Las playas en todo el litoral del país son predios de dominio público, son imprescriptibles e inalienables, en buen romance, nadie puede tomar acciones o decisiones sobre ellas porque es una potestad que solo corresponde al estado de acuerdo a las entidades que tienen competencia sobre ellas.

Esto lo saben hasta los pescadores que realizan actividades diarias en las cabeceras de playas, es algo que nace con la propia persona y con los conocimientos naturales de una determinada extensión, por ello es que la semana pasada sorprendió que medios de comunicación denunciaran desde Casma la destrucción e invasión de una hermosa playa conocida como “Las Gemelas” en el concurrido Balneario de Tortugas.

Esta dolosa acción era protagonizada por un empresario que evidentemente conoce la naturaleza legal que existe respecto de las playas en el país, sin embargo, no vaciló en arremeter contra la propiedad pública, levantó una vivienda y dispuso trabajos de maquinaria pesada con la finalidad de construir carreteras y un terraplén, alterando el ecosistema de ese centro recreacional.

Los medios de comunicación casmeños reaccionaron con indignación en la medida que “las Gemelas” es una playa virgen que venía recién siendo disfrutada por las familias de ese Balneario y por los visitantes, sin embargo, el empresario Héctor Servat Chocano, había decidido hacer tabla rasa de la ley y con papeles que no tienen valor ni respaldo legal alguno, como constancias de posesión expedidas por funcionarios despistados o incentivados de alguna manera.

Y es que realmente no se puede entender como una persona en su sano juicio pueda pretender usurpar una playa y levantar propiedades cuando esa área está sujeta a un tratamiento jurídico restringido y que está protegido por la ley,

Las playas cuentan con una nomenclatura legal que establece la existencia de una franja de 50 metros de línea de alta marea y 200 metros posteriores de área totalmente restringida, es decir, que en esa franja nadie puede realizar acciones de dominio si es que no se cuenta con alguna autorización que solo pueden expedir entidades del Estado que tengan el respaldo de un expediente que contenga estudios, planteamientos, etc.

Por ello es que la Fiscal de Medio Ambiente, Carla Ramos Heredia., alertada por las denuncias de los medios de comunicación, no esperó un minuto más para convocar a la Capitanía de Puerto y la Municipalidad Provincial de Casma a efectos de intervenir en la mencionada playa y paralizar los ilegales trabajos que se venían realizando en el lugar.

Allí pudo observar que el empresario denunciado no se había ni siquiera inmutado ante las denuncias periodísticas y continuaba realizando trabajos con maquinaria pesada ejerciendo un grave daño a la naturaleza.

De la misma manera, en el lugar le enrostró que los papeles que empuñaba, entre ellos una constancia de la Municipalidad de Comandante Noel y un documento expedido por una Juez de Paz letrado, no tenían valor alguno en la medida que el tratamiento legal de las playas está al margen de lo que decidan las mencionadas autoridades, existe un régimen legal que el denunciado no había respetado.

Por ello es que la Fiscal determinó en ese mismo momento la incautación de la maquinaria y su traslado a los almacenes de la Municipalidad Provincial de Casma, inclusive, aun cuando ella era de propiedad de un pequeño empresario que la había alquilado y se encontraba en el mismo lugar de los hechos, quien al reclamarle a la Fiscal aquella le respondió que al Ministerio Público no tiene nada que exigir sino que debería hacerlo a quien lo contrató a sabiendas que estaba realizando un trabajo absolutamente ilegal.

No se puede dejar de soslayar que en la misma diligencia, realizada la semana pasada, se hallaba presente el procurador del Proyecto Especial Chinecas, pues se sabe que este organismo es propietario de los terrenos aledaños a las playas y debería haber tomado acciones si es que la vivienda, por ejemplo, se ha levantado sobre predios que le pertenecen, razón por la cual fue importante su intervención para descartar cualquier alegación en relación a que este proyecto habría extendido autorización al invasor.

Nos imaginamos que dentro de las medidas que deberá decidir el Ministerio Publico está la solicitud de demolición de la vivienda que ilegalmente se ha levantado en ese lugar, por mucha inversión que se haya realizado no se puede permitir que cualquier hijo de vecino llegue a una propiedad pública y no solo pretenda tomar posesión de un predio que no le pertenece sino que ejecuta obras civiles cuando ello está totalmente prohibido y vedado por la ley.

Por lo menos, el alcalde provincial Joseph Pérez Mimbela, presente también en la misma diligencia, ha señalado que ellos solo están a la espera del pedido formal de Chinecas o de la Fiscalía, para llevar maquinaria pesada y demoler esa edificación así como retirar los escombros que han alterado seriamente el hábitat de esa playa que está protegida por la ley y por la Constitución Política del Estado.

La lectura que nos deja la oportuna reacción de la representante del Ministerio Público es que nadie puede hacer lo que se le viene en gana, por mucho dinero o influencias que pueda esgrimir, menos aún se puede hacer tabla rasa de la normatividad invadiendo una playa y ejecutando acciones de posesión y propiedad sobre las mismas.

No podemos olvidar que en el mismo Balneario de Tortugas existe un funesto precedente de invasiones y tráfico ilegal y descarado de tierras que fue promovido por el ex alcalde de Casma Rommel Meza Cerna, quien se encuentra encarcelado por montar una mafia al frente del timón municipal, quien apuntalado por sus delincuenciales asesores permitió que se trafique con lotes de terrenos que fueron invadidos por el solo hecho de pagar “a la mano” y sin que exista un documento oficial de la comuna, terrenos que forman parte del mas importante balneario de esa provincia.

De allí que la acción de la Fiscalía ha sido oportuna y contundente en la Playa “Las Gemelas”, confiamos en que la Fiscal llevará esta investigación por los canales que corresponde porque es imprescindible que no se deje sin castigo la temeraria impunidad que se ha advertido en el accionar de los denunciados. Esto ciertamente debe dejar sentado un drástico precedente.

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