Han debido transcurrir nueve años para que la justicia pueda no solo probar sino condenar al ex presidente regional César Álvarez Aguilar por uno de los hechos más escandalosos que nos ha legado la denominada red de corrupción de Áncash.

Nos referimos al caso de la obra de la carretera Chacas San Luis, un proyecto que nació en medio de las corrompidas movidas de la administración regional de entonces y que se vio manchado de sangre, que esperaba este momento en el que se tenga que castigar a quienes emprendieron la aventura de la corrupción.

Y es que este proyecto de la carretera Chacas San Luis, siendo una obra anhelada y esperada por todos los sectores de la región se vio envuelta en un escándalo para su adjudicación al ser incluida en un paquete millonario que dio lugar a las agrias disputas que determinaron el cambio de rumbo de nuestra región.

Muchos deben recordar que la obligada salida de César Álvarez de la presidencia regional, allá por los primeros días de julio del año 2010, dio lugar a que su remplazante Luis Sánchez Milla no se muestre dispuesto a ejecutar semejante paquete sin que antes se evalúen las condiciones de dichos proyectos.

En ese predicamento encontró el respaldo el ex consejero regional Ezequiel Nolasco y otros que tomaban parte de una minoría que comenzaba a consolidarse como una tibia mayoría, y, de esta manera anularon el acuerdo del paquete de obras valorizadas hasta en 800 millones de soles.

Lo cierto es que en este ínterin es asesinado el ex presidente regional (e) Luis Sánchez Milla en un asalto sumamente dudoso cuando retornaba por Trujillo, y apenas 10 días después se registra el atentado en la vivienda del ex consejero regional en el que lo dejan malherido y dieron muerte a su hijo político, lo que representó un subliminal mensaje de criminalidad hacia una minoría regional que terminó dejando que se aprueben el millonario paquete a favor de la OEI.

Claro, esto forma parte de una historia que tiene que ver con los conciliábulos de la adjudicación de la buena pro de la obra Chacas San Luis, un aspecto que no ha sido revisado o evaluado por la juez del Primer Juzgado Nacional que ha seguido el proceso por las graves irregularidades detectadas pero en la ejecución de la obra.

Ha sido la juez la que, en una exposición brillante, ha desmenuzado cada uno de los cargos que pesan sobre los acusados y, esencialmente, ha deslindado las responsabilidades y los medios probatorios que han sustentado la condena que ha dictado.

Justamente, la capacidad que ha puesto de manifiesto la juez para manejar todos los extremos de esta acusación, nos da margen a pensar que esta condena será ratificada por la instancia superior.

Ello porque la Juez Nayko Coronado Salazar, ha detallado la calidad probatoria que se ha recopilado en este caso y ha dejado sentada su posición que los hechos han sido merituados con las pruebas recopiladas especialmente por la Contraloría General de la república y si se suman aquellas proporcionadas por los colaboradores eficaces entonces estamos ante una condena que difícilmente podrá revertirse.

En este caso se ha demostrado como es que los ex funcionarios regionales han favorecido descaradamente al consocio ejecutor y que ello respondía a la coima de poco más de dos millones y medio de dólares que se pagó a través de personajes estrechamente ligados a César Álvarez y su otrora brazo derecho, Dirsse Valverde Varas.

Justamente, este es el hecho por el que este proceso se ha calificado como uno de los primeros que se sentencian por las correrías de la corrupta empresa Odebrecht en nuestro país y como parte de la investigación  Lavajato, pues cuenta con testimonios de los altos funcionarios de dicho consorcio que corroboraron todo lo que anticiparon los colaboradores eficaces en la Investigación que se llevaba en el caso “La centralita” y que se anexado como medios probatorios al expediente recientemente culminado.

Entonces si la población advierte que se ha condenado a una sarta de bandidos que han traicionado los intereses de Áncash, que se han aprovechado de sus posiciones para beneficiarse con una cuantiosa coima, lo que menos esperaba es que la justicia sancione ese hecho gravísimo con todo el peso de la ley.

Precisamente, una condena de ocho años y tres meses para el ex presidente César Álvarez y su otrora brazo derecho Dirsse Valverde, así como penas menores para otros ex funcionarios involucrados, no se condice con la carga probatoria.

Sin embargo, ha sido la magistrada a cargo de este caso quien se ha encargado de explicar, en el curso de la lectura de los lineamientos de la sentencia, las razones por las cuales se establecía esta penalidad y ella estaba en función a lo que había solicitado el fiscal, esa pena era el máximo que había señalado la requisitoria del representante del Ministerio Público,

Esto nos revela que la juez estaba convencida, como la mayoría de peruanos, que estos actos de corrupción deben ser sancionados con la drasticidad que se merecen y que, de ser el caso, habría impuesto una pena ms severa si el margen legal se lo permitía, pero ha aceptado todo lo que envió el ministerio Público.

Sin embargo, a decir de los abogados es posible que esta pena pueda extenderse, inclusive, hay quienes piensan que la defensa técnica de César Álvarez podría abstenerse de impugnar el fallo cuando éste sea leído integrante en diligencia a realizarse el 25 de este mes, pues de ser así su situación ya no se revisaría en caso otros acusados recurran a la instancia superior pues la Fiscalía no lo hará.

Y es que la praxis jurídica nos dice que cuando la instancia superior recibe un expediente en impugnación de un fallo condenatorio y observa que aquel que impugna es el sentenciado a pesar que existen pruebas fehacientes de su responsabilidad, no solo ratifica la responsabilidad sino que procede a incrementar drásticamente las penas por existir de por medio una osadía por parte de quien es acusado de graves delitos.

Veremos que es lo que pasa más adelante, la condena de César Álvarez era algo de lo que no dudábamos, empero, siempre queda sembrada la incertidumbre por la aplicación de una pena trivial que no responde a la dimensión del daño que se ha causado a nuestra región con esa clase de componendas.

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