El pedido de excepción de cosa juzgada, que podría archivar de manera definitiva la investigación por las irregularidades en la Red Vial Pallasca, durante la gestión regional de César Álvarez Aguilar; no podrá discutirse en tanto no se notifique formalmente a la Contraloría General de la República que asumirá formalmente la defensa del Estado en este proceso.
Así lo determinó ayer el Juez Eudosio Escalante Arroyo, luego del pedido del abogado del imputado Wilder Antonio Navarro Sánchez, representante legal de la empresa Servicios de Consultores Andinos S.A, quien sostuvo que para evitar futuras nulidades, es necesario determinar que entidad asumirá como agraviado en representación del Estado, o la Procuraduría Anticorrupción del Santa que ya está apersonado o la Procuraduría de la Contraloría General de la República, que ha solicitado constituirse como actor civil.
Esta disyuntiva que tendría que dilucidarse en una audiencia pública, ya no será necesaria, porque ayer mismo, el Procurador Richard Asmat Urcia desistió de asumir la defensa del Estado, para permitir que lo haga la Contraloría General de la República, en la medida que la base fundamental de la acusación fiscal está referida al Informe Especial Nº 760- 2104 de dicha entidad, que detectó una serie de graves irregularidades en este proceso de selección.
Por esa razón, el Juez Eudosio Escalante Arroyo, ahora responsable del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios emitirá la resolución que reconoce como actor civil en este proceso penal a la Contraloría General de la República y con ello, estará luego en condiciones de fijar la nueva fecha de la audiencia donde recién se discutirá este pedido de excepción de cosa juzgada, que podría archivar de manera definitiva esta investigación sobre una presunta defraudación al Estado por más de 73 millones de soles.
Este pedido fue formulado por el abogado Junior Vega Silva en representación de los empresarios y consultores investigados, Percy Vivanco García, Carlos Mendoza Ghersi y Wilder Navarro Sánchez, quienes han adjuntado copias certificadas de la resolución judicial emitida por un Juzgado de Huaraz que declaró consentido el archivamiento de una investigación por presuntas irregularidades en la buena pro y ejecución del servicio de conservación vial (mantenimiento) de la carretera de la Red Vial Pallasca (Quiroz – Sacaicacha – Pallasca – Pampas y Conchucos).
En esta investigación figuran como imputados el expresidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar; el exgerente regional Richard Cabana Chauca; el exgerente de infraestructura, Germán Martínez Cisneros; el ex subgerente de liquidación de obras, Luis Alberto Díaz Vilca; la ex subgerente de estudios, Ivonne Roxana Bayona Guio y el ex inspector provisional Lorenzo de la Cruz Sánchez.
Además, el ex subgerente de supervisión Moisés Ángeles Obregón; el exgerente de administración, Leoncio Benito Mauricio Chú; el ex subgerente de infraestructura, Claudio Cumpa Macalopu; el ex diretor regional de transportes, Marco Djukanovich Barba; el exdirector regional de transportes José Eduardo Pretell Saldaña; el exdirector regional de caminos, Marco Maguiña Bustos y los exfuncionarios Guillermo Bustamante Vásquez y Arturo Minaya Castromonte.
Todos ellos se habrían coludido para favorecer groseramente al “Consorcio Pallasca” (Terrak SAC, JC Contratistas Generales, Consultora de Proyectos Andinos SAC y Moro SRL) representado por los también imputados Carlos Martín Mendoza Ghersi y Percy Ricardo Vivanco García, direccionando el proceso de selección, la entrega de la buena pro y permitiendo irregularidades en la ejecución del servicio de “Conservación y mantenimiento de la carretera Red Vial Pallasca” por más de 73 millones soles en el año 2013.
También está denunciado, Wilder Antonio Navarro Sánchez, representante legal de la empresa Servicios de Consultores Andinos S.A, quien se adjudicó de manera irregular y con escandaloso favorecimiento, la supervisión del servicio de conservación y mantenimiento de la red Vial Pallasca por un monto de 3 millones 339 mil soles por el mismo plazo de cuatro años de ejecución del servicio.