Las enormes colas de vehículos de transporte público y de trafico particular en los grifos de nuestra ciudad no dejaron de llamar la atención hace solo unos años atrás, cuando los gremios denunciaban concertación de precios entre los grifos que abastecen GLP en nuestra ciudad y los organismos dedicados a la defensa del consumidor no intervenían con la diligencia que requerían las circunstancias.

Fueron días tensos en la medida que el transporte público estaba mediatizado, los choferes alegaban que no les quedaba otra salida que incrementar el precio de los pasajes porque la falta de combustible obligaba a la especulación, los problemas y enfrentamientos entre usuarios y choferes era constante.

Empero, lo que no dejaba de llamar la atención en medio de este tinglado era el hecho que no existía otra ciudad en la que se registraran inconvenientes de esta naturaleza, por el contrario, en ciudades próximas como Trujillo el combustible siempre se adquiere a precios por debajo de lo que ofrecen los abastecedores de Chimbote.

Justamente, fue esta la piedra de toque en este desaguisado, los empresarios del ramo, congregados en una asociación de Griferos de la provincia del santa, alegaron por aquel entonces que los fuertes oleajes habían impedido que el buque que llega a abastecer a la proveedora Petro Perú en Chimbote no había podido hacerlo y por ello el suministro de gas licuado de petróleo, como se le conoce al gas que utilizan los vehículos, estaba restringido, argumento principal para el inicio de una vergonzosa especulación impune en la ciudad.

No hubo una sola autoridad que ponga coto a esta situación. Los organismos de defensa al consumidor alegaban que no podían intervenir porque no existe control de precios y frente a una denuncia de los transportistas por concertación de precios elevaron los antecedentes a la Comisión de defensa de la libre competencia del INDECOPI, dependencia que inició un proceso de investigación.

Luego de tres años de pesquisas, esta comisión acaba de emitir su decisión señalando que ha quedado plenamente establecido y demostrado que hubo una concertación de precios entre 16 grifos de nuestra localidad, muchos de ellos afiliados a la Asociación de grifos y por cuyos hechos ha llegado a la conclusión que los empresarios responsables de estos hechos habían creado un “cartel económico” con la finalidad de monopolizar el precio del combustible y beneficiarse con una sobreganancia del orden del 15% del valor real del GLP.

Por ello es que la comisión de la libre competencia de INDECOPI ha sancionado a estos 16 grifos con multas que suman hasta 12 millones de nuevos soles, pues el nivel de infracción es tal que de acuerdo a las tasas establecidas alcanzan a más de dos mil unidades impositivas tributarias.

Cierto es que se trata de una sanción drástica y es que ello obedece al hecho que las diligencias realizadas por los inspectores de INDECPOPI, tales como visitas sorpresivas e inopinadas, evaluación de registro electrónico de ventas y verificacin de más de 200 mil correos electrónicos, les permitieron establecer que los malos empresarios habían incurrido en prácticas anticompetitivas.

El INDECOPI sustenta que ha existido un acuerdo secreto de precios, como que en uno de los correos legalmente intervenidos han hallado un mensaje como este “Reunión esta noche: punto de agenda, establecer precio de GLP a 1.86”, lo cual es abiertamente ilegal es realmente un fraude a las expectativas de los consumidores que esperan de un servicio la natural competencia de precios que redunde en el menor costo a su favor y no exactamente todo lo contrario.

“El cártel económico sancionado operó de manera secreta entre el 2012 y el 2014, por medio de coordinaciones efectuadas entre funcionarios y empleados de estaciones de servicio competidoras y miembros de la Asociación de Estaciones de Servicios Ancash Costa para determinar el precio que cobrarían, en soles, por el litro de GLP vehicular. El cártel impuso a sus clientes un incremento de precios (sobreprecio) promedio de 15,03% para el litro de GLP vehicular. Este sobreprecio impuesto a los principales clientes del producto (taxistas) representa una directa afectación a la competencia en el mercado de GLP vehicular en Chimbote” señala el contundente informe de INDECOPI.

Y es que en un mercado libre no pueden haber acuerdos bajo la mesa, justamente esa es la esencia de esta política que elimina por completo los controles de precios, no permite que ningún organismo público o privado pueda intervenir en la fijación de los precios en la medida que lo que se busca es que ellos se determinen de acuerdo a la política más natural de un mercado como es la ley de la oferta y la demanda.

Esto que lo conocen hasta los alumnos de nivel primario es lo que sostiene la actividad comercial por ello es que se eliminan los controles de precios porque cuando ellos existen se genera mayor especulación y el usuario termina siendo el más perjudicado.

Cierto es que esta política tiene sus bemoles, muchas veces puede ser mal utilizada por algunos empresarios, empero, cuando son muchos y ellos se ponen de acuerdo para establecer una tarifa que está por encima de lo que debería ser, entonces allí se impone la presencia de un organismo como el INDECOPI que no puede permitir que se lesione la libertad del mercado y se lucren a costa del bolsillo del consumidor.

Si una instancia como la comisión de la libre competencia del INDECOPI ha llegado a recopilar pruebas que demuestran una práctica anticompetitiva de un grupo de empresarios de Chimbote y nuevo Chimbote es porque realmente se ha lesionado la buena fe comercial de los porteños y ello amerita una fuerte sanción, más aun cuando esto ha ocurrido a vista y paciencia de todos, en otras palabras esto no es un hecho que ha sido ajeno al conocimiento de la gente, por el contrario, ha sido de dominio público y no ha existido nadie que no lo haya advertido.

Por ello es que la sanción del INDECOPI ha sido bien recibida en muchos sectores especialmente entre los transportistas de servicio público, alguno de los cuales ya se avisparon y quieren sacar provecho de la desgracia del empresariado del rubro y pretenden una devolución o indemnización por este hecho. Hay que tener en cuenta que aún existe una segunda instancia en la que se debe evaluar, por lo pronto, a la luz de lo que ocurrió en nuestro puerto, es evidente que estamos ante una sanción ejemplar.

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