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DESUBICADOS

Ahora entendemos las razones por las cuales el rector de la Universidad Privada San Pedro, José María Huamán Ruiz, se ve envuelto en los entuertos judiciales que lo llevan a exponer su condición jurídica dentro de los procesos judiciales en los que está comprendido. No solo basta echar una mirada al mamotreto que ordenó publicar el Consejo Universitario de la mencionada Universidad, sino observar el penoso show que montaron el último viernes llevando una portátil a los exteriores de la Corte del Santa con la finalidad de presionar a los magistrados en momentos que el rector debería presentarse ante la Juez que lo procesa. Y, es que no solo ese escenario nos trasladó a las épocas de la corrupción en Ancash, cuando las portátiles de César Álvarez lo acompañaban a las diligencias judiciales, sino por lo que vimos y escuchamos de los ad láteres del rector en la mentada “manifestación”. Allí por ejemplo se pudo escuchar a un infeliz que no quiso identificarse plenamente (dijo cualquier nombre) y señalaba que era trabajador de la Universidad, manifestaba que el rector es un académico y como tal tenía obligaciones que cumplir como representante de la Universidad, se trata de compromisos internacionales ineludibles y por ello viajó con permiso del consejo universitario. “señores, aquí no ha pasado nada, no existe ninguna orden de captura, adentro en este momento se está archivando todo, lamentablemente esto ha sido tergiversado por los diarios, son ellos los que han sobredimensionado este tema”, señalaba el sujeto de marras. ¿Esto es cosa de los medios? ¿Creen estas rabonas zalameras y asalariadas que los medios de comunicación van a mentir tan fácilmente?. De ninguna manera, los medios tienen la obligación de informar y en audiencia pública el rector fue pasible de una medida de restricción como consecuencia de su ausencia a sabiendas que el juicio oral debía iniciarse. Ha sido una Juez de la república quien interpretó esta suerte de dilaciones en las que se viene incurriendo en esta causa que tiene ya más de cuatro años, con justo criterio declaró reo contumaz al rector y ordenó su captura, tanto así que la autoridad universitaria ni bien retornó del país se puso a derecho ante el Juzgado explicando su situación y se le notificó para que se presentó a la audiencia del último viernes. ¿Qué han distorsionado los medios de comunicación? ¿Cometieron el pecado de informar a la comunidad lo que había decidido el Juzgado? ¿Por ello se hacen las víctimas y rechazan las publicaciones? Que tales conchudos, será oportuno que el rector comience a rodearse de gente que no solo lo adule y le pase la franela, esos solo lo llevan a estas difíciles situaciones.

CAPILLA

El último feriado de todos los santos ha permitido que pase desapercibida una delicada acusación que ha formulado el Ministerio Público contra un ex director y dos trabajadores del hospital La Caleta por haberse apropiado de los recursos del nosocomio para actividades que están al margen del alcance presupuestal de las entidades públicas. Estos hechos se registraron el año 2012, cuando el director era el médico William Rodríguez Rojas, nombrado por el entonces presidente regional César Álvarez Aguilar, quien junto a dos funcionarios apelaron al expediente más fácil para celebrar el aniversario institucional del hospital, es decir, cogieron plata de los fondos públicos con cargo a descontar de la planilla de los trabajadores. Sin embargo, sacaron más de cinco mil soles del Fondo de garantía de transfusiones de sangre a pesar que los trabajadores no autorizaron los descuentos porque nadie puede obligarlos a realizar esta clase de aportes. Finalmente solo pudieron devolver la mitad de ese dinero y deben responder por el faltante. Pero, si la memoria no nos traiciona, este no el único hecho que se acusó al mencionado ex director, en ese entonces también se puso al descubierto que una suma de dinero entregada por una entidad financiera, a pedido del director, con la finalidad de organizar un evento de capacitación, finalmente, no se realizó y el dinero se esfumó. En ese tiempo se publicó hasta el documento remitido por la entidad financiera y se estableció que el dinero no fue ingresado a las arcas del nosocomio, pero lo cierto es que el evento no se realizó y nadie sabe dónde fueron a parar los miles der soles que se donaron para ello. Nos imaginamos que esta denuncia, como las muchas que se formulan contra quienes cometen delitos contra las entidades públicas, ha caminado solita y se encuentra en alguna instancia de acusación, como ha ocurrido con este caso de la toma de recursos para celebrar un aniversario. La ley es la ley, tarde o mañana siempre terminará aplicándose como corresponde.