AVEZADAS
Ha llamado poderosamente la atención el reciente traslado de las ex regidoras de la municipalidad distrital de Samanco desde el Penal de Cambio Puente al presidio anexo de Chorrillos, en la capital de la república. Aun cuando una “lanchada” es algo normal en la gestión penitenciaria, no se pueden soslayar las declaraciones formuladas por el director del Penal Juan Carlos Acosta Pintado a los medios de comunicación, al señalar que este traslado se ha efectuado por el alto nivel de peligrosidad de estas dos mujeres lo que ha obligado al Instituto Nacional Penitenciario a trasladarlas al Penal de régimen cerrado especial Anexo Chorrillos. “El delito, el haber actuado en banda y por ser considerado un caso mediático, son los principales motivos que obligaron a tomar esta decisión”, fue lo que dijo el funcionario el INPE. Sin embargo, aun cuando estamos hablando de un hecho execrable y repudiado en todos los sectores de la ciudad, hasta donde teníamos conocimiento la participación de las concejales y la ex alcaldesa Fanny Mallqui aún estaba en proceso de verificación y es por ello que el Juez no les dictó los 18 meses de prisión que ha recaído sobre otros procesados como el ex alcalde Jaime Casana, sino que les dictó solo 7 meses de prisión preventiva que vencerá el mes de Junio. Lo que extraña es que no se haya procedido de la misma manera con la ex regidora Noemí Rubina quien, si la memoria no nos traiciona, es la única que se ha quedado en Cambio Puente pues sus ex colegas Carlos Bedón y Jonathan Solís fueron llevados a “Piedras Gordas”.
CARGOS
La reciente acusación formulada por la fiscalía anticorrupción en el caso de la construcción de las pistas y veredas en el casco urbano era inevitable. En la obra se detectaron tales irregularidades que no podían pasarse por alto, solo pusieron de manifiesto lo que se dijo en todos los medios de comunicación, es decir, que la obra está sobrevalorada y por ello es que ahora el fiscal está solicitando penas que van de los 6 a 8 años contra los presuntos responsables. Lo esencial en este caso es que fue una de las pocas obras en la que se permitió, por presión de la prensa, que intervenga el Colegio de Ingenieros por intermedio de sus peritos profesionales para que evalúen los trabajos y verifiquen la calidad de la misma, el cual fue lapidario para los intereses de la comuna en la medida que se concluyó en que la obra debería demolerse. Como para dorar la píldora los responsables de la ejecución destruyeron algunos tramos de las veredas para rehabilitar aquello que el gremio profesional señaló que estaba deficiente. Empero, ese solo hecho pone de manifiesto un acto de reconocimiento por parte de los responsables de la obra, ahora tendrán que demostrar que esas deficiencias no fueron parte de un contubernio, y, la verdad es que eso también está difícil.
LIBERADOS
La decisión del juez Eudocio Escalante Arroyo, al disponer la liberación de dos ex serenos que fueron detenidos y se mantuvieron en esa condición por espacio de tres días, debería emitirse añadida de alguna medida que sancione la irresponsabilidad de la Policía y la Fiscalía o de un falso agraviado que formularon una grave acusación sin fundamento alguno. Decimos ello porque desde un día antes los propios familiares buscaron a los periodistas para darles a conocer los entretelones de este caso en el que se detuvo a dos personas en el puesto de un comerciante del mercado Buenos Aires supuestamente cobrando una extorsión. Desde la noticia misma nos llamó la atención que personas que se dedican a la extorsión vayan a un negocio a cobrar un cupo cuando esta gente lo que hace es citar a los extorsionados en un determinado lugar, es absurdo que vayan a la casa o negocio del agraviado. De allí que la versión de los familiares en el sentido que lo que estaban cobrando los detenidos era una deuda, encajaba perfectamente a los hechos, no hay que ser un avisado para entender que existió una acusación exagerada o maliciosa para inculpar a dos personas por un delito que no cometieron, empero, lo más graves es que siendo todo esto evidente en la propia Comisaría de Buenos Aires, hasta donde trasladaron a los intervenidos, los policías siguieron con esta absurda incriminación y metieron en el cuento al Fiscal que llegó al extremo de presentar un pedido de prisión cuando no tenía en manos una sola prueba. Está bien que los Policías demuestren celo en una investigación pero si son conscientes que en un caso no hay pruebas deben determinarlo así con el fiscal, salvo que exista otra motivación de por medio.Â