Editorial

Editorial: ::: ACUERDO HISTÓRICO :::

Se conoce como espíritu de cuerpo a todas aquellas acciones que buscan de alguna manera justificar o proteger a alguien con quien se encuentra identificado o que forma parte de su mismo grupo o actividad, una suerte de mutua protección frente a hechos que, aun cuando son negativos y dolosos, se pasan por alto por una consideración personal, amical o institucional.

Por ello es que en muchas dependencias, especialmente en las públicas, hay hechos que se pasan por alto y aun cuando se denuncian o se ordena investigar, finalmente terminan en nada porque el objetivo no es sancionar sino solo hacer un gesto para encubrir al compañero, por ello es que en este escenario se ha hecho famosa aquella frase de “otorongo no come otorongo” para descubrir la impúdica protección.

Afortunadamente, esto no ha ocurrido en el seno del Colegio de Abogados del Santa, gremio profesional que reúne a los profesionales del derecho que hace solo una semana se reunieron en asamblea para debatir, analizar y tomar una decisión con respecto a las conclusiones que entregó la empresa auditora que evaluó el manejo de los recursos de la institución en los dos últimos periodos de gestión de sus ex directivos.

La auditoría se efectuó en las gestiones de los ex Decanos Richard Villavicencio Saldaña y Sabino Ponce Rosso y se realizó siempre por mandato de la magna asamblea que consideró necesaria una revisión de las cuentas luego que estos no pudieran justificar el manejo de miles de soles de las cuentas de la institución.

Como ya se había adelantado a través de los medios de comunicación, los auditores hallaron desagradables sorpresas en el manejo de los presupuestos de la institución, gastos sin documentos que lo justifiquen, acuerdos de pago de remuneraciones que no estaban autorizadas ni por los estatutos y menos por la asamblea, pago de servicios sin que se hayan entregado y hasta retiros de descomunales sumas de dinero que no tienen justificación alguna y que han excedido las atribuciones de un directivo.

Este último caso es el más grave y quizás amerita una reacción más contundente por parte de los actuales directivos del gremio profesional en la medida que importa la comisión de delitos que, necesariamente, tienen que deslindarse en la vía penal y con apremios que determinen y garanticen el castigo a futuro que se avizora deben de tener.

Nos referimos a las conclusiones que ha entregado la auditoría respecto al retiro de 120 mil soles sin justificación alguna y cuya procedencia virtualmente se desconoce porque no aparece reflejado en los asientos contables de la entidad.

Este dinero fue retirado en las dos últimas gestiones, en la que corresponde a Richard Villavicencio se ha detectado el retiro de 40 mil soles cuyo destino no puede ser otro que las cuentas personales del mencionado ex Decano, mientras que los otros 80 mil soles fueron retirados por Sabino Ponce Rosso cuya responsabilidad es mucho más delicada en la medida que lo hizo en Enero del presente año, es decir, cuando ya no era el Decano de la institución pero que aprovechó que aún mantenía los poderes y las firmas de registro en los Bancos para extraer este dinero.

El ex decano, presente en la asamblea, ha negado que sea el autor de este retiro de dinero, empero, cualquiera que tiene dos dedos de frente sabe que en una cuenta bancaria solo el titular responde por los movimientos que se hagan y las entidades financieras no mueven un dedo si es que no lo ordena quien tiene la firma registrada en la institución.

Por ello es que la asamblea determinó accionar judicialmente, aprobó un acuerdo mediante el cual autoriza al decano de la orden, Mirko Alva Galarreta, que remita todos estos antecedentes al Ministerio Público y denuncie a los dos ex directivos por los delitos que corresponden en la medida que asumen que se han aprovechado descaradamente de los dineros que aporta cada agremiado para el mantenimiento y desarrollo de su gremio.

Lo que ha ocurrido es realmente lamentable, empero, es la consecuencia del paso de los años y del ingreso a los cargos directivos de profesionales que no solo no han respetado la historia sino que no han valorado el esfuerzo que hicieron sus propios colegas para contar con un gremio profesional de su orden en nuestra ciudad.

Ello porque los abogados formaron parte de una asociación cuya matriz se encontraba en Huaraz, sin embargo, fueron esos antiguos y correctos letrados, esos sacrificados hombres de derecho que salieron a las calles demandando la creación de una Corte Superior en la provincia del Santa que desligue la administración de justicia de la que se aplicaba en la ciudad de Huaraz, en donde la corrupción campeaba y dominaba.

Esas marchas, plantones, movilizaciones, los gritos en las calles y en las principales entidades del Poder Ejecutivo, finalmente dieron buenos resultados y se creó una Corte Superior con sede en nuestra ciudad y con ello la posibilidad de contar con un colegio profesional propio, que responda a los verdaderos intereses y beneficios a los cuales aspiraba el hombre de derecho de nuestra ciudad.

Esos abogados preclaros y valientes son los que manejaron de manera correcta y proba el gremio profesional en sus primeros años, jamás podrían haberse dudado del manejo de los recursos que aportan sus colegas, empero, ello ya es parte de la historia, llegaron otros letrados, gente que no estuvo identificada con esa sacrificada labor de sus antecesores y las conclusiones de una auditoría lo dicen todo, nos relevan de mayores comentarios y demuestran que el entrañable cariño y amor por la institución es cosa del pasado.

Sin embargo, aún queda una luz de esperanza, la asamblea ha dicho su palabra y no está dispuesta a cargar con responsabilidades de índole penal sobre sus espaldas para hacerse la desentendida frente a hechos que tienen connotaciones delictivas, por ello ha sancionado un acuerdo histórico que llevará a los tribunales a quienes no han podido demostrar un manejo decente y transparente en las cuentas de la institución, de allí que será la justicia quien se encargue de deslindar sus responsabilidades y de establecer si ameritan una sanción categórica y contundente a la que aspiran sus colegas que se sintieron traicionados con las consecuencias de un manejo turbio y descarado como lo refleja la auditoría.