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Política

CORONGO

Lo que ha sucedido en la vecina provincia de Corongo, en donde un Juzgado de Paz ha sido destruido y sus expedientes quemados en la vía pública por acción de una descontrolada turba de comuneros, no debe quedar impune. Se pretende hacer tabla rasa del principio de autoridad en mérito de una disconformidad de la comunidad campesina de Huallcallanca, jurisdicción de la vecina provincia de Corongo, que perdió un juicio de tierras con otra comunidad y por esto los comuneros reaccionaron de manera irracional. Lo curioso es que este juicio concluyó el año 2017 y los demandantes demoraron dos años para ejecutar la sentencia y cuando lo hicieron, hace solo unos días, los afectados reaccionaron de manera brutal. Arremetieron muy temprano en el Juzgado, sacaron a los trabajadores y el juez que se hallaba en su despacho y procedieron a destruir las computadoras, los vidrios, los escritorios y todo el mobiliario. Empero, no contentos con ello sacaron los expedientes en trámite que se hallaban en los anaqueles y los arrojaron a la vía pública en donde les prendieron fuego. Si la memoria no nos traiciona, el año pasado ocurrió un hecho de las mismas características en la provincia de Sihuas, en donde una turba de 300 ronderos invadió la sede de todos a los Juzgados de esa localidad y arremetieron contra los bienes y expedientes que fueron quemados en la vía pública. Tal parece que en esa oportunidad las autoridades no actuaron con la energía que amerita estos hechos repudiables, no sancionaron con la cárcel a los culpables pues no se pueden amparar en una supuesta ignorancia para tolerar hechos de esta naturaleza. El Presidente de la Corte del Santa ha señalado que no permitirán esta clase de actitudes dolosas e intolerantes y denunciarán penalmente a los responsables, empero, eso no basta, hay que demandar que los cabecillas de esta asonada sean encerrados y que los demás comuneros entiendan que actuar de esta manera los puede llevar al encierro. Si no se hace nada, mañana o más tarde volverán y se meterán a la misma oficina del Presidente de la Corte y pretenderán destruirla. Esto no se puede permitir.

APELACION

La Sala Penal de Apelaciones debe dilucidar el día de hoy lunes la suerte del ex presidente regional César Álvarez Aguilar al revisar su recurso de apelación contra la sentencia que le impuso la Juez Nayko Coronado Salazar en el caso de la carretera Chacas San Luis. Lo que se tiene que precisar es que este proceso penal está relacionado con las graves irregularidades que se denunciaron en la ejecución de la millonaria obra adjudicada a un consorcio de la empresa brasileña Odebrecht. Estas graves irregularidades descubren una escandalosa colusión del ex presidente regional y sus principales funcionarios con la empresa ejecutora, las cuales fueron meridianamente explicadas por la juez cuando dictó sus lineamientos de sentencia. La sentencia es un himno a la eficiencia jurisdiccional, fue tan clara y contundente la magistrada que a nadie le quedó duda que esta debería ser confirmada en la instancia superior, justamente, la audiencia de hoy lunes se encargará de revisar este fallo. Lo que no se puede dejar de soslayar es que esta obra tuvo una escandalosa coima en su adjudicación, la misma que ha quedado plenamente probada con los depósitos hallados en cuentas de una off shore en Japón, y que han sido reveladas en las planillas de la División de operaciones estructuradas de la empresa brasileña, sin embargo, este extremo de la coima fue archivado por una Sala Penal de Huaraz. Bueno a la luz de los documentos y las pruebas que ahora existen nos imaginamos que se denunciará a esos magistrados que se hicieron de la vista gorda y ya todos sabemos porqué.

VENECOS

Con la reclusión del venezolano que asaltó a una pareja de trabajadores de un grifo de Casma, ya deben ser más de medio centenar de jóvenes de esa nacionalidad que han sido internados en el penal de Cambio Puente como consecuencia de su participación en actos delictivos solo en nuestra ciudad. Ahora bien, después de ver y escuchar la escabrosa secuela del asesinato y descuartizamiento de dos jóvenes en la capital de la república por parte de una mafia de venezolanos que trafica con drogas, creemos que ya es momento que se evalúe la necesidad de cerrar las fronteras a estos ciudadanos y la necesidad de comenzar a deportarlos. Con el dolor de nuestro corazón tenemos que llegar a esta conclusión porque, lamentablemente, la gran mayoría que ha llegado a trabajar y labrarse un nuevo horizonte se ve afectada por la pésima imagen que están dejando los delincuentes llaneros que han invadido nuestro país. No cabe otra salida.