Editorial

Editorial: ::: PROLONGADO INCIDENTE :::

La Sala Penal de Apelaciones ha dirimido la incidencia generada por la decisión de la Jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, quien decidió excluir al fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe en el juicio oral que debe iniciarse contra los ex funcionarios del PRONAA.

El colegiado superior ha decidido revocar la decisión de la Juez y dejar sin efecto la exclusión del representante del Ministerio Público en el entendido que si bien es cierto un Fiscal puede ser separado de una investigación esa decisión solo le corresponde a su inmediato superior, al Fiscal Superior hacia quien debió dirigir la incidencia la Juez de la causa.

Como ha sido de dominio público, la Juez María Elizabeth Zulueta dispuso la separación del Fiscal en la audiencia de control de acusación en la medida que el referido magistrado se negó hasta en seis oportunidades a modificar su requisitoria escrita y adecuarla a los términos que él mismo había establecido en su disposición inicial.

La magistrada observó la acusación del Fiscal al advertir que uno de los investigados era acusado por un delito distinto al que fue mencionado al iniciar la investigación, razón por la cual optó por devolverle la capeta y hacerle la indicación de la deficiencia que estaba observando a efectos que subsane el error y se pueda continuar con el proceso.

El Fiscal no solo se negó a proceder como lo señalaba la Juez sino que se mantuvo en sus trece hasta en seis oportunidades, actitud que la magistrada calificó como un inaceptable acto de rebeldía que ponía en serio riesgo la continuación del proceso, razón por la cual, apelando a dispositivos establecidos en la norma procesal ordenó la exclusión del fiscal y puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía de Control Interno a efectos que se evalúe la conducta del representante del Ministerio Público y se designe a otro magistrado que remplace a quien había sido subrogado.

La resolución judicial fue apelada por el Fiscal Añanca que advertía que la Juez no tenía facultades para dejarlo fuera del cargo y que solo respondía funcionalmente ante sus superiores, posición que ha sido recogida por la Sala Penal que entiende que una inconducta de un representante del Ministerio Público debe ser calificada por su propia institución y, por lo tanto, ante este enfrentamiento inusual debería ser el Fiscal Superior quien determine la suerte del rebelde.

De esta manera ha sido la Fiscalía Superior la que ha coincidido con el criterio de la Juez y ha dispuesto que el Fiscal Laureano Añanca sea remplazado por su colega Robert Ascón Rojas quien se encargará de atender el requerimiento del Juzgado y proceder como corresponde a efectos que se pueda realizar, por fin, el control de acusación.

Es pertinente señalar que ha procedido correctamente el Fiscal Superior al disponer la remoción del Fiscal Provincial en la medida que era evidente que se había generado un enfrentamiento con el magistrado a cargo de la causa, el Fiscal tenía un criterio diferente y esto había entrampado el proceso, por lo que había que buscarle una salida.

Hay que tener en cuenta que esta incidencia ha detenido el proceso penal más de ocho meses y si se considera que está sujeto a las reglas del nuevo modelo procesal, quiere decir que ya debería haber avanzado y se debería tener una sentencia que determine la situación de los investigados.

Si la memoria no nos traiciona, este caso se inició en mérito de una denuncia pública que dio lugar a la intervención de la Fiscal anticorrupción de entonces, cargo que ostentaba la abogada Yeni Vilcatoma de la Cruz, quien posteriormente ha sido Procuradora anticorrupción y a la fecha es congresista de la república, lo cual unos da una idea de la incomprensible demora que tiene esta investigación, se asimila a los casos del modelo procesal anterior en el que los juicios se prolongaban por años y se buscó una salida con el nuevo código procesal penal, empero, ya vemos que es capaz de tener los mismos vicios de morosidad, como se advierte en este caso.

Lo importante es que se ha dilucidado el inconveniente y se espera que, ahora sí, con un nuevo Fiscal este proceso avance y se resuelva lo más pronto posible.

                                               PEDIDO INCOMRPENSIBLE.

El caso de la Red Vial de Pallasca, como se conoce al la escandalosa obra en la cual los peritajes señalan que ha existido un presunto desfalco de 73 millones de soles, corre el peligro de quedar en el archivo en razón que algunos investigados han planteado una excepción de cosa juzgada que ha quedado pendiente de resolver.

El medio de defensa ha sido planteado por uno de los investigados que ha mostrado al Juez de la causa la resolución de una investigación relacionada a los mismos hechos y con algunos de los mismos investigados, entre ellos el ex presidente regional César Álvarez Aguilar, que ordena el archivo por orden de un Juzgado de Huaraz hace algunos años atrás.

Sin embargo, aquella decisión responde a una investigación incipiente y mal ejecutada, por el contrario, el caso de la red vial Pallasca ha encontrado las pruebas luego que la Contraloría General de la República realizara una auditoria integral a la gestión del ex presidente regional César Álvarez Aguilar, tras el crimen del ex consejero Ezequiel Nolasco Campos y solo recién se hallaron las pruebas necesarias.

De allí que lo que se debe tener en cuenta en este caso es que ese archivo decretado por las autoridades judiciales de Huaraz obedece a ese manejo turbio y corrompido de la justicia por parte de una gestión que manipuló a muchos magistrados, en una época en que no se querían investigar las denuncias y las pocas que llegaban al Poder Judicial terminaban de esta manera.

Por ello es que muchas denuncias se revisaron, pero no  se advirtió que algunas llegaron a la instancia judicial. En la medida que en la nueva investigación se encuentran las pruebas contundentes y se comprende a muchísimos otros ex funcionarios que no fueron investigados, se debe rechazar la Excepción de Cosa Juzgada y continuar con la investigación. Aquí está de por medio la lucha contra la corrupción y ante ello debe primar el sentido común.