, así como empresarios que se prestaron a un acuerdo subterfugio y doloso mediante el cual se permitió no solo la adjudicación ilegal de la obra del futuro Coliseo Cerrado sino que se disponga el pago hasta de 23 millones de soles por una obra que fue abandonada a su suerte y es a la fecha un cúmulo de fierro y cemento que se ha deteriorado en el curso de los años.

Esta verdadera burla al pueblo de Chimbote y Ancash se concretó con la clandestina concertación para beneficiar a Consorcio SALEM tanto en la fase de selección de la buena pro y ejecución de la obra, permitiendo una serie de irregularidades como la presentación de documentación falsa (incluyendo cartas fianzas de fiel cumplimiento y adelanto de presupuesto para la compra de materiales) así como de una lista de profesionales que se presentaron en el concurso y que jamás acudieron a la obra y lo más grave, el no haber cobrado una serie de penalidades a la empresa por incumplimiento de plazos.

Es esta escandalosa obra en la cual los representantes de la empresa anexaron al expediente una carta fianza que estaba avalada por la Cooperativa Coopex, la tristemente célebre entidad creada por la mafia Orellana Rengifo para defraudar a las entidades públicas con la emisión de documentos de garantía que no estaban autorizados en el sistema financiero del país pero que los ex funcionarios regionales, en abierto contubernio con los empresarios, admitieron dejando en riesgo los recursos regionales en la medida que jamás existió una garantía que pudiera ejecutarse en salvaguarda de los capitales de Ancash.

De esta dimensión realmente delincuencial es el caso de la abandonada obra del Coliseo Cerrado, un proceso penal que sufrió serios retrasos en la medida que en la época de la red de corrupción se encubrieron a los responsables, empero, tras la caída de la mafia regional, el año 2014, fue la Contraloría la que halló los principales medios probatorios de este proceso y recién cuando se anexaron al expediente principal se impulsó este proceso que recién cuatro años después llega a la fase de juicio oral, pues su condición de proceso penal complejo se sustenta no solo en la prolijidad de las pruebas que lo sustentan sino en la cantidad de acusados que existe.

Justamente, la semana pasada, luego que el Juez de la causa autorizó el inicio del juicio oral, se evaluó de inmediato la solicitud del Ministerio Público para que se dicte prisión preventiva para 11 de los 20 acusados de este expediente, pues considera el Fiscal que existen graves responsabilidades que deben dilucidarse y, consecuentemente, se debe garantizar la presencia de los investigados.

Esta grave medida restrictiva se ha dictado contra los dos ex gerentes de la Sub Región Pacífico Verónica Pamela Bermúdez Rodríguez (actualmente prófuga de la justicia) y Juan Carlos Gallo Zegarra, así como a los ex integrantes del comité de selección, William Teddy Bejarano Rivera, Enrique Bernardino Godoy Palacios y Cecilia Del Rocío Alfaro García.

También recibieron prisión preventiva, los ex funcionarios Giovanni Alfonso Montoya Siles y Milton Carlos Meléndez Lujan y los empresarios Anamelba Jacay Peña y el ciudadano español Javier Perez Claramunt, representantes legales del Consorcio SALEM.

Para quienes no prosperó el pedido de prisión preventiva fue para el ex jefe de estudios y proyectos de la Sub Región, Segundo Francisco Moncada Saucedo y el ex supervisor de obra, Ángel Ancajima Timaná, cuyos abogados supieron demostrar el arraigo familiar y laboral de ambos, que en ningún caso ponen en riesgo las investigaciones.

Existen otros 9 investigados para quienes la Fiscalía no solicitó ninguna medida coercitiva gravosa y afrontarán el juicio oral, previsto para iniciar en el mes de marzo próximo, bajo comparecencia simple y se trata de viejos conocidos para la prensa que cubre informaciones juridiciales en la medida que son ex funcionarios que están incursos en otros sonados procesos penables como Oscar Salgado Olivo (actualmente preso por caso Desratización), Samuel Méndez Siccha, Luis Caipo Paredes (actualmente preso por la desratización), Zelmar Chávez Quispe entre otros.

La decisión del juez era inevitable, los hechos relacionados con el caso del Coliseo Cerrado requerían de una medida restrictiva desde que se puso en marcha la pesquisa, empero, lamentablemente el caso sufrió una serie de inconvenientes y no fue manejado con el profesionalismo que ahora se advierte con los magistrados del sistema anticorrupción que ha sido capacitados, precisamente, para encausar esta clase de procesos que son complejos y que requieren de un drástico tratamiento.

Cierto es que existen muchos acusados que se encuentran en cárcel o en condición de prófugos de la justicia, por ello el caso comenzará con la presencia de aquellos que se encuentran con orden de comparecencia y con el enlace de aquellos que se encuentran presos en el penal de Cambio Puente por vía teleconferencia.

Lo importante es que el juicio ya está en ciernes y se ventilará los primeros meses del año próximo para formar parte de la reivindicación judicial de la escandalosa defraudación que se perpetró en aquellos años que los millonarios fondos que tuvo Áncash fueron derrochados de la manera más descarada que alguien se pudo imaginar. Este es el costo que están pagando quienes se prestaron a ese manejo delictivo, esperemos que concluya con las sentencias que correspondan.

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