La semana pasada, el ex administrador del Ministerio Público del Santa, Gino Casiano Reyes Roggero, ha sido condenado a 11 años de prisión por el Juzgado Penal Colegiado de la Corte del Santa, luego de concluir con todas las audiencias del juicio oral y de agotar los medios probatorios que plantearon todas las partes.

Este fallo había concitado una enorme expectativa en la medida que se trataba del juzgamiento de un alto funcionario del Ministerio Público que fue descubierto en malos manejos de los presupuestos que se le entregaban para el correcto funcionamiento de las dependencias de la Fiscalía de la localidad.

Culminado el juicio oral, los integrantes del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial pronunciaron los lineamientos de la sentencia, en los que se impone una pena de 8 años por el delito de peculado doloso y 3 años de prisión, por el delito de falsedad ideológica, para Reyes Roggero, quien además deberá pagar una reparación civil ascendente a 205 mil soles.

Los magistrados acogieron los cargos formulados por el representante del Ministerio Público, quien señaló que durante los años 2015 y 2016, el ex administrador Gino Reyes, en complicidad con Fernando Sotelo Valenzuela, quien era el encargado del Fondo para Pagos en Efectivo, a través de servicios fantasma, se apoderaron de casi 345 mil soles, que eran parte del presupuesto asignado al Distrito Fiscal del Santa, para el mantenimiento eléctrico, sanitario, pintado de locales, lavado, laqueado, entre otros.

En otras palabras, a través de lo que comúnmente se denomina como “caja chica”, los ex mandamases el aparato administrativo del Ministerio Público del Santa, promovieron el pago de servicios fantasmas, extendieron ordenes de trabajo y expidieron comprobantes de pago que eran fraudulentos, de tal suerte que se quedaban con los dineros destinados a las mejoras y el mantenimiento que requerían las diversas dependencias de la Fiscalía.

De esta manera llega a su final la primera parte de este juicio que se hizo largo y polémico en la medida que en el camino se escucharon voces y denuncias que advertían que en este “carrousell” detectado en la Fiscalía del santa no estaban siendo juzgadas todas las personas que tomaron parte en ella o formaron parte de esa maquinaria que defraudó los recursos de la entidad.

Seguramente que muchos dirán que se trata de expresiones de personas que tratan de alguna manera de salvar su responsabilidad desde la clandestinidad, refiriéndose inequívocamente al ex cajero Fernando Sotelo Valenzuela, quien se encuentra prófugo de la justicia desde que más de un año cuando se inició esta pesquisa.

Pero lo que no hay que dejar de comentar es el hecho que esta denuncia no nace en Chimbote, menos es promovida en nuestra ciudad, como debería de ser, por el contrario, se gestó en la capital de la república, en el seno de la Fiscalía de la Nación que fue el organismo que ordenó que se hagan las pesquisas y se denuncie a los responsables de un desfalco de casi medio millón de soles.

Los chimbotanos recordamos que hace ya dos años atrás llegó a nuestra ciudad el entonces Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde y cuando muchos pensaban que las máximas cabezas de este organismo comenzaban a interesarse por Chimbote en la medida que era raro que lleguen por estos lares, luego tomaríamos conocimiento que la razón de su presencia era observar el aparato administrativo y traer el informe que se había elaborado a nivel de su despacho con las investigaciones que se realizaron a través de los órganos de control interno que habían detectado un desfalco en las cuentas de la entidad.

Fue entonces que comenzó a movilizarse la fiscalía de turno y el ex administrador como el ex cajero de la entidad virtualmente desaparecieron del escenario, ya no concurrieron y se escondieron porque eran conscientes que se avecinaba una orden de prisión como efectivamente ocurrió.

El ex administrador Gino Reyes fue capturado a los pocos días, pero el ex cajero no ha vuelto a aparecer, por el contrario, desde la clandestinidad puso en tela de juicio el desarrollo de este juicio y dejó entrever que en los pagos irregulares a proveedores no solo estaba involucrado el ex administrador sino que existen otros personajes que ni siquiera habían sido incluidos en la pesquisa.

Estos cuestionamientos coincidieron con los que formuló la defensa del ex administrador que desde un primer momento criticó los alcances de esta investigación en la medida que estaban a cargo del Ministerio Público que era parte en este proceso y, en tal sentido, precisó que existía un conflicto de intereses al constituirse en la Fiscalía en juez y parte de una misma investigación.

Lamentablemente, sus cuestionamientos no fueron tomados en cuenta, el proceso siguió su marcha y tras todas las pesquisas desarrolladas el Colegiado ha llegado a la conclusión que, efectivamente, se han cometido delitos y que en ellos están involucrados los ex funcionarios del aparato administrativo, empero, han absuelto a los proveedores que se prestaron a las jugarretas al entregar sus comprobantes de pago para los efectos que puedan ser utilizados por los acusados.

Hay que tener en cuenta que, aun cuando el ex administrador, que es el principal investigado, ha formulado observaciones en torno a la intervención del Ministerio Público del Santa, no ha sido tan directo como su co encausado que se encuentra en la clandestinidad, Fernando Sotelo, quien ha sostenido que existen otras manos negras que han participado de este “affaire” pero que han quedado en la impunidad en base a las sindicaciones en su contra y del ex administrador.

La sentencia seguramente será impugnada cuando se lea en su integridad, lo que tendremos que esperar es que la Policía Judicial concrete la captura del ex cajero porque de ser así tendrá mucho tiempo para hablar y para señalar “sin pelos ni señales”., quienes son aquellos que forman parte de esa mano negra que dice existen detrás de este desfalco a las arcas de la Fiscalía.

En medio de este incierto escenario, es evidente que la condena dictada por el Colegiado se encuentra dentro de los márgenes de la ley, consecuentemente el castigo amerita pena efectiva, de allí que pensamos que estanos ante un previsible final, una sentencia que se caía de madura.

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