Editorial

Editorial: ::: MEDIDA INELUDIBLE :::

El Juez del Juzgado Penal Unipersonal en casos de corrupción de funcionarios, crimen organizado y lavado de activos, Efer Diaz Uriarte, dispuso la semana pasada la remoción del abogado Roger Reyes García, separándolo de la defensa técnica que ostentaba en favor de la alcaldesa provincial Victoria Espinoza García y el primer regidor Julio Cortez Rojas, en el proceso penal que se les sigue y que se le conoce como “semáforos inteligentes”.

La drástica medida obedece a la injustificada inconcurrencia del mencionado letrado a las audiencias que deben establecer el inicio del Juicio Oral, la misma que se viene reprogranmando constantemente y que permitie advertir al Juez que existe un ánimo de dilación por parte de los acusados.

Ocurre que en la última audiencia el abogado Roger Reyes García no se presentó y comunicó que estaba con descanso médico para justificar su inasistencia, aun cuando no acreditaba este hecho, razón por la cual el Juez dispuso postergar la diligencia y ordenó que un médico legista se traslade a su domicilio, en el día, en la ciudad de Trujillo donde nreside el letrado, a efectos que verifique si realmente se encuentra comn imposibilidad de presentarse al juicio.

Esta verificación se ordenó para los efectos de garantizar con probidad el desarrollo de los procesos penales e impedir que se sorprenda al colegiado con esta clase de artificios que son utilizados por investigados y abogados con ánimo de dilatar los juicios.

Precísamente, la orden de separar al abogado Roger Reyes de la defensa tecnica y disponer que la alcaldesa y primer regidor designen a otro abogado de su elección o procedan a hacer uso de los defensores públicos, se dictó luego que el Juez tomara conocimiento del informe elaborado por el Fiscal Laureano Añanca Chumbe quien fue el que viajó personalmente acompañado de un médico legista a la ciudad de Trujillo para cumplir el mandato judicial.

Lo que informó el Fiscal es que en el domicilio del abogado no fue hallado, sus familiares adujeron que el letrado había salido a la Farmacia para comprar sus medicinas, empero, a pesar que lo esperaron por más de 20 minutos el aludido nunca llegó, razón por la cual el representante del Ministerio Público levantó el acta y la hizo llegar al Juez.

El abogado Roger Reyes ha ostentado el patrocinio de la alcaldesa y el primer regidor en todos los juicios que arrastran como consecuencia de las denuncias que se formularon en su contra por malos manejos en la administración de los recursos municipales, el primero de ellos por enriquecimiento ilicito, el segundo por malversación de fondos, el tercero por colusión y corrupción, y, el ultimo conocido como “semáforos inteligentes” que es en el que se produce la desafectación del letrado.

Cabe recordar que en los dos primeros el abogado consiguió sacarlos adelante, claro, el primero de ellos en medio de las suspicacias que dejó una ejecutoria suprema de la Sala Penal Permanante de la Corte Suprema que ha merecido múltiples cuestionamientos y el segundo mediante sentencia confirmada en doble instancia en la Corte del Santa.

Ello quiere decir que es un abogado de absoluta confianza de la Alcaldes, sin embargo, no es la primera vez que promueve la frustración de las audiencias bajo este mismo argumento de la ausencdia por motivos de salud, incluso, en este medio recordamos que en una ocasión llegó a comunicar este hecho a través de una llamada a uno de sus colegas que dio cuenta de este hecho a una Juez que, evidenciando extraña tolerancia, lo admitió como suficiente para postergar la diligencia a pesar que el letrado no solo no había presentado un escrito, como se estila, sino que no agregaba el certificado médico que así lo demuestre.

No es la priomera vez que decimos esto en nuestro medio de comunicación, empero, los archivos no nos permitirán mentir cuando sostenemos que este argumento de la ausencia por motivos de salud se ha convertido en un artificio manoseado por los abogados, por ello es que los jueces se han visto precisados a tener que verificar si lo que alegan es cierto.

Por ello es que dispuso que, en el día, un médico legista se traslade a Trujillo, pues si el abogado Roger Reyes afirmaba que le habían otorgado descanso absoluto por espacio de dos días, se supone que debería estar en su domicilio y no fue encontrrado allí.

Precísamente, frente a la medida judicial el abogado ha manifestado ante los periodistas que es falso que haya sorprendido al Juez en razón que si se hallaba mal de salud pero que el Fiscal llegó a verificar su estado en el mismo momento que había salido a comprar sus medicinas a la farcmacia, un argumento endeble que dificilmente pueda justificar su ausencia por mas de 20 minutos, como lo sostuvo el Fiscal.

Inclusive, el abogado Reyes García pone en tela de juicio la presencia del Fiscal en esta diligencia dejando entrever que existiría algún ánimo de animadversión de su parte, empero, el representante del Ministerio Publico solo estaba cumpliendo el mandato del juez y su institución es la que está también integrada por los medicos legistas, de allí que no hay nada raro en su participación.

Este caso nos trae a la memoria uno similar que llevó adelante la Sala Penal Liquidadora que se trasladó hasta la ciudad de Casma para verificar el estado de salud del hoy prófugo ex consejero regional José Luis Lomparte Monteza, quien alegaba hallarse en mal estado de salud y fue encontrado internado en el hospital de Essalud pero con sintomas que ponian de manifiesto que estaba más sano que cualquiera.

Lo cierto es que hace bien el Juez anticorrupción de sancionar con la remoción al abogado Roger Reyes Garcia tras verificarse que no se hallaba descansando como alegaba, mas aun cuando la ausencia a una diligencia solo se justifica cuando existe un estado de gravedad tal que haga imposible a una persona movilizarse por su propios medios, de lo contrario, la ausencia no se justifica.

Es momento de poner coto a esta manida maniobra con la cual se frustran diligencias y se dilatan juicios, si los letrados no dicen la verdad y quieren sorprender a los jueces, no queda sino separarlos. Es una medida ineludible para poner coto a los artificios que solo atentan contra la buena marcha de la administración de justicia.