Editorial

Editorial: ::: NO SE ESCAPAN :::

La inquietud del pasajero de un auto de transporte público nos trajo a colación un tema de corrupción que ha quedado pendiente y que, tal parece, muchos piensan que ha quedado en la impunidad, empero, eso no es así.

El usuario del colectivo preguntaba si la obra del Coliseo Cerrado quedaría tal y como estaba y si todo ese material se echaría a perder sin que nadie responda por ello, lo que evidencia que no ha tomado conocimiento que tanto esa obra como muchas otras ya son objeto de pesquisas lentas pero decididas por parte del Ministerio Público.

Justamente, a fines de este mes debe desfilar por la fiscalía anticorrupción el ex gerente de la Sub Región Pacífico, Juan Carlos Gallo Zegarra, para responder por el abandono de tres obras públicas en nuestra jurisdicción, las cuales se quedaron sin presupuesto porque simple y llanamente fueron licitadas sin que cuenten con respaldo presupuestal, solo se prestaron dinero de otras para iniciarlas y perjudicaron a ambas.

Se trata de la investigación que ha iniciado el Ministerio Público por las “licitaciones truchas” de tres obras que fueron abandonadas en la gestión del ex presidente regional César Álvarez Aguilar y cuando Gallo Zegarra y otros funcionarios comandos estaban al frente de la Sub región Pacífico, como Pamela Bermúdez Rodríguez y los exgerentes de planificación y presupuesto de dicha entidad, Zena Zelmar Chávez Quispe y Luis Martín Ortecho Carbajal.

Todo ellos concertaron para lanzar a licitación pública, sin disponibilidad presupuestal suficiente, es decir sin que se tenga dinero en sus cuentas, las obras de agua y alcantarillado de Bellamar, el colegio de Villa María y la Posta de Salud de Magdalena Nueva, utilizando fondos en la forma no prevista y afectando la función encomendada.

Este fue el famoso “carrousel” que promovieron los “comandos” con la finalidad de sacar provecho de los “diezmos” que apoquinaban sin discreción los inescrupulosos empresarios que estaban ávidos por adjudicarse la buena pro de estas obras porque entendían que allí estaba el negocio, a los descalificados funcionarios de entonces de la región no les interesaba como es que ejecutarían la obra, lo único que esperaban es que cumplan con ese soborno institucionalizado que hizo ricos a mucha gente a expensas de los millones que manejó la región por concepto de canon minero y que no ha representado avance alguno para el pueblo.

El objetivo era coger el diezmo y comenzar una obra a sabiendas que ella no llegaría a ningún derrotero, eran conscientes que no solo esa obra sino aquella de la cual cogieron asignaciones presupuestales para emprender la “licitación trucha” quedarían abandonadas en el futuro, empero, ni siquiera eso los detuvo.

Cuando las arcas regionales ya no dieron para más, cuando las obras comenzaron a paralizarse por falta de presupuesto, cuando por entonces nadie sabía cuál era el origen de todo este entuerto, el ex presidente regional salió con el cuento aquel del recorte del canon minero y respondía que el millonario forado que descubrieron sus opositores solo respondía a la falta de transferencias que registró la región por parte del ejecutivo, cuando ello no era cierto.

Cuando se le cayó la careta del recorte, Álvarez salió con el cuento de remanente minero y no tuvo escrúpulos para emplazar al poder ejecutivo que reembolse a Ancash un supuesto faltante de 517 millones de soles, ni más ni menos, todo lo cual ocurría apenas unos meses antes que se cayera todo el andamiaje de corrupción de su gestión pública, antes que asesinaran a Ezequiel Nolaco Campos y cuyo acto criminal representara el fin de la denominada red criminal.

Hoy, esas obras abandonadas y ese manejo corrompido que solo permitió que se hagan Licitaciones truchas” ha llegado al ministerio Publico, los responsables comenzarán a desfilar por las dependencias policiales y, en los próximos meses, habrán acusaciones y sentencias contra los responsables.

Los responsables de esa ignominia que los chimbotanos vemos todos los días cuando nos movilizábamos de un punto a otro de la ciudad no debe quedar impune, ellos no se escapan del brazo duro e inflexible de la ley, aun cuando hayan transcurrido muchos meses y eso alentará a pensar en la impunidad, hoy deberán responder por los manejos turbios que nos dejaron sin obras prioritarias.

                                                           JUSTA SANCION

La Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior del Santa condenó a cadena perpetua a un depravado sujeto que hace diez años atrás ultrajó y embarazó a su propia hija cuando tenía solo 13 años de edad, sin embargo, desde entonces se mantuvo prófugo de la justicia hasta el pasado mes de junio que es detenido en nuestro Puerto.

Se trata de Teodosio Braulio Urbano Alcántara, un sexagenario que el año 2006 y 2007 en el poblado de Ancorará, en Caraz, violó a su propia hija y la trajo hasta Chimbote huyendo de la madre cuando se enteró de los hechos, incuso, en nuestra ciudad la agraviada quedó embarazada y tuvo una pequeña hija que a dos años extrañamente murió.

Tras ser denunciado en el 2008 el sujeto se fugó hasta hace dos meses que fue detenido y procesado, inclusive, su propia hija ya con 22 años de edad y compadeciéndose de la situación en la que se hallaba su progenitor, trató de ayudarlo cambiando su versión inicial, empero, las pruebas fueron contundentes de la comisión del delito y los miembros de la Sala Penal debieron proceder con todo el peso de la ley.

El sujeto ha sido condenado a cadena perpetua, terminará el resto de sus días encerrado en el Penal de Cambio Puente y después de conocer los hechos la verdad es que no puede ser merecedor de una sanción menor, este sujeto no tuvo reparos en abusar de su propia hija, de la niña a la que debería de proteger y educar, por el contrario, le desgració la vida y la llegó a embarazar. Si existiera en nuestra legislación una pena mayor creemos que la merecería, es una justa sanción la que se le ha impuesto por tan execrables hechos.