La Jefa de la Oficina Nacional de Control de la Magistratura (OCMA), la juez supremo Ana María Aranda Rodríguez, ha dispuesto que se inicie proceso disciplinario contra diez magistrados de la Corte Superior de Justicia del Santa que el año 2012 se vieron favorecidos con los gastos de un viaje que realizaron a los Estados Unidos para una capacitación que se financió con recursos aportados por el gobierno regional de Áncash, por entonces dirigido por César Álvarez Aguilar, quien ya era sumamente cuestionado e investigado por el mismo Poder Judicial.
La orden a la titular de la OCMA guarda relación con el escándalo desatado hace ya dos años atrás, cuando se descubrieron los documentos que demostraban que el gobierno regional de Ancash, cuyo titular estaba siendo investigado por los magistrados de la Corte del Santa, había echado manos a los recursos del erario regional para financiar viajes de capacitación de quienes deberían juzgarlo.
Se trataba del curso denominado Técnicas Avanzadas del Contra Interrogatorio en San Diego- California (Estados Unidos), dentro del marco del convenio interinstitucional firmado entre el presidente del Poder Judicial, el juez supremo Javier Villa Stein y el entonces presidente del gobierno regional de Ancash, César Álvarez Aguilar.
En esta oportunidad la Jefa de la OCMA considera indispensable que se investigue a los magistrados que hayan conocido y tramitado procesos judiciales del ex presidente regional de Ancash y/o sus allegados con posterioridad al curso, “sin tener en cuenta que dicho funcionario se encontraba cuestionado en las actuaciones que venía ejerciendo, no apartándose ni inhibiéndose del conocimiento o participación de estos de acuerdo a los mecanismos procesales” según señala la resolución.
Este caso fue bastante sonado en su momento, se dijo por entonces que el gobierno regional había desembolsado 9 mil 480 dólares y que para maquillar la operación ese monto fue incluido en el proyecto de inversión “Implementación del Nuevo Código Procesal Penal con sede en el Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa”.
Lo que llamaba la atención es que esta denuncia se hizo el año 2013 y desde entonces no se conocía la suerte de las pesquisas realizadas al respecto, hasta que al dictarse esta resolución ha sido el Presidente de la Corte del Santa, Dr. Williams Vizcarra quien ha aclarado el trámite que ha seguido la denuncia, la misma que había sido archivada por la misma OCMA el año 2014, empero, en vía de impugnación el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto que se lleve a cabo el proceso administrativo disciplinario al advertir que existen razones y motivos fundados para deslindar alguna responsabilidad entre los involucrados.
Este fundamento está dado en el hecho que existen algunos magistrados que después de haber viajado con gastos pagados por el gobierno regional de Ancash se avocaron en procesos penales en los que el investigado era el ex presidente regional César Álvarez Aguilar o funcionarios de su entorno, hecho que se asume como indebido en la medida que pudieron inhibirse por decoro al haber sido objeto de un beneficio por parte de la institución.
Justamente, esto último es uno de los argumentos que esgrimieron los magistrados, comenzando por el Juez Supremo Javier Villa Stein que se negó a concurrir a la comisión Áncash del Congreso de la República que investigaba estos hechos, señalando que los gastos realizados por el gobierno regional se encuadran en el marco de un convenio institucional, por lo tanto los magistrados no podrían estar comprometidos en una relación con una parte investigada y menos podría existir un fundamento para que se aparten de los procesos.
Sin embargo, aun cuando esto es totalmente cierto, lo que no se llega a entender es que si hay un convenio que se supone coloca la vinculación de los llamados “jueces viajeros” en un marco netamente institucional, por qué se apela a un manejo subrepticio de los recursos utilizados para ese cometido.
Se ha establecido que el dinero utilizado para cancelar los boletos de viaje adquiridos a través de una agencia de viajes del distrito de Breña, en Lima, salieron de los presupuestos asignados a la ejecución de la obra del módulo para el nuevo Código Procesal Penal que se ejecutaba desde entonces en el distrito de Nuevo Chimbote y que hasta la fecha no se ha terminado por representar una de la obras paralizadas de la época de la denominada red criminal.
Si todo estaba encuadrado en un convenio entre dos instituciones no se tenía que haber derivado los fondos a través de una obra pública, por el contrario, de debieron generar los documentos por la gerencia del gobierno regional y los comprobantes de pago debidamente relacionados con la cancelación de los pasajes.
Ese hecho puso en tela de juicio el manejo que se ha otorgado a este convenio y contribuyó a ello el hecho que el titular del Poder Judicial, por entonces, se negó a concurrir a una comisión del Congreso en donde tendría la oportunidad de aclarar este tema y deslindar, de una buena vez, las responsabilidades que se dice existen de por medio.
Por ello es que ahora el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha demandado que se realice un proceso administrativo disciplinario a efectos que se determine qué magistrados se avocaron a causas penales en la que estaban involucrados los funcionarios del gobierno regional y será necesario establecer que clase de resoluciones emitieron cada uno de ellos en los casos específicos.
Se sabe que en la lista hay jueces que han sido implacables en la lucha contra la corrupción y no dieron un centímetro de ventaja a la llamada red de corrupción y que por ello se ganaron sendas quejas y denuncias, de allí que entendemos que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial busca “separar la paja del trigo”, quiere establecer si es que existieron realmente algunos magistrados que se prestaron al juego en base a los beneficios que les otorgó el ex presidente regional bajo un ropaje de convenio institucional que, finalmente, no se canalizó como tal. Esta es una pesquisa necesaria y esperemos que cuando culmine se informe a la ciudadanía como corresponde.