Golpeado en las mismas fibras de su imagen y reputación, el Colegio de Abogados del Santa ha demandado a las autoridades de la Policía y el Ministerio Público, como del Poder Judicial, una exhaustiva investigación para sus agremiados que se encuentran involucrados en una mafia y exige para ellos que se respete principios jurídicos como el derecho a la defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia.

Esto es lo que expresa un comunicado que ha circulado por las redes sociales en donde el decano hace suyo el acuerdo de la junta directiva respecto a los hechos registrados la última semana del año pasado, en la cual tres personas estrechamente vinculados a su institución han sido comprendidos como parte de una organización criminal, uno de ellos detenidos y otros dos que han quedado como prófugos de la justicia.

En el primer caso se trata de su trabajador Ebilio Fabio Sadonás Figueroa cuya situación laboral deberá ser evaluada ya que labora como personal CAS desde el 01 de Setiembre del 2011, desempeñándose como vigilante, en calidad de trabajador estable.

Sin embargo, al hallarse detenido por espacio de 15 días se ha generado la ausencia de su centro de labores de forma permanente, lo que podría romper el vínculo laboral, empero, asumimos que el gremio profesional en calidad de empleador esperará a que las autoridades se pronuncien sobre su condición jurídica cuando concluya el plazo de detención preliminar que debe ocurrir en el curso de los próximos días.

En el documento no solo lamentan la situación de su trabajador Ebilio Fabio Sadonás Figueroa, sino que señalan que desconocían de sus vínculos con la presunta organización criminal “los intocables de Chimbote”, por lo que en adelante se adoptarán las medidas necesarias y requerirá a todos sus trabajadores una actualización de sus datos y hojas de vida, con los respectivos certificados de antecedentes debidamente actualizados.

Y en lo que se refiere a los abogados Manuel Paiva Córdova y Wilfredo Quevedo Cabrera, quienes forman parte de su orden profesional y también arrastran una orden de detención preliminar como integrantes de la organización criminal “los intocables de Chimbote” demandan una investigación exhaustiva y objetiva, respetando los principios del debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

Es evidente que el Colegio de Abogados del Santa ha asumido el impacto de una noticia tan increíble para ellos como para muchos, empero, para la población resultó nefasto conocer que una organización criminal que se dedicaba a chantajear, extorsionar, asaltar y cometer toda clase de tropelías cuente con el apoyo y respaldo de Policías y abogados de la ciudad.

Y entre ellos a profesionales conocidos en el foro chimbotano como el letrado Manuel Paiva Córdova, quien es conocido penalista y quien asesoraba a delincuentes que se les conoce como “rankeados” en el mundo del hampa., estaba siempre presto al auxilio legal de estas organizaciones criminales y ello, de primera intención, no implica que forme parte de misma en la medida que el ejercicio de la defensa no tiene barreras en cuanto a la elección de los patrocinados y la clase de delitos que cometen.

Sin embargo, habría que hacer un paréntesis en este caso en la medida que el Jefe de la DIVIAC Chimbote, Comandante Edward Zavaleta, hizo hincapié en la presentación de la mafia capturada en diciembre, respecto al rol que ha jugado este abogado y se refirió a un caso en particular respecto al cual tienen pruebas pre constituidas que deberán ser valoradas por los magistrados.

El oficial de la Policía se refirió a su intervención en la delación de un cliente que es empresario y quien acudiría a retirar una fuerte suma de dinero al Banco, información que este abogado habría entregado al líder de la mafia y habría permitido de esta manera que se perpetre un asalto a quien había confiado en aquel como profesional.

Por lo menos se dijo en esa oportunidad que esto ha quedado acreditado con un audio obtenido de escuchas legales que fueron autorizadas por el Poder Judicial y en las cuales se encuentra el dialogo con el delincuente respecto a ese “trabajo” por cuya información el informante recibe una importante suma de dinero.

Desde la clandestinidad el abogado ha rechazado los cargos y ha expresado que en su debido momento hará conocer las evidencias de su descargo, sin embargo, su caso es una incógnita como la de su colega Wilfredo Quevedo Cabrera, quien antes de ser detenido se ha venido desempeñando como Procurador del proyecto especial Chinecas y como tal ha sido vinculado con la organización delictiva.

En el caso de Quevedo se le acusa de brindar información a los delincuentes, pues él tenía conocimiento de los propietarios o posesionarios de los terrenos de Chinecas y de aquellos que pertenecen a las comunidades campesinas de Coishco y Chimbote, de tal suerte que los hampones que recibían información del procurador y se encargaban de cobrar elevadas sumas de dinero a cambio de no desalojarlos y hasta asegurar que los iban a denunciar por usurpación.

Tendrá mucho trabajo la Policía y la Fiscalía en la continuación de la pesquisa de este tema, por lo demás este mismo Procurador ya había sido señalado por la prensa casmeña por su dudoso accionar respecto a la invasión en las Playas de Tortugas en donde no había denunciado nada pese a las evidencias, inclusive, llama poderosamente la atención que este caso perpetrado por el empresario Hector Servat Chocano quede como un himno a la impunidad sin que el procurador haya hecho nada al respecto.

Será la justicia quien determine la situación jurídica de los involucrados, en el tema de los abogados seguramente que subsistirán los cargos en la medida que han decidido mantenerse en la clandestinidad. Justamente este es un tema que causa extrañeza cuando el gremio de ahogados, que reúne a profesionales del derecho, demanda que se cumplan para sus agremiados con el derecho a la defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia, mas no los exhorta a ponerse a derecho para esclarecer su condición jurídica, lo cual habría sido lo más recomendable ahora que todos se encuentran en una incómoda posición con estas graves acusaciones, incluyendo al propio gremio profesional.

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