Editorial: ::: OTRO PILLO MÁS :::

Editorial

El Procurador de la Municipalidad Provincial del Santa, Denis Aguilar Cabrera, debe ser uno de los funcionarios que más trabajo tiene y más atareado de la actual gestión edil, puesto que desde que asumió el cargo en los primeros días del mes de enero de este año, no ha dejado de trasladar denuncias penales contra los ex funcionarios y servidores de la entidad hacia el Ministerio Público.

Ello porque tanto la Contraloría General de la Republica, como su propio despacho, vienen hallando una serie de actos dolosos que podrían explicar cómo es que los dos ex alcaldes provinciales que tuvo el Municipio Provincial en los últimos cuatros años, se encuentren condenados y en calidad de prófugos de la justicia.

Ya son conocidas las denuncias que el procurador edil ha trasladado el Ministerio público en méritos de los hallazgos detectados por la contraloría y respecto a los cuales ha expedido el informe final respectivo, en el cual se señala la existencia de una serie de infracciones administrativas y penales.

Pero ahora el turno ha sido del propio Procurador Denis Aguilar, quien ha recogido las quejas y denuncias de los usuarios y ha llegado a establecer que el ex abogado adscrito a su despacho, identificado como Jimmy Jonathan Gonzales Zapata, ha hecho mal uso de su cargo, cobrando coimas y arreglando expedientes para frustrar la defensa de la Municipalidad.

Lo curioso es que ya se habían puesto al descubierto y formalizado ante el Ministerio Público, dos primeras denuncias contra este letrado, cuando se destapó el escándalo registrado en un audio en el que se escucha al mencionado abogado negociando una coima que, al parecer, no respondía a los requerimientos del usuario.

Se trata del caso de un transportista que por haber incurrido en una infracción se le impuso una papeleta que rechazó y por ello inició un expediente administrativo en la comuna provincial, pedido que le fue negado en la sede administrativa y decidió recurrir ante el poder judicial,

Fue entonces que “entró a tallar” el ex abogado de la Procuraduría Jimmy Gonzales, quien negoció el resultado de este proceso renunciando a la defensa de la Municipalidad estando obligado a ello por la función propia del cargo, requiriendo pagos bajo la mesa para que la demanda del infraccionado pueda resultar a su favor.

Sin embargo, la justicia estaba al margen de estas componendas y por ello denegó el pedido en primera instancia al transportista y éste le reclamó al abogado, exigencia que quedó grabada en un audio que la semana pasada llegó a manos del procurador que no vaciló en formular una nueva denuncia penal contra el ex funcionario.

Este audio se ha difundido en todos los medios radiales y televisivos, se escucha claramente como el transportista le reprocha al letrado por los resultados del proceso y le exige que le devuelva los 800 soles que le había pagado, incluso, este asiente en el requerimiento y le pide más tiempo, espera que vaya en apelación y allí le podrían dejar sin efecto su demanda.

En realidad es asqueroso lo que se escucha, un profesional que se vende por un plato de lentejas para que se perjudique a la institución en la cual trabaja y con la finalidad de beneficiar a un usuario que prefiere corromper a un mal empleado para liberarse del pago de una obligación generada en su propia conducta de violación del reglamento de tránsito y seguridad vial.

Teniendo en cuenta que el diálogo es evidente, asumimos que el Ministerio Público iniciará una investigación preliminar a efectos de corroborar los cargos, no solo demandando las manifestaciones de los involucrados sino ordenando las pericias pertinentes como aquella que permitirá identificar las voces del audio u otras como el levantamiento del secreto de las comunicaciones para acreditar los diálogos entre el funcionario corrompido y el transportista y hasta el levantamiento del secreto bancario para los efectos de establecer posibles depósitos en las fechas en las que se realizó el negociado en la procuraduría.

Hay que tener en cuenta que este mismo abogado Jimmy Gonzales Zapata había sido denunciado por la misma procuraduría luego de tomar conocimiento que en el mes de Mayo del año pasado llegó al extremo de falsificar un acta de conciliación para pretender cobrar poco más de 30 mil soles en ejecución de un supuesto acuerdo judicial.

Lo cierto es que su dolosa pretensión pudo concretarse de no haber sido por la observación que hizo un empleado al solicitar información del acta conciliatoria en el mismo expediente judicial, en donde al cruzarse información se verificó que la audiencia se realizó y se expidió un acta, empero, en ella no existía acuerdo alguno para pagarle más de 30 mil soles al trabajador.

Esto pone de manifiesto que este abogado no solo no respeta su profesión sino que está dispuesto a embaucar a cualquiera haciendo uso del cargo que ostentaba y hasta de sus distintivos, era capaz de fraguar documentos y hasta de negociar la participación de la entidad a la que debería defender, para exponerla con quien estaba en condiciones de satisfacer sus requerimientos económicos.

Hay que tener en cuenta que los cargos se relacionan hasta el momento con un audio y un acta fraguada, empero, se trata solo de dos casos aislados, es evidente que los ciudadanos tenemos todo el derecho de pensar que se habrían gestado otro conciliábulos que no salen a la palestra o no han sido aún detectados por las autoridades.

De allí que es importante que el procurador municipal Denis Aguilar haya derivado de inmediato el audio y la denuncia al Ministerio Público, este organismo se encargará de investigar y seguramente deberá acumular las tres denuncias que se han formulado en una sola para no dispersar los actos probatorios, lo que espera la población es que aquellos que se valieron del cargo, aquellos que aparecen negociando bajo la mesa y que han llegado a fraguar documentos en perjuicio de la comuna provincial paguen con todo el peso de la ley. No se puede dejar de sancionar a otro pillo más, de los muchos que nos está legando la anterior gestión edilicia.

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