Editorial: ::: TRAMPOSA DILACIÓN :::

Editorial

Por tercera vez consecutiva, la Segunda Sala Penal de Apelaciones debió suspender y postergar el desarrollo de la audiencia única de apelación convocada para revisar el caso del ex gobernador regional César Álvarez Aguilar, quien se encuentra preso en el Penal de “Piedras Gordas”.

La audiencia debería recibir los alegatos de la defensa y el Ministerio Público ante el recurso impugnatorio que ha planteado el ex gobernante regional contra la sentencia condenatoria que le ha impuesto dos años de pena de cárcel efectiva en el proceso que se le siguió por delito de malversación de fondos junto a los ex gerentes de la Sub Región Pacífico Pamela Bermúdez Rodríguez y Juan Carlos Gallo Zegarra.

Además de la condena., Álvarez fue inhabilitado para ejercer cargo público por el mismo periodo de tiempo y le fijó el pago de una reparación civil de 300 mil soles. En el caso de sus coimputados, los ex gerentes de la Sub Región El Pacífico, Juan Carlos Gallo Zegarra y Pamela Bermúdez Rodríguez, fueron absueltos de toda responsabilidad penal.

Para el Juez Fernando Joseph Arequipeño Ríos quedó probado que César Álvarez Aguilar, ordenó la licitación pública de tres obras, sin disponibilidad presupuestal suficiente (dinero en sus cuentas), razón por la cual dichas construcciones terminaron siendo abandonadas por falta de liquidez.

Estas obras fueron el cambio del sistema de agua y alcantarillado de Bellamar, el colegio de Villa María y la Posta de Salud de Magdalena Nueva, donde se utilizaron fondos en la forma no prevista y afectando la función encomendada.

Quienes hemos seguido de cerca las actuaciones judiciales, sabemos que la sentencia de vista revisará más que nada la situación de los ex gerentes, si les cabe responsabilidad, como lo sustenta el Ministerio Público o si deben ser absueltos, pues está claro que los delitos se han cometido de manera descarada en la cara de todos los ancashinos.

Se trata de algunas de las obras que quedaron abandonadas tras las dos desastrosas gestiones que encabezó César Álvarez Aguilar, las cuales fueron lanzadas en procesos de selección y adjudicadas a empresarios que las dejaron abandonadas después de algunos meses en la medida que no les cancelaban las valorizaciones.

Y es que  no podía hacerlo por la sencilla razón que los pésimos funcionarios atendieron las directivas del ex gobernante regional para que se licitaran esas obras recortando presupuesto de otras obras que estaban siendo ejecutadas y que, a la larga, siguieron el mismo camino es decir, quedaron abandonadas porque se agotó el presupuesto que tenían.

Fueron decenas de obras las que quedaron abandonadas, la responsabilidad de esos ex funcionarios es mucho mayor, empero, se les inició proceso penal con aquellas que en la auditoria realizada por la Contraloría General de la República, tras la caída de la denominada red de corrupción el año 2014,l se encontraron los expedientes de las obras de Bellamar, Villa María y Magdalena Nueva con graves irregularidades.

La procuraduría envió la denuncia por estas tres obras al Ministerio Público en la medida que en ellas se ha podido demostrar que los ex funcionarios manipularon el SIAF para permitir que reciban el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, falsearon información con la única finalidad que puedan ser sometidas a un proceso de selección en el que todos saben que se maneja bajo la mesa el pago de coimas que en el vulgo se conocen como “Diezmos”.

De esa manera los ex funcionarios se llenaron los bolsillos a sabiendas que finalmente esas obras no se culminarían, fue un descarado “carrousell” que en su momento fue hipócritamente justificado por César Álvarez argumentando que su gestión había recibido recortes del canon por parte del Ejecutivo, que le debían más de 500 millones por supuestos “remanentes” no entregados y una serie de “monsergas” con los cuales pudo entretener a la prensa y los organismos fiscalizadores de entonces.

Lo cierto es que todas esas obras quedaron allí como reales “monumentos a la vergüenza”, algunas han merecido la atención de los sucesores de Álvarez y otros aún se mantienen en el abandono y la postergación como los colegios “Víctor Andrés Belaunde” e “Inca Garcilaso de la Vega”, siendo el primero de ellos el más pernicioso en la medida que la antigua edificación fue totalmente demolida y se ha dejado a los alumnos más de cinco años sin colegio y en condición de “encargados” en otros planteles”.

En el caso del “Belaúnde” la saliente gestión de Luis Gamarra ha conseguido, después de muchas gestiones, retomar los trabajos pero ellos están aún en ciernes y deben ser concluidos en la gestión de Juan Carlos Morillo que se inicia este 02 de enero.

De allí que decimos que en este caso no hay más que probar, las actuaciones relacionadas a la carga de la prueba están ya definidas hace muchos años en el expediente, por tanto, lo que debe dilucidar la Sala Superior es la situación de los absueltos.

Sin embargo, es el ex gobernador regional César Álvarez Aguilar quien no quiere que se ventile esta apelación, ha conseguido abortar en tres oportunidades el desarrollo de la audiencia cambiando a los abogados y presentando supuestas estrategias legales que los nuevos desconocían.

Esta condena es del mes de agosto pasado, la audiencia de apelación fue convocada el mes de setiembre y desde entonces no se puede realizar. ¿Puede la judicatura permitir que se dilate tanto una audiencia de apelación? Infortunadamente la vigencia de sagrados principios constitucionales como el derecho a la defensa permite sacarle la vuelta a otros principios procesales como la celeridad.

Lo que busca César Álvarez es impedir que esta condena se ratifique antes del mes de febrero del año próximo cuando se vence la orden de prisión que tiene en el caso del crimen de la testigo clave Hilda Saldarriaga, si eso sucede podría salir de prisión con libertad procesal y seguramente fugar porque cuenta con acusaciones de 35 y 30 años de prisión en los casos del crimen de Ezequiel Nolasco y La Centralita.

Está a punto de conseguirlo pues la audiencia ha sido postergada hasta el 17 de enero, no sabemos que es lo que puede suceder, empero, la justicia ya sabe que el ex gobernante regional quiere dilatar los plazos, de allí que es factible que se adopten medidas preventivas, se amplíen algunas medidas de prisión o de adecúe algunos plazos, pues lo que importa es que no se burle la actuación jurisdiccional y que se acaten las sanciones que se imponen a quienes se burlaron de la ley. Confiamos que así será.

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