El Ministerio Público ha convocado a un segundo testigo en reserva en el juicio que se sigue al ex presidente regional César Álvarez Aguilar y ex funcionarios del proyecto especial Chinecas por el pago sobrevalorizado del perfil técnico elaborado por la empresa SISA, cuyos representantes legales también se hallan acusados en este proceso.

En esta oportunidad, de acuerdo a lo que se ha informado de fuentes oficiales, se trataría de un empresario de origen brasileño que, al igual que el primer testigo en reserva, ha prestado declaraciones en condición de colaborador eficaz en el caso La centralita, uno de los casos emblemáticos que ha permitido detectar una serie de pruebas que pertenecen a otros juicios, como este del caso SISA.

Si ello es así, se trataría de uno de los entonces funcionarios o empresarios vinculados a la empresa ODEBRECHT que fue contactado por el empresario Martin Belaúnde Lossio para negociar la ejecución del proyecto especial Chinecas, a la usanza de los grandes negociados de la corrupta empresa brasilera que solía disponer de jugosas coimas como ya es de dominio público.

Este testimonio debe reforzar aquel que ya ha brindado un primer testigo en reserva quien describió de manera exacta y detallada la forma como se establecieron los vínculos con Odebrecht y como es que este perfil técnico de Sisa fue en realidad un estudio elaborado para la corporación brasileña a efectos que justifique la adjudicación que recibiría en el negociado con la región.

Es aquí en donde encaja todo, ese estudio fue elaborado a un costo de 680 mil soles, sin embargo, quedó en el limbo cuando las negociaciones de la adjudicación del proyecto irrigador se truncaron debido a las diferencias en la coima que exigía el ex presidente regional, quien exigía el 10% del importe total del proyecto, que superaba los dos mil millones de soles, lo que no fue aceptado por los brasileños.

Truncado el negociado, los astutos funcionarios estimaron que ese estudio podría servir para los efectos de conseguir un pedazo más de la torta, por ello, bajo el pretexto de demandar al Ejecutivo su financiamiento, hallaron la manera de convocar a una consultoría para la adquisición de un perfil técnico.

Esto se hizo a pesar que el INADE, organismo de desarrollo que por muchos años manejó el proyecto irrigador en nombre del Poder Ejecutivo, había advertido que Chinecas contaba con una serie de estudios realizados a través de los años y que solo requerían de una actualización de costos que implicaba una inversión de 120 mil soles.

Pero todo indica que nadie en la región estaba dispuesto a echar a perder el gran negocio y adjudicaron la consultoría a la empresa Sisa por un perfil técnico a un costo de 5 millones dos cientos mil soles, la empresa lo único que hizo fue adecuar el estudio que había vendido en 680 mil soles a Odebrecht y convertirlo en un perfil Sisa que se sobrevalorizó casi diez veces más.

Esto es lo que ya han revelado los colaboradores eficaces en el caso La Centralita y lo que vienen ratificando en el caso Sisa a través de testimonios en reserva, sin embargo, la empresa se defiende y en el marco del juicio oral ha acreditado dos peritos de parte que han elaborado un estudio en el que tratan de justificar que el trabajo realizado por la empresa no estaba sobrevalorizado y responde a los costos que se determinan en mérito de variables que se manejan en el sector construcción,

El perito de parte es el profesional contratado por una determinada persona a efectos que elabore un estudio que responda a sus conveniencias, es decir, es una persona que es remunerada por el acusado, consecuentemente, sus conclusiones siempre pretenderán favorecerlo y eso es lo que se pretende en este caso.

Sin embargo, en la última audiencia cuando perito de parte, Carlos Antonio López Avilés, un ingeniero civil que labora en Lima, fue interrogado por los magistrados trató de sustentar que los costos cancelados a la empresa SISA se encuentran dentro de los rangos que fija el Ministerio de Economía para estos casos, se vio en serios aprietos cuando debió justificar el estudio.

Ello porque, ante el asedio del Fiscal, el perito de parte debió admitir que perfil técnico elaborado por SISA no fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas y que en la práctica no se utilizó como base para la elaboración del expediente técnico.

En otras palabras, el documento por el cual el gobierno regional dirigido por César Álvarez pagó una millonada no sirvió para nada, fue un documento obsoleto que no pudo ser considerado ni siquiera como base para el expediente técnico que se presentó posteriormente al Ministerio de Economía, el cual debió ser relaborado por el propio proyecto irrigador que implicó otro gasto.

Allí se verifica el grave perjuicio que se ha irrogado al erario regional, de esta manera queda probado que los ex funcionarios regionales y la empresa se prestaron a un juego sucio con el único objetivo de ganar dinero, engañar a los ancashinos que se contaba con un perfil técnico adecuado por el cual se canceló millones de soles, cuando en realidad se trataba de un estudio que no costó ni siquiera 700 mil soles y que solo fue adecuado para justificar el trabajo, mas no para que se convierta en la herramienta elemental para la consolidación del proyecto irrigador.

No cabe duda que tanto el Ministerio Público como el Juzgado Colegiado vienen recabando las pruebas concluyentes que establecen los sucios manejos que se dieron en la época de la denominada red de corrupción, hechos que fueron denunciados por la prensa independiente y que costó mucho encausarlo debido a los brazos corruptos que existieron por entonces en la administración de justicia. Hoy el juzgado a cargo de la carpeta tiene un caso al descubierto, esperemos que concluya como corresponde.

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