De los once exfuncionarios de la Sub Región El Pacífico investigados por colusión por las irregularidades cometidas en la adjudicación y ejecución de la obra “Proyecto Implementación del Nuevo Código Procesal Penal” (construcción del edificio judicial en Nuevo Chimbote), apenas dos acudieron a declarar, sin embargo, en el mismo acto solicitaron que se reprograme su diligencia porque recién tomaban conocimiento de los hechos.
Esta conducta evidentemente dilatoria del proceso de investigación, ha sido advertida por los Fiscales Risel Chicle Flores e Ysabel Rodas Mendoza, a cargo del denominado caso “Consorcio Jurídico”, quienes ha vuelto a convocar a los investigados, pero esta vez bajo responsabilidad de ser conducidos de grado o fuerza.
Los únicos que acudieron a declarar el último 3 de febrero fueron Giovanni Alfonso Montoya Siles y Elpidio Edgardo Palomino Bojorquez, exsubgerente de infraestructura y ex tesorero, respectivamente, de la Sub Región El Pacífico, quienes acudieron con su abogado Héctor Hugo Alberto Figueroa, pero se excusaron de declarar porque recién tenían conocimiento de los hechos que se les imputa.
Por esa razón, en el mismo acto, el Fiscal Risel Chicle Flores, reprogramó las diligencias y los citó para el lunes 14 de marzo. A las 9.30 de la mañana acudirá Alpidio Palomino Bojorquez y a las 2.30 p.m, Giovanni Montoya Siles.
El resto de investigados, Willar Augusto Cerna Altamirano, Juan Carlos Gallo Zegarra, Luis Alberto Ponce Díaz, Pepe Wilmer Jara Delgado, Milton Carlos Meléndez Luján, Ney Frank Córdova Salinas, Alex Janio Alegre Colonia y los consultores Mauro Antonio Ñañez Romero y Walter Alfredo Botello Alva, ignoraron la notificación de la Fiscalía.
En esta investigación también serán convocados los peritos Carlos Roberto Tarazona Jiménez y Alan Glen Barrenechea de la Cruz, funcionarios de la oficina de control interno del gobierno regional de Ancash quienes elaboraron el informe especial Nº 003- 2014, que detectó una serie de irregularidades en la adjudicación y ejecución de este proyecto.
Este informe detectó que la Sub Región El Pacífico pagó al contratista Consorcio Jurídico la suma de 1 millón 322 mil 91 soles por partidas no ejecutadas como la instalación de mobiliario, equipamiento y licencia de software. Además, a pesar que se estableció una deuda por pagar a dicho Consorcio de 188 mil 328 soles, los exfuncionarios de la Sub región El Pacífico autorizaron, sin fundamentos ni justificación técnica ni legal, el pago de 588 mil 727 soles, que excede en 400 mil 398 soles el monto restante de la deuda con Consorcio Jurídico.
Otras de las irregularidades detectadas fueron los pagos a los consultores Mauro Antonio Ñañez Romero y Walter Alfredo Botello Alva, por las sumas de 106 mil y 63 mil soles, respectivamente, por supuestamente brindar servicios de consultorías de evaluación y verificación de metrados, presupuesto y análisis de costos unitarios, impacto ambiental, suelos, diseño estructural del proyecto, cuando en la práctica no habrían cumplido con dichos trabajos.