Editorial: ::: LUCHANDO CONTRA LA CORRUPCIÓN :::

Editorial

Si bien es cierto el año que termina el día de hoy lunes 31 de diciembre ha sido uno de esos en donde el acontecer político ha capturado la mayor parte de atención de la población, no menos cierto es que ha sido un año en el que las autoridades se batieron a capa y espada en la lucha contra la corrupción y no se puede minimizar la postura firme e irreductible en los principales juicios que llegaron al banquillo, en especial los llamados casos emblemáticos.

Quizás los termas relacionados con la renuncia del Presidente de la Republica Pedro Pablo Kuczysnkí, el remplazo de un Jefe de Estado que no se veía desde hacía dos décadas atrás cuando el ex presidente Fujimori envió su dimisión desde su autoexilio en el Japón, la detención de su hija Keiko o el frustrado pedido de asilo del ex presidente Alan García Pérez hayan dominado el espacio de atención del pueblo en el presente año que termina, sin embargo, hubieron hechos propios de nuestra vida local que no pueden dejar de soslayarse.

Uno de estos temas es el relacionado con la persecución a la corrupción y en este caso la condena de cuatro años de cárcel efectiva a la ex alcaldesa provincial Victoria Espinoza y su sucesor en el cargo Julio Cortez Rojas en el caso denominado “Semáforos Inteligentes” haya sido uno de los principales acontecimientos en este año que ya se nos va.

No solo se tiene que destacar el hecho que esta condena haya obligado a la ex burgomaestre a tener que esconderse de la justicia y convertirse en una prófuga de la justicia, pues ya lo había hecho durante el 2015 y parte del 2016, sino la ejecución de este fallo en un momento crucial de su vida política es algo que apuntala el accionar de la magistratura.

La condena de Victoria Espinoza se dictó a solo 10 días de haber inscrito su candidatura que fue, a la sazón, una de las pocas que resultó siendo avalada por la autoridad electoral, empero una sentencia de este calibre le impidió hacer campaña durante los tres meses posteriores a la audiencia en la que albergaba la esperanza de poder sacudirse de esta sanción judicial, es decir, la revisión del fallo en segunda instancia que resultó finalmente negativa para ella pues la condena ha sido ratificada, justamente, a solo cuatro días de la realización de los comicios en primera vuelta.

Esta condena tiene tanta importancia como aquella que la misma Corte del Santa ha impuesto este año al encarcelado ex Presidente Regional César Álvarez Aguilar, a quien le impuso dos años de pena efectiva en el marco de un proceso penal que se le siguió por corrupción de funcionarios, luego que fuera denunciado por el ilegal desvío de presupuestos de obras en ejecución para que se licitaran otras obras que finalmente quedaron en el abandono.

Este mecanismo delincuencial que llevó a manipular el SIAF en complicidad con los funcionarios de la Sub Región Pacífico es el que llevó a dejar decenas de obras abandonadas, tanto aquellas que se quedaron sin presupuesto como las que no lo tenían y en esas condiciones fueron licitadas con la única intención dolosa de quedarse con el diezmo que se les exigía a las constructoras.

Estas fueron muchas obras, empero, el ex titular de la región solo fue comprendido en el caso de tres de ellas en las cuales la Contraloría halló los documentos que determinan esta situación que en la realidad dejó a Ancash con decenas de obras varadas, muchas de ellas con pérdidas que ya son incalculables, como la del Coliseo Cerrado en cuyo proceso increíblemente no se encuentras comprendido.

Además se tiene que destacar la celada que las autoridades realizaron al ex funcionario del Instituto Vial Pallasca, Roger Corales Ponce a quien detuvieron los primeros meses de este año cuando estaba cobrando una coima de 70 mil soles a un empresario de su entorno quien, a la sazón, había resultado ser su compinche al cual estaba exigiendo el pago de obras que le había adjudicado y en las cuales había quedado pendiente su parte, por lo que a mediados de este año se comprendió en la misma investigación al denunciante, aun cuando solo se encuentra en cárcel el primero de los nombrados.

Un capítulo aparte, quien sabe el más doloroso para la Policía Nacional, es el relacionado con la captura e internamiento en el Penal de efectivos en situación de servicio que fueron sorprendidos en celadas en las cuales se le decomisaron los billetes que estaban cobrando a transportistas para eludir las intervenciones policiales.

Dos agentes de la comisaría de Villa María, dos sub oficiales de la Unidad de Transito de la Policía de Buenos Aires, dos agentes de la Policía de Casma y otro de la Comisaria del 21 de Abril fueron los hechos que nos sorprendieron en el año y permitieron que toda una Comisaria se pudo instalar en el presidio de Cambio Puente. En la medida que la celada es una prueba pre constituida, los detenidos ya vienen siendo condenados a penas que oscilan de los 6 a 10 años de carcelería.

La condena al empresario televisivo Jorge Luis Balvis Castro vinculado a la red de corrupción de César Álvarez a quien puso su canal de televisión a su disposición, quien fuera sentenciado a ocho años de cárcel efectiva es otro de los hechos que convalidan la lucha judicial contra la corrupción en el presente año.

Finalmente, la incautación de los inmuebles de propiedad del alcalde de Nuevo Chimbote Valentín Fernández Bazán y de sus familiares en el marco de la investigación que realiza el Ministerio Público por lavado de activos, es un hecho que dejó una marca no solo porque involucra a una autoridad en ejercicio, sino porque se produce en un momento crucial de la campaña electoral en la que el burgomaestre tomaba parte y lo llevó a tomar decisiones erradas como aquella de renunciar a una elección cuando no era legalmente posible, lo que lo apartó de la campaña por más de un mes y pretender retornar cuando mucho se había dicho sobre su caso, terminando en un sorprendente segundo lugar después de todo lo que había acontecido.

Quedan muchos hechos en el tintero, como la detención y escandalosa liberación de un fiscal detenido cuando cobraba una coima en Huaraz o la suspensión del Fiscal Superior Jorge Luis Temple por una denuncia de un Fiscal Provincial a quien lo presionó para que favoreciera escandalosamente a Dirsse Valverde Varas son hechos que ponen de manifiesto la posición firme de la justicia en la lucha contra la corrupción en este año que termina.

Hoy que termina el año 2018 abrigamos la esperanza que esta posición irreductible se mantenga, especialmente porque quedan muchos casos de interés en los que tendrá que ratificar que todo lo que se ha avanzado es parte de una posición honesta que responde a la ley y la justicia, siendo uno de los primeros temas que deberá enfrentar la apelación de la condena a César Álvarez que pretende sustraerlo del mandato de prisión que lo mantiene hasta la fecha en la cárcel de “Piedras Gordas”. Veremos que es lo que pasa.

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