CONFLICTO
Parece que el alcalde Julio Cortéz “ha pisado callos” hace poco más de una semana cuando advirtió que se revisaría a nivel del pleno edil un pedido unilateral y con visos de ilegalidad que hicieron dos regidores al centro comercial Megaplaza, demandando la donación de equipos. El burgomaestre ha reconocido que un pedido de este tipo solo puede ser iniciativa y tiene que ser evaluado por el Concejo Municipal, no puede ser manejado de manera unilateral por los regidores en la medida que de por medio existe “un conflicto de intereses”. Esto es cierto, la propia ley orgánica, que la conocen los miembros del pleno, establece prohibiciones a los concejales y advierte que existe causal de vacancia cuando se hacen gestiones de nivel del ejecutivo por parte de un regidor y ello porque un concejal no puede ir de entidad en entidad solicitando donaciones u otra clase de beneficios cuando esa no es una atribución que le confiere la ley. Hay que tener mucho cuidado cuando se manejan estos conceptos, extraña que en este caso se encuentre involucrado un abogado que ha pegado el grito en el cielo y no encontró mejor manera de responderle al alcalde que sacándole al fresco otros hechos y situaciones que lo involucran, en otras palabras, se quedó picón, Sin embargo, en el tema de las donaciones existe el agravante que los regidores que las solicitaron son integrantes de una comisión que se supone que ha investigado presuntas irregularidades y pagos subvaluados a la comuna, lo que podría traer algunos inconvenientes cuando se califique ese documento que ha resultado ser sumamente generoso para la entidad involucrada. Huuummmm…..
CONFLICTO II
Pero el alcalde deberá ser más inquisidor cuando exija cuentas a sus concejales porque hay algunas personas que han advertido de esta doble actividad de ciertos regidores que colisiona con la ética y con sus propias obligaciones. Por ejemplo, se han referido a la pantalla publicitaria que existe en la intersección de la avenida Country con la avenida Pacífico, en el distrito de Nuevo Chimbote, en pleno corazón del cono sur, en la arteria principal de esa jurisdicción. Hasta donde se sabe esa pantalla es de propiedad de la empresa del regidor de la comuna provincial Jorge Glenni Sosa, así lo demuestra las imágenes que ella misma proyecta cuando presenta a la empresa “Seven”. Sin embargo, estando de por medio un regidor de la comuna provincial en esa pantalla se difunde propaganda publicitaria de la Caja Municipal del Santa, una entidad que es de propiedad de la Municipalidad Provincial del Santa y el Pleno del concejo municipal resulta siendo el accionista principal, entonces la pregunta que se cae de madura es ¿puede un regidor contratar con su empresa privada publicidad de una entidad pública de la cual resulta siendo también accionista? Nos parece que allí también existe un conflicto de intereses, en algunos lugares se le conoce como patrocinio ilegal. ¿Recuerdan el caso del congresista Julio Gagó quien fue sancionado en el Congreso luego de descubrirse que su empresa contrataba con el Estado y que para pasar piola cambiaron la razón social a una empresa de su tío y de un trabajador? Si en ese caso sancionaron al atrevido por mucho que sea congresista, en el caso de la empresa Seven debería ser igual ¿o no?. Por lo menos eso parece.
PRETEXTO
Asumimos que el presidente de la Corte Superior del Santa, Dr. William Vizcarra, debe estar sumamente preocupado después de conocer los cuestionamientos relacionados con el desempeño de los magistrados de esta sede judicial, nos referimos al juicio que se sigue al abogado Luis Arroyo Guevara, ex patrocinador de César Álvarez Aguilar, cuyo proceso se ha dilatado de manera vergonzosa no solo por los artificios a los cuales ha echado mano el letrado, sino porque un magistrado lo ha permitido no sabemos si involuntariamente o de exprofeso. Ello porque los recursos de recusación que planteó el abogado contra los jueces superiores llamados para pronunciarse sobre la recusación de sus homólogos recusados no debía haberse tramitado, debió rechazarse de plano porque la ley establece que se trata de mecanismos absurdos, dilatorios e inadmisibles, en otra palabras, un juez que viene a suplir a otro que ha sido recusado no puede volver a ser recusado porque ello daría lugar a una cadena interminable y dilatoria, empero, el Vocal Nicson Espinoza Lugo lo aceptó, le hizo el jueguito de la mecedora al investigado y el caso se ha demorado unos dos meses más por esta indebida decisión. Este desenlace era evidente porque la ley no se puede poner en el plan de alguien que se la pasa recusando a cuanto Juez le pongan en su delante por cualquier pretexto, y, lo grave es que esto lo saben los magistrados pero aún se permitió en esta causal. Ahora que se ha encausado el proceso se espera que se ventile lo más pronto posible y no sigan alargando innecesariamente la fecha de la audiencia única de apelación que es la que está pendiente.