Editorial

Editorial: :::: FALLIDO PROCEDIMIENTO ::::

Ingresamos a la última semana previa a los comicios generales y en Ancash no sabemos si tenemos 41 candidatos al congreso de la república o solo 33, púes se encuentran pendientes de pronunciamiento 8 casos de exclusión que, increíblemente, mantienen en la incertidumbre a los postulantes y sus potenciales seguidores.

Esta absurda en insólita situación en materia electoral se produce como consecuencia de las modificaciones en la ley electoral en las cuales se ha incorporado, al margen de la tacha, una figura que permite sacar a un candidato de la carrera electoral por causales que precisa la misma norma.

Tradicionalmente, como lo conocemos quienes sufragamos desde hace tres décadas atrás los partidos políticos o movimientos independientes presentaban sus listas de candidatos y ellas eran o no habilitadas, luego en caso que queden expeditas en la calificación documentaria se sometían a un periodo de tacha, en los cuales cualquier ciudadano podía ejercer su derecho a impugnar a un candidato, empero, con lo que resolvía la autoridad en última instancia se habilitaba o no al postulante.

De esta manera, existían por lo menos dos meses en los cuales ese candidato podía llevar adelante sin sobresaltos su campaña electoral, sus jornadas proselitistas, reparto de volantes, colocación de afiches, pancartas, pintas, participación en talleres, debates y entrevistas, así como caravanas, mítines de cierre de campaña, en fin todo lo que considere necesario como para llegar a los electores y dar a conocer que estaba tentando un cargo público y persuadirlos a que marquen por su símbolo y número.

Sin embargo, este sistema, aun cuando se mantiene, ha sufrido algunas modificaciones y una de ellas es la famosa “exclusión”, que es una alternativa que se promueve de oficio o por parte de cualquier ciudadano cuando toma conocimiento que el candidato ha faltado a la verdad, cuando se advierte que ha colocado información falsa o cuando ha omitido algunos hechos por situaciones que deberían conocerse, especialmente aquellas que están relacionadas con la existencia de sentencias que pueden hasta inhabilitarlo.

Justamente, este caso de las sentencias que se ocultan en la hoja de vida es lo que ha llevado a los legisladores a incorporar esta figura de la “exclusión”, por la cual se procede a retirar de la parrilla electoral a quienes se encuentran condenados o han falseado algun título, cargo o condición.

El caso más conocido de esta materia es el que conocemos todos en Ancash y que se ventiló en las pasadas elecciones regionales y municipales del año 2014, cuando los organismos electorales no solo no advirtieron sino que se negaron a revisar una sentencia que pesaba contra el hoy gobernador regional Waldo Ríos Salcedo, quien había sido condenado el año 2009 y cuando presentó su candidatura y postuló se encontraba inhabilitado por mandato de esa sentencia.

Por ello es que en medio del proceso electoral, cuando había conseguido el porcentaje necesario para pasar a segunda vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones se vio precisado a revisar este caso al presentarse una observación por parte de la Corte Suprema de la República, instancia que se había pronunciado por un pedido del propio Waldo Ríos y señalaba que no estaba rehabilitado en razón que no había cumplido con el pago de la reparación civil que alcanzaba al millón de soles.

Esta ejecutoria suprema llevó al organismo electoral a pronunciarse y llegar a la conclusión que habiendo tomado parte en la primera vuelta se había convalidado su participación en los comicios pero advertía que si en caso ganara en la segunda vuelta no podría juramentar el cargo hasta que la justicia lo rehabilite.

Esto es lo que sucedió, Ancash tuvo un gobernador regional que estaba inhabilitado y debió remplazarlo un improvisado por espacio de cinco meses, solo porque las autoridades electorales no fueron lo suficientemente capaces de advertir a tiempo que el candidato estaba realmente inhabilitado para postular.

Sin embargo, si bien esta figura calza perfectamente para justificar que se implementen nuevas herramientas como la exclusión, se hace imperativo que se revise la norma por lo menos para que se determinen plazos en los que se califiquen las candidaturas a efectos que no se perturbe la campaña electoral y menos aún se deje en incertidumbre al electorado que seguramente conocerá de la situación de los candidatos dos o tres días antes de los comicios.

No es posible, por ejemplo, que los fiscalizadores presenten pedidos de exclusión de los candidatos la última semana de Marzo cuando tuvieron en sus manos las hojas de vida de los candidatos en la primera semana de Febrero, lo que quiere decir que se toman más de mes y medio para poder cruzar información y establecer que aquellos no han honrado una información veraz cuando pueden hacerlo en solo 15 días.

Esto es lo que ha dado lugar a que en Ancash tengamos hasta ocho candidatos que han sido retirados y que han planteado una apelación para que el JNE revise sus casos en última instancia, lo que toma su tiempo en la medida que se deben cumplir trámites que señala la ley de la materia.

De la misma manera, se debe exigir que las observaciones de los fiscalizadores tengan sustento y fundamento, por ejemplo, el congresista Modesto Julca ha señalado que los vehículos que dicen no ha declarado son dos autos antiguos que ya no se encuentren en su poder, que han sido transferidos y seguramente se han siniestrado, de allí que las causales deben ser ciertas y verídicas.

Lamentablemente, la estabilidad de las candidaturas se han visto mermadas debido a estas figuras que se han formalizado en la hora undécima, cuando el proceso electoral ingresó a su fase final y ello debe corregirse para los futuros comicios. Es evidente que este proceso de exclusión es un mecanismo necesario a efectos de verificar la información proporcionada por el candidato en su hoja de vida, empero, se trata de un procedimiento fallido al no ejercerse con la anticipación y la antelación que se requiere para los efectos que cualquier revisión o impugnación se deslinde por lo menos un mes antes de los comicios. Esperemos que todo ello se tenga en cuenta.