Unas confusas declaraciones de un funcionario del proyecto especial Chinecas, pusieron de vuelta y media el corrillo político local y pretendieron desenterrar un tema que ya parecía haberse solucionado y que ha quedado al margen del debate político para centrarse en un aspecto netamente técnico.
En efecto, el procurador del Proyecto Especial Chinecas, Wilfredo Quevedo Cabrera, sorprendió a propios y extraños al señalar que su institución estaba realizando los trámites pertinentes para disponer el desalojo de los invasores que se encuentran dentro de las denominadas 217 hectáreas, en el distrito de Nuevo Chimbote.
Esto generó la inmediata reacción de los dirigentes de estos predios que, en total, reúnen a más de 30 asentamientos, que desde hace ya varios años vienen gestionando la transferencia de los terrenos a la superintendencia de Bienes Nacionales a efectos que puedan ser entregados a la comuna y sobre la base de criterios técnicos se disponga el cambio de uso a efectos de adjudicarlos a los actuales posesionarios.
Este no es otro que el mismo trámite que se le ha otorgado a los pueblos jóvenes y asentamientos humanos que se levantan sobre las 308 hectáreas, que son los terrenos que inicialmente fueron invadidos en el distrito de Nuevo Chimbote y que se ufanan de tener respaldo legal, cuando en realidad tienen la misma naturaleza legal y solo se diferencian en el hecho que se forjaron con el aval de las autoridades de entonces, cuando el hoy encarcelado César Álvarez era presidente regional y les ofreció titularlos a cambio, obviamente, del endose de sus votos para su reelección.
Pero eso es parte de la historia del origen de estos asentamientos, lo que está en debate es la presencia de cientos de familias que demandan un techo donde vivir y cuyos esfuerzos siempre se han confundido con los afanes y ambiciones de traficantes de tierras que se han infiltrado en esos lugares de la mano con sicarios y matones.
Sin embargo, lo que llamaba poderosamente la atención es que un funcionario del proyecto Chinecas, es decir, del Gobierno Regional de Áncash, haya anunciado un desalojo que ese mismo organismo ha descartado y dejado de lado hace ya un buen tiempo.
En efecto, existe un acuerdo de consejo regional que fue sancionado en la época de Waldo Ríos Salcedo, que aprueba una transferencia con fines de habitabilidad, el cual se sustenta en un informe del Ministerio de Agricultura que ha determinado que esos terrenos no sirven para los fines agrícolas.
De la misma manera, las autoridades se pronunciaron en su debido momento respecto a la posición asumida por la ex alcaldesa Victoria Espinoza García, quien advirtió que las 217 hectáreas no están legalmente admitidas y por lo tanto quienes vienen ocupando esos predios deberían ser desalojados.
Varias autoridades, inclusive, el Obispo de la ciudad, Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, rechazaron esta posición por el alto costo social que representaría una acción de fuerza como la planteada, recordaron que allí existen niños, mujeres y ancianos que podrían ser los más perjudicados en el caso de una acción de fuerza como la planteaba la ex alcaldesa Victoria Espinoza.
Sin embargo, la ex autoridad edil se apuró en aclarar de inmediato que ella no estaba planteando el desalojo violento de los pobladores, sino su retiro con fines de reubicación, señalaba que en las 308 hectáreas existen cientos de lotes que están vacíos, que han sido tomados por gente que solo especulaba con la necesidad de vivienda y que solo pretenden hacerse de un terreno con la finalidad de revenderlos posteriormente a 10 o 15 veces el valor que pagaría por ellos.
De esta manera, se estableció un consenso para que se busque una alternativa diferente al desalojo que pretenden algunos con respecto a las familias asentadas sobre las 217 hectáreas y aquel solo pasaba por un criterio técnico que deslinde la naturaleza de los terrenos y se puedan adoptar acuerdos que beneficien a todos.
En tal sentido, la semana pasada el gobernador Luis Gamarra Alor respondió las informaciones relacionadas al desalojo, descartó de plano la posibilidad de una acción de fuerza y dejó entrever que el procurador de Chinecas prestó declaraciones que han sido malinterpretadas por los periodistas en el sentido que lo que se busca es reubicar a algunas familias que están en las 217 hectáreas.
Lo cierto es que hasta la fecha los únicos predios que han sido virtualmente saneados son los que corresponden a las 308 hectáreas, ya existe respecto de ellos un acuerdo de transferencia en favor de la Superintendencia de Bienes Nacionales y se supone que el posterior cambio de uso y la venta directa a los posesionarios se hará en el curso de los próximos meses dependiendo como avancen los trámites burocráticos.
Empero, en el caso de las 217 hectáreas, como otras 102 hectáreas ubicadas en la provincia del Casma, no se sancionó el acuerdo de transferencia en la medida que ello requiere del sustento técnico que a la fecha se viene realizando, solo después de ello el consejo regional se tendrá que pronunciar, por lo tanto, mientras se deslinde estos trámites y gestiones los pobladores que se encuentran en este lugar no pueden ser desalojados y reubicados.
Lo que se tiene que impedir es que se utilice este tema como bandera electoral, hay que tener en cuenta que nos encontramos ad-portas de un proceso electoral municipal y regional, por lo tanto, el escenario se presenta propicio para sacar bajo la manga temas que están pendientes de solución que pueden servir para que muchos candidatos traten de buscar votos, para que saquen la cabeza del anonimato y pretendan fijar posición a favor de los posesionarios, lo cual solo sabe a oportunismo.
Lo que debe quedar claro entonces es que el caso de las 217 hectáreas es un tema superado en lo que se refiere a la legalidad o no de las familias que han levantado allí sus precarias viviendas, el caso se encuentra a nivel de instancias regionales y gubernamentales con la finalidad que se determine su viabilidad de transferencia con fines de vivienda. Si es que eso se concreta entonces no habrá necesidad de lanzar “boomerangs” que lleven a candidatos desconocidos a tratar el tema con fines políticos. Las cosas ya están total y absolutamente claras en este asunto, no hay más vuelta que darle al asunto.