Una luz de esperanza contra la impunidad se encendió en las postrimerías del año que pasó para el emblemático caso del “Coliseo Cerrado”, en el que son juzgados una serie de ex funcionarios “comando” por la escandalosa colusión con empresarios que cobraron a manos llenas y dejaron una obra inconclusa y abandonada.

Esa luz de esperanza es el informe pericial de la obra en cuestión que ha sido remitido en las vísperas de la noche buena por la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional de Lima, el mismo que ha evaluado desde el punto visto técnico el expediente y la ejecución de la controvertida obra regional.

Este peritaje ha sido elaborado por el perito ingeniero civil, coronel Luis Carrasco Vergaray y fue entregado a la Fiscalía Anticorrupción del Santa poco antes de la navidad, por lo que, de manera inmediata el Fiscal Laureano Añanca Chumbe procedió a notificar a las partes con fecha 27 de diciembre para que tomen conocimiento de este importante documento.

No se puede soslayar que este informe pericial sobre la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra “Construcción del Coliseo Cerrado de Chimbote”, constituye uno de los elementos de convicción más importantes en los que se sostiene el Ministerio Público para formular acusación contra los que resulten responsables de haber dejado la obra en completo abandono y es la prueba que estaba esperando ansiosamente el Ministerio Público a costa de los plazos que para el Juez ya se agotaron.

En efectos, en estos momentos, la investigación del Coliseo Cerrado de Chimbote se mantiene en curso, mientras se espera que la Sala Penal de Apelaciones, revise el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público contra la resolución del Juez Eudosio Escalante, que otorgó un plazo máximo de 15 días (el pasado 27 de octubre), para que se emita pronunciamiento sobre si acusa o archiva la investigación.

El plazo de investigación de 36 meses al que aspira la Fiscalía Anticorrupción del Santa culmina en junio del año 2017, pero si la Sala Penal de Apelaciones, rechaza su recurso, tendrá que emitir pronunciamiento con los elementos de convicción que haya podido acumular hasta el pasado 27 de octubre, lo que implica que no podría incluirse este peritaje.

Esto sería sumamente perjudicial para la lucha contra la corrupción en la medida que el peritaje es el instrumento técnico que ilustra al magistrado, de tal suerte que su vigencia es importantísima y por ello es que se estuvo postergando el desarrollo de esta investigación.

Las irregularidades en la adjudicación y ejecución del Coliseo Cerrado de Chimbote, ocasionaron un perjuicio al Estado peruano de 7 millones 651 mil 36 soles, adicionales al pago total de la obra que fue de 23 millones, a pesar que su avance físico no llegó ni al 40%, tal como lo puede apreciar cualquier mortal en el trayecto hacia Nuevo Chimbote en donde se levanta este elefante blanco que le ha costado millones de soles al erario regional.

Precisamente, al respecto, el fiscal de la causa Laureano Añanca ha reconocido que el documento arrojó resultados muy alentadores y favorables para la teoría del caso que persigue el Ministerio Público, esto quiere decir que se corrobora la importancia que tendrá en la tesis acusatoria para ratificar los cargos que se han formulado desde un primer momento y que generaron escándalo en la colectividad.

De allí que la labor que le cabe al Ministerio Público es conseguir que la Sala Penal de Apelaciones considere la ampliación del plazo de investigación de 36 meses que se fijó en el inicio de la pesquisa y cuando estaba al frente otro magistrado del Ministerio Público, quien se acogió a los términos establecidos para los delitos de crimen organizado pero no consideró la necesidad de llevar esta ampliación a una audiencia pública para que cuente con el aval del Juez de la causa, lo que se ha considerado como una infracción que vicia la disposición fiscal y por lo tanto, para el Juez Eudosio Escalante Arroyo esta causa ha quedado con los términos agotados y el Ministerio Público debería pronunciarse con los elementos probatorios que había reunido hasta entonces.

Si bien es cierto la Fiscalía anticorrupción cuenta con el informe de la comisión de auditores de la Contraloría General de la república, el mismo que representa una prueba pre constituida, es necesario que sus requerimientos acusatorios cuenten con el respaldo del peritaje técnico y si ya está en manos del acusador sería realmente necio que no se le conceda los plazos que inicialmente se establecieron de buena fe, con la involuntaria omisión del fiscal de entonces de solicitar una audiencia para consolidarlo.

La Sala penal de Apelaciones tiene una delicada responsabilidad en este tema, al margen de las cuestiones normativas y procesales que determinan la forma y manera como se estipulan los plazos, tiene que considerar que de por medio se encuentra el interés general de una comunidad que está ávida de conocer cómo es que se castigarán a quienes birlaron los recursos públicos con toda clase de triquiñuelas que han sido desnudadas en los documentos emitidos por los peritos.

En tal sentido, los magistrados superiores deben considerar que esta demora no es imputable a las partes, es una natural parsimonia que se observa en la administración pública en general, de allí que si el documento ha llegado y se ha insertado en el expediente sería absurdo que se deje de lado por la pesadez de una entidad policial.

En este proceso son investigados los exgerentes de la Sub Región El Pacífico Pamela Bermúdez Rodríguez y Juan Carlos Gallo Zegarra; una decena de ex funcionarios del gobierno regional en la época de la red de corrupción y los empresarios que se habrían coludido con aquellos para lucrarse con los recursos públicos de la entidad, en su momento representó uno de los más grandes escándalos registrados en la gestión del hoy encarcelado ex presidente regional César Álvarez Aguilar y muchos deben recordar la manera como se aprobaron adicionales y se repartía millones a manos llenas en una obra que fue cuestionada desde su licitación en la medida que se levantaba sobre terrenos que no habían sido sometidos a una prueba para verificar que estén en capacidad de sostener tribunas cargadas de miles de espectadores. Todo ello se encuentra en el peritaje policial que es una prueba elemental que la sala penal no debe permitir que pierda efectividad. Confiamos que así lo declarará.

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