La migración venezolana ha generado preocupación desde hace ya casi un año cuando comenzaron a llegar a nuestro país en general, y a nuestra ciudad, en particular, cientos de ciudadanos oriundos del país llanero, quienes fugaron de la imposición de una tiranía en su país que estaba generando desempleo, falta de alimentos, de medicamentos y una crisis tal que ya es imposible vivir allá.

Sin embargo, las autoridades en general, comenzando por el gobierno nacional, como los gobiernos regionales y municipales, han recibido con una fuerte dosis de solidaridad a esta gente que realmente estaba necesitada de una mano amiga.

Se instalaron en varias ciudades, entre ellas la nuestra, y comenzaron a establecerse de la manera como podían, buscaron empleos en los centros de abastos, tiendas, librerías y toda clase de negocios en donde puedan generarse una renta, por muy pequeña que sea, que le sirva no solo para vivir, sino para enviar a sus familiares que se quedaron en su país.

Incluso los vemos todos los días en las esquinas, en los semáforos ofreciendo toda clase de productos o la prestación de servicios menores para saciar sus necesidades, encontrando la solidaridad de muchos que colaboran con ellos, y, a despecho de  la posición radical de un sector que no ha aceptado de buenas a primeras su presencia.

Y lamentablemente, hay muchos de estos extranjeros que les quieren dar la razón a estos excepticos de la solidaridad y la ayuda humanitaria, son sujetos que lejos de responder a la hospitalidad y la confianza de los peruanos, lo que han hecho en estas últimas semanas es delinquir, agredir y generar escándalo en los sectores donde viven o se divierten.

Hace algún tiempo pudimos conocer con extrema conmoción como es que un conocido estilista que reside y trabaja en Trujillo, fue cruelmente asesinado por un sujeto de nacionalidad venezolana, que llegó a esa ciudad y se ganó su confianza, pasó a trabajar junto a él y en determinado momento encontró la oportunidad de robarle todas sus pertenencias y para hacerlo no vaciló en asesinarlo a puñaladas en el interior de su domicilio.

Estremecidos vimos en las imágenes que la Policía recogió en las cámaras de seguridad, como este sujeto contrata un taxi para llevarse las pertenencias de su víctima y mira desafiante a la cámara para dejar registrada su imagen cínica y de características criminales.

Así como este sujeto, se han denunciado una serie de hechos en los que los venezolanos han protagonizado robos y estafas que han generado la reacción de los sectores detractores que, con justificada razón, demandan que los expulsen del país porque no pueden traicionar la confianza de quienes les extendieron una mano para ayudarlos.

Eso es lo que ya viene haciendo el gobierno, la semana pasada ha embarcado en un avión a un tercer contingente de 50 venezolanos que son expulsados por haber cometido toda clase de tropelías en nuestro país y quienes no se merecen tener la hospitalidad peruana, más aun, las autoridades se han visto en la necesidad de fijar nuevas restricciones al ingreso de otros ciudadanos de la misma nacionalidad al país.

Coincidiendo con todas estas actuaciones, la semana pasada la Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia de Nuevo Chimbote puso a disposición del Segundo Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote a un adolescente venezolano de 16 años de edad, para que se realicen las acciones correspondientes ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con la finalidad que, mediante la Embajada de Venezuela, el menor retorne a su país.

La fiscal a cargo del caso, Carmen Gomero Paredes, solicitó esta medida luego de identificar que el menor se encontraba en desprotección familiar, al no tener a ningún pariente en el país, además, de poseer dos infracciones a la Ley Penal y haberse escapado del albergue San Pedrito.

Justamente, se trata de un menor que la semana pasada fue detenido por efectivos de la Policía luego de protagonizar un escándalo en una discoteca del distrito de Nuevo Chimbote, junto con otros tres sujetos, otro más de su misma nacionalidad, quienes se enfrentaron con arma blanca al vigilante del establecimiento a quien le provocaron cortes en el rostro y la oreja.

Estos hechos se registraron en el frontis de la discoteca “Black Moon” ubicada en la avenida Anchoveta en la denominada zona roja del distrito de Nuevo Chimbote, en donde el menor y los demás intervenidos causaron además destrozos en el local, según la denuncia de la propietaria de la discoteca.

El personal policial del escuadrón de Emergencia debió trasladar de urgencia al Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” al vigilante que sangraba profusamente al pretender detener la acción demencial de este grupo de personas que lejos de agradecer su permanencia en nuestra patria solo llegaron a generar más desorden.

Lo mas grave y delicado es que este adolescente tiene apenas 16 años y no existe un solo familiar en el país, de allí que habría que pensar cómo es que llegó a nuestro país, en donde estaba viviendo, con quienes departía, al parecer, fue enviado con ese objetivo de generar desordenes y escándalos para provocar la reacción de las autoridades.

Infortunadamente, como dice el conocido dicho popular “justos pagan por pecadores” y como consecuencia de estas actitudes ratonescas es que pone en entredicho la presencia de sus compatriotas que han llegado con otras intenciones a nuestro país, que se esfuerzan y trabajan duro para hacerse de un espacio y buscar la manera de comenzar una nueva vida, lo que es apreciado por los peruanos.

El caso de este adolescente se convierte en el primero en el que las autoridades de Chimbote demandan la expulsión de un ciudadano venezolano, de allí que esperemos que se trate de un caso aislado, que no se tenga que apelar a las acciones compulsivas para resguardar el patrimonio y la integridad de los connacionales. El pedido del Fiscal es una medida necesaria que habrá de aplicarse de inmediato cuando otros migrantes llegan a extremos de quebrantar la ley de un país en el que han sido recibidos de buena fe.

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