Hace algún tiempo la Presidenta de la Junta de Fiscales del distrito fiscal del Santa, Dra. Nancy Moreno Rivera, advertía la necesidad que la Fiscalía de la Nación apruebe el pedido que habían formulado para que algunas fiscalías que carecen de carga procesal se conviertan en fiscalías anticorrupción a efectos de atender el elevado número de carpetas que se tiene pendiente en estas dependencias.
Y es que no le falta razón, la semana pasada algunos abogados advirtieron que las Fiscalías anticorrupción están acumulando una serie de carpetas que no observan mayor avance, lo cual contrasta con los principios de celeridad que determina la nueva norma procesal con la cual ya se trabaja hace más de tres años en nuestro distrito judicial.
Lo que llamó la atención es que aquellos que han advertido esta situación estiman que no solo una sobrecarga procesal es lo que conspira con el avance de las investigaciones, por el contrario, existirían otras motivaciones como la necesidad de implementar más peritos que les hagan llegar informes que se requiere en esta clase de procesos o sencillamente habría lenidad por parte de algunos magistrados que estarían dejando pasar los plazos de manera ex profesa en los expedientes.
Esto último debe merecer una especial atención en la medida que no se trata de unos cuantos expedientes que tienen marcado retraso en las investigaciones que se realizan a nivel de las fiscalías anticorrupción, hay una estadística que indica que son más de 70 carpetas las que se encuentran con plazos vencidos, en otras palabras, son pesquisas que ya deberían haberse tramitado ante la instancia correspondiente, como disposiciones fiscales que demanden un requerimiento acusatorio u otras que soliciten sobreseimientos o nuevos plazos para continuar las pesquisas.
Esto es realmente preocupante porque el Ministerio Público, de acuerdo a la ley y la Constitución Política del Estado, es el titular de la acción penal, es el organismo que tiene el monopolio de la facultad incriminatoria ante las denuncias de la comisión de los delitos, por lo tanto, debería estar en primera fila cuando se trata de respetar el debido proceso, los plazos de la ley y el principio de legalidad.
Lo más grave y delicado es que cuando no se respetan los plazos la consecuencia legal podría ser perjudicial para los intereses de la sociedad y favorece a quienes son depositarios de las acusaciones de delitos, puede promover la impunidad en la medida que ante un mecanismo procesal moderno que es garantista los magistrados pueden interrumpir una investigación cuando no se respetan los términos que señala la ley.
De allí que es necesario determinar cuáles son las causas de este congestionamiento que existe en los anaqueles de las fiscalías anticorrupción, es difícil pensar que ello solo obedece a la existencia de una sobrecarga procesal en la medida que todos los procedimientos tienen fases debidamente establecidas por la ley y si se cumplen no se tendría porque hallar expedientes acumulados unos sobre otros.
Sin embargo, esta es una realidad que no se puede ignorar, basta hacer un ejercicio de memoria para poder advertir que algo está sucediendo con estas dependencias sobre las cuales se depositaron las expectativas de probidad y trasparencia en una región en donde la corrupción ha sido el membrete oficial ante el país en los últimos años.
De allí que los lectores pueden sacar sus propias conclusiones si comienzan a recordar cuantos juicios orales han seguido en los medios de comunicación que fueran impulsados por las fiscalías anticorrupción de Chimbote a lo largo de los últimos años que ya está en vigencia en el nuevo código procesal penal y se darán cuenta que ellos son apenas contados con los dedos de la mano.
Ha sido el fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe uno de los pocos, sino el único, que ha conseguido plantear sendas acusaciones contra funcionarios públicos, como en el caso de la ex alcaldesa Victoria Espinoza García, el actual alcalde Julio Cortez Rojas, contra los ex funcionarios del PRONNA, en cuyo expediente ha sido excluido por la Juez en una medida que ha causado polémica, y en algunos otros más.
Esto es cierto, los medios de comunicación que merodean por los pasillos judiciales y siguen de cerca muchas pesquisas del Ministerio Público pueden dar fe de esta situación, no se conoce mayor actividad por parte de otros fiscales en el banquillo de los acusados, allí en donde deben demostrar su capacidad para poder hacer respetar el derecho de la sociedad en juicio y encausar los requerimientos acusatorios que se plasmen en condenas firmes y efectivas.
Cierto es que casos como los de la ex alcaldesa se arrastran desde hace algún tiempo atrás, empero, hay una norma procesal que determina los plazos y los términos de las pesquisas, que ha establecido la celeridad procesal como un postulado que debe estar por encima de cualquier otra contingencia y que los magistrados del Ministerio Público deben tomar en cuenta en el seguimiento de sus pesquisas.
No debe incomodar a nadie que públicamente se reclame por este hecho, por el contrario, debería generar una justa explicación, a lo mejor existen dificultades de diferente índole que el ciudadano común y corriente o los medios de comunicación no pueden percibir desde afuera pero que exigen que se conozca para impedir que se deslicen por allí comentarios que no vienen al caso.
La Presidenta de la Junta de Fiscales tiene la obligación de exigirles a los integrantes del sistema anticorrupción que reviertan esta situación, que se cumplan con los plazos y se agilicen los procesos, no se aprecia su trabajo en las salas de audiencias y ello no dice nada bien de los objetivos que proyecta una cerrada lucha contra la corrupción, más aun cuando está claro que quien no tiene prisa no tiene espacio en el nuevo mecanismo procesal que está vigente en el país y las informaciones demuestran que algo anda mal en el manejo de los expedientes de la fiscalías del jirón Samanco en Nuevo Chimbote. Esperemos que esto pronto se revierta.