El día de hoy lunes debe reunirse en la capital de la república un equipo de técnicos del gobierno regional de Ancash con sus homólogos de los Ministerios de Economía y Finanzas y del portafolio de Salud, con la finalidad de destrabar, de una buena vez, el convenio interinstitucional que permita poner en marcha el proyecto de remodelación del hospital La Caleta, más conocido como el “hospital de los pobres”.
Esta ha sido la decisión que se adoptó la semana pasada en una mesa de trabajo que se desarrolló en nuestro puerto con la presencia estelar de la Ministra de Salud, Patricia García Funegra, quien llegó por segunda vez al mencionado nosocomio aunque, en esta oportunidad, con la firme decisión de hallar una salida al entrampamiento.
Y es que la titular del portafolio llegó a nuestro puerto con el pié en alto, dispuesta a deslindar responsabilidad o, por lo menos, sacar cuerpo de la dilación en el tema de la construcción de un nuevo hospital La Caleta, era consciente que en nuestra ciudad todos los ojos estaban puestos en su despacho y que a nadie le quedaba duda alguna que las moras y taras se germinan siempre en la burocracia.
Por ello es que antes que alguien pudiera hacer una alegación la Ministra se dirigió directamente al Gobernador regional de Ancash Luis Gamarra Alor y el increpó por qué desde hace cuatro meses el proyecto del convenio interinstitucional estaba en su entidad y hasta la fecha no lo devolvía para poner en marcha la etapa de pree inversión que es la que corresponde.
Muchos ciertamente se sorprendieron, sin embargo, fueron los propios funcionarios regionales, entre ellos el gerente regional Nicolás Molina, quienes reconocieron que esto era cierto y pusieron en evidencia que las razones y los motivos de esta inacción respondía a los enfrentamientos internos en la oposición de los altos funcionarios de confianza del gobernador regional Luis Gamarra.
Inclusive, en esta reunión se pudo conocer que el problema es más serio de lo que muchos piensan, empero, hay de por medio un silencio absurdo y suspicaz en la posición del Gobierno Regional en la medida que muchos reclamábamos el nuevo hospital La Caleta al Ministerio de Salud cuando era el ente regional el que estaba demorando las cosas.
Aun cuando la posición del gobierno regional no es descabellada, el problema radica en el hecho que los funcionarios se han enfrascado en una discusión que bien pudieron llevarla a nivel del Poder Ejecutivo, lejos de quedarse con el proyecto de convenio encarpetado y tratar de salvar las vallas planteando al Ministerio de Salud sus dudas.
Y es que el gerente de la Sub Región Pacífico, Fernando Corcuera Medina, ha advertido que el convenio remitido por el Ministerio de Salud no es viable en tanto que establece los términos de la ejecución de un proyecto de construcción de un nuevo hospital La Caleta en los terrenos del P.J. Dos de Mayo, sin embargo, los estudios de pre inversión, tales como el perfil y el expediente técnico que se han elaborado con muchos gastos e inversiones, se hicieron sobre la base de la construcción del hospital en los mismos terrenos en donde se ubica, en la Urbanización La Caleta, pues recordemos que esa era la peregrina idea del ex presidente regional César Álvarez Aguilar que estaba empeñado en llevar adelante este proyecto en el mismo lugar a sabiendas que existían normas legales que lo impedían.
Entonces, para la Sub Región la firma del convenio en la forma como se ha concebido no es recomendable porque luego implicaría que se tienen que elaborar nuevos estudios de preinversión y ello tomaría dos años más, posición que colisionaba con el punto de vista del gerente regional Nicolás Molina que sugería al Gobernador que se firme el convenio y se siga la línea trazada por el MINSA.
Inclusive, la Sub Región ha señalado que frente a esta inconveniente lo mejor es actualizar los estudios que tiene ya el proyecto en los terrenos de La Caleta y adecuarlos a los que se han aprobado en el P.J. Dos de Mayo, pues considera que este trabajo solo tomaría 90 días y no los dos años que implica la otra opción.
Si es que las cosas se presentan como lo señala el gerente de la Sub Región su posición no es descabellada y menos incompatible con la buena marcha del proyecto, por el contrario, es más accesible porque lo que se busca es ganarle tiempo al tiempo.
Lo que si no deja de extrañar es que en esta confrontación de ideas los funcionarios del Gobierno regional hayan permitido que el convenio se quede encarpetado más de cuatro meses y que uno de los asesores del gobernador lo haya tenido en sus manos hasta hace una semana en que recién se lo dio a conocer, una situación que ya debe haberse zanjado con la remoción de ese servidor.
Quien ha quedado muy mal es Luis Gamarra Alor, se supone que como Gobernador debería haber demandado a sus funcionarios que tomen una decisión o que, en todo caso, se pongan en contacto con el Ministerio de Salud a efectos de exponerle estas contingencias, sin embargo, de ninguna manera debieron permitir que el expediente se mantenga encarpetado por tanto tiempo y conspirar con el desarrollo de un proyecto que es acariciado desde hace una década por los Chimbotanos.
De allí que ahora hemos quedado a la expectativa para saber lo que sucederá en la mesa de trabajo que se realizará en la capital de la república, no nos cabe duda alguna que la suerte y el avance de este proyecto solo depende de la salida técnica que puedan hallar a este nuevo entrampamiento los profesionales que conocen de esta materia y que están en condiciones de plantear una solución inmediata.
Nos parece que la posición de los técnicos de la Sub región no está alejada de la solución más accesible, lo que está mal es que no hayan dicho absolutamente nada en todo este tiempo sobre este entrampamiento y hayan permitido que su titular, el Ingeniero Luis Gamarra Alor, pasara muy malos momentos ante la Ministra de Salud que no tuvo reparos en darle públicamente un Ultimátum para que entreguen el convenio. Si es así ahora todo depende de lo que se decida en la capital de la república, pero que este pasaje demuestre al Gobernador Regional que en una institución publica lo que hay que tener es don de mando y no permitir que funcionarios con ínfulas de poder rebasen su autoridad.