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CONFUSION

En los últimos días se ha informado que la Superintendencia de Bienes Nacionales, organismo estatal, ha ordenado el desalojo de las viviendas que se han levantado en las 217 hectáreas del proyecto Chinecas y que están agrupadas en 12 asentamientos humanos que reclaman un lote donde vivir. Nos imaginamos que la noticia ha sido distorsionada por la ignorancia de elementos que no conocen las normas y atribuciones de las entidades públicas, pues de primera intención se sabe que la SBN no puede disponer el desalojo de nadie porque no tiene competencia para ello, es una organismos técnico y administrativo, quien dispone el desalojo de alguien que está usurpando lo que no le corresponde es un Juez. De allí que extraña que la alcaldesa provincial Victoria Espinoza García, quien en documentos que firma menciona que es abogada, haya pretendido el último domingo soplarle la pluma del delicado problema de las invasiones en el cono sur a su co-partidario Luis Gamarra Alor, señalándolo como el responsable de un desalojo. “Será el gobernador quien está obligado a dar explicaciones de las razones por las que no cumplió con acatar el pedido de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales”. Ha señalado textualmente la burgomaestre. Y, es que una abogada también debe saber que el Gobernador tampoco es el llamado a disponer un desalojo de una propiedad y menos aún puede decir que no ha acatado el pedido de la Superintendencia de Bienes nacionales. Lo que se tiene que entender es que aquí lo que existe, malo o bueno, es un acuerdo del consejo regional de Ancash que ha aprobado la transferencia de las 217 hectáreas y de muchas otras a favor de la Superintendencia de Bienes Nacionales a efectos que se inicie el proceso de cambio de uso y se destinen a usos de viviendas. Lo que procede en este caso es que se discuta este documento en el seno del consejo regional, allí se deberá debatir el contenido y los argumentos que tiene la Superintendencia de Bienes Nacionales para sostener que esos pobladores deberían ser desalojados y tomar una nueva posición. Solo sobre esa base se deben luego adoptar medidas legales, antes todo lo que digan sencillamente se lo llevará el viento.

CONTRADICCION

Y decimos que este documento deberá ser sometido a debate en la medida que, según se afirma, ampara su solicitud para que se recuperen los terrenos en la ley 300230 que ha establecido la intangibilidad de estos terrenos por hallarse destinado al uso agrícola. Sin embargo, la ley no ampara la discriminación y si es que la Superintendencia de Bienes Nacionales está solicitando la recuperación de las 217 hectáreas por ser ilegales, debería hacer lo mismo con las 308 hectáreas en donde se encuentran los denominados “pueblos Unidos” que ocupan también terrenos intangibles del proyecto especial Chinecas. No se puede decir que unos terrenos tienen una condición distinta a la otra porque pertenecen a la misma demarcación geográfica. Lo que está haciendo la SBN es discriminar y muchos recordarán que uno de los factores por los cuales las 308 hectáreas que fueron invasiones promovidas por César Álvarez, no pudo ser reconocida luego que el Consejo Regional de la época de la red de corrupción lo aprobara, fue precisamente la famosa intangibilidad de los terrenos. Lo que sucede es que tras el cambio de gobierno algo extraño sucedió que ya para la SBN estas 308 hectáreas no tenían la condición de intangibles porque se autorizó su transferencia. Esto está mal, si se reconoce a unos deben hacerlo con los demás, estamos seguros que los marginados reclamarán.

EQUILIBRIO

El reciente accidente registrado en el interior de un Circo que funciona en la esquina de la avenida Pacífico con el jirón Samanco, en la urbanización Buenos Aires, debe servir como llamado de atención para las autoridades ediles porque ha quedado demostrado que, en efecto, no realizan trabajo alguno de fiscalización. Está bien que los promotores acrediten sus documentos y gestionen la debida autorización de la comuna distrital porque cuenta con artistas debidamente experimentados, sin embargo, la labor de la autoridad no debe quedar únicamente en la recepción de documentos o en la verificación de la carpa y las condiciones de seguridad interna y externa para un evento que suele congregar público, también se debe verificar que los números se presenten en medio de garantías. No es posible que los trapecistas hagan sus maniobras sin que exista una malla de protección, es solo equivale a retar al peligro y exponer la vida y la integridad de los jóvenes artistas. Aquí han fallado varios, esperemos que la joven conmocionada se recupere.

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