La exhortación que hiciera la Sala Penal Nacional de Apelaciones al Instituto Nacional Penitenciario para que se traslade al ex presidente regional César Álvarez Aguilar a un centro penitenciario en el que pueda cumplir con ejercer su defensa, dieron resultados pues el último fin de semana se consiguió el objetivo y se retomó la audiencia con el sentenciado.

Para ello, el INPE dispuso el traslado de Álvarez Aguilar del establecimiento penitenciario de Cochamarca, en la localidad de Pasco, hasta el Penal de Potracancha, ubicado en Huánuco, en donde existe señal clara y suficiente para establecer el contacto vía videoconferencia con el recinto judicial ubicado en Lima.

De esta manera, con el audio y vídeo en toda su expresión, la Sala Penal retomó la audiencia de apelación de la sentencia que se ha expedido en el caso de las irregularidades detectadas en la obra de la carretera Chacas - San Luis, en la cual César Álvarez ha sido condenado a 8 años y tres meses de prisión por el Primer Juzgado Penal Unipersonal Nacional que despacha la Juez Nayko Coronado Salazar.

Justamente, esta audiencia responde al recurso impugnatorio que presentó la defensa técnica de César Álvarez, así como los abogados defensores de otros siete sentenciados que ya cumplieron con rendir sus alegatos y solo estaba pendiente las diligencias con el ex titular de Ancash que no se realizaron debido a que la señal para conectar por videoconferencia con el penal de Pasco es defectuosa.

Por ello es que la semana pasada se ha cumplido con los informes orales del abogado de César Álvarez, quien para esta instancia ha estrenado nuevo letrado, se trata del abogado Humberto Abanto, quien se hiciera conocido por ejercer la defensa del ex ministro fujimorista Jaime Yoshiyama, en el proceso que se sigue a los políticos de la agrupación Fuerza Popular con su lideresa Keiko Fujimori a la cabeza.

El abogado centró su defensa en el cuestionamiento abierto y directo a los colaboradores eficaces, a los testimonios de quienes siendo protagonistas de estos hechos, decidieron acogerse a los beneficios de la ley para conseguir la reducción o remisión de la pena que les pudiera corresponder, salvando su responsabilidad revelando los actos de corrupción que se registraron en la gestión de César Álvarez Aguilar.

Sin embargo, para quienes hemos podido seguir las incidencias de estos alegatos y de la sentencia condenatoria, dictada en junio pasado, es evidente que los argumentos de la defensa resultan sumamente pobres frente a una sustentación cargada de motivaciones, elementos probatorios y una elocuencia impresionante por parte de la juez de la causa.

En aquella ocasión todos escuchamos que la magistrada hizo una exposición lúcida en la cual dividió los cargos en cuatro puntos centrales, el primero de ellos relacionado con el pago adelantado de 80 millones de soles cuando ni siquiera se había suscrito el contrato de obra, la aprobación de 8 pedidos de ampliación de plazo por presencia de lluvias en sectores en donde ya se había terminado o estaban por ejecutarse pero no existía emergencia alguna, en otras palabras solo fue un pretexto para defraudar las arcas regionales por más de 8 millones de soles.

También se descubrió la aprobación de adicionales en tramos en los cuales no se justificaba porque ellos solo responden a situaciones excepcionales, hecho que implicó una defraudación por más de 11 millones de soles, y, finalmente, se sancionó la irregular colocación de un revestimiento especial en el túnel Punta Olímpica, hecho presentado como una proeza de la tecnología cuando realmente no se ejecutó.

Todo ello fue materia de pruebas que dieron lugar a la conclusión de la magistrada al determinar la responsabilidad del ex presidente regional César Álvarez y de sus co encausados, de tal suerte que hasta la fecha no se ha escuchado fundamento alguno que desvirtúen estas conclusiones jurídicas.

Inclusive, no se puede soslayar que estas imputaciones no guardan relación alguna con las originales acusaciones que se hicieron al ex presidente regional y sus co sentenciados y que estaban relacionadas con la escandalosa adjudicación de la obra, un extremo que estuvo impregnado con un contubernio que llevó a los empresarios de Odebrecht a tener que desembolsar una millonaria coima de poco más dos y medio millones de dólares, dinero que fue depositado en una cuenta “off shore” de propiedad de un amigo de Dirsse Valverde Varas, el asesor de Álvarez que fue el encargado de hacer el cobro corrupto de esta millonaria obra.

En este proceso, lo que se ha investigado y sentenciado son las irregularidades registradas durante la ejecución de la misma, maniobras dolosas que llevaron a incrementar el costo de la obra en caso 100 millones de soles más, es este extremo el que ha sido materia de sentencia por que los contubernios de la adjudicación fueron archivados escandalosamente en Huaraz por magistrados que se coludieron en ese entonces con la red de corrupción.

Por ello es que la Sala Penal de Apelaciones deberá evaluar el mérito probatorio de estos hechos, la Juez de la causa los pudo exponer de manera sobresaliente y no se ha escuchado que los abogados defensores los hayan podido desvirtuar.

Queda solo escuchar la declaración personal del ex presidente regional César Álvarez que se deberá efectuar en diligencia a realizarse el día de mañana martes, con lo cual concluirán los actos procesales y la causa quedará expedita para resolver.

Lo importante es que los operadores de justicia han hecho todo lo posible para que no se frustre la audiencia, para que no se afecte el derecho a la defensa del principal inculpado y ello lo consiguieron trasladando al penal de Huánuco a Álvarez Aguilar porque se encuentra muy cerca del recinto penitenciario de Pasco.

Terminada la diligencia el INPE retornó nuevamente al ex presidente regional al penal de Pasco, con ello se cumplió el mandato judicial que no ordenaba el retorno del sentenciado al Penal Piedras Gordas de Lima, solo exigía el traslado a un Penal en donde se pueda establecer la señal de videoconferencia y eso se ha satisfecho.

Es importante que las entidades vinculadas con el quehacer de la administración de justicia realicen los esfuerzos necesarios para que no se perturbe su labor, como en este caso que ya tenemos un juicio encaminado, a solo una audiencia para que se resuelva en instancia definitiva. Esperemos que el día de mañana se complete la diligencia que quedó pendiente y se salve la afectación de los derechos fundamentales de las personas u origine alguna posibilidad de alegar una nulidad.

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