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Política

CONTROL

EL proyecto especial Chinecas se estableció el 31 de mayo de 1986, con la colocación de la primera piedra de lo que debería ser la Bocatoma Tablones, punto de captación en el que se derivaría hacia la margen izquierda las aguas del río Santa. Desde entonces, hablamos de casi 33 años, ha manejado ingentes recursos y presupuestos que se le asignaron con la finalidad de desarrollar estudios, consultorías y para ejecutar las fases primarias de su infraestructura. En todos esos años “mucha agua ha pasado bajo el puente”, los chimbotanos nos acostumbramos a ver como se despilfarraban los recursos asignados a otros fines, los funcionarios de turno traficaron con los puestos de trabajo, se registró los carrouseles en la adjudicación de compras y servicios, hay un sinfín de procesos penales contra ex gerentes y ex funcionarios porque Chinecas se constituyó en “la caja chica” de los gobernantes de turno, tanto cuando estuvo en manos del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura y el tristemente célebre Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) como cuando llegó a manos del Gobierno Regional de Áncash, en la peor época que registra la historia, es decir, en la época de la red de corrupción. Pese a todo ello, aun cuando todos eran conscientes como es que se hacían flecos con los dineros del proyecto irrigador, recién hace una semana la Contraloría General de la república ha instalado una oficina de Control Institucional (OCI) para que se supervise y controle el manejo de los recursos de la entidad. Es decir que los 33 años restantes se hizo lo que quiso con los recursos de Chinecas, ahora muchos deberán entender por qué está donde está, porque sigue siendo un anhelo de los chimbotanos a lo largo de muchas décadas, mientras que nuestros vecinos del norte, se nutren con las aguas de nuestro principal afluente, el río santa y han desarrollado una envidiable infraestructura agraria que les rinde pingües ganancias. Esperemos que con el control de la Contraloría en la mano cesen los escandaletes y las trapacerías en Chinecas.

REITERANTES

Aun cuando recién este viernes se estará concluyendo el proceso de verificación de funcionarios de confianza que ha iniciado la Contraloría en todos los municipios de la región, lo que no sabíamos era que este proceso se ha iniciado ya hace dos semanas atrás en el Gobierno regional de Áncash y las cifras que han hallado son realmente sorprendentes. Aun cuando la información se hará pública al final del proceso, el gerente regional de la Contraloría en Áncash, David Quiroga, ha adelantado en Huaraz que en lo que respecta a la región Ancash se verificó que no está cumpliendo con el cuadro de designación de funcionarios de acuerdo al perfil que exige la ley, debido a que han sobrepasado los límites en más del 10% de las plazas de confianza, con el que han incumplido las normas, se les ha entregado los plazos de ley para que corrijan con las observaciones. Esto sorprende en la medida que el Gobernador regional de Ancash se mostró sumamente meticuloso en lo que concierne a la designación de los funcionarios de confianza, tanto así que al iniciar su gestión se vio precisado a tener que anular sus resoluciones para enmendar designaciones de funcionarios que no llenaban los requisitos de ley, como ocurrió en el caso de la Dirección Regional de Salud. Tal parece que ese fue solo un caso pero la Contraloría está encontrando que se excedieron en los nombramientos y deberán asumir los correctivos que le notifique el organismo de control en la medida que las sanciones a nivel administrativo llegan hasta la suspensión de cuentas y la apertura de denuncias civiles y penales según corresponda, dijo el contralor Ancash. Parece que la administración Morillo pasará por agua caliente en este extremo.

OPORTUNIDAD

Lo que ha ocurrido con el ex alcalde de Casma Rommel Meza Cerna era previsible, anteayer mismo lo advertíamos en nuestra columna editorial al señalar que “si no se emitía disposición alguna en contrario el ex alcalde saldría ayer el libertad”. Y esa resolución se dictó en la hora undécima y es legal porque aquellos procesados que dilatan ex profesamente el proceso, que apelan al manido argumento de ausentar al abogado, de enfermarse o de poner una serie de excusas, como aquella de exigir su declaración para que después de seis o siete audiencias frustradas no lo haga y guarde silencio, ameritaban una prolongación del plazo porque la ley procesal así lo autoriza. Ahora la Fiscalía y el Juzgado Colegiado tienen la última oportunidad para impartir justicia y no se dejen mecer nuevamente por la defensa del ex alcalde para terminar con el juicio en estos 53 días que faltan.

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