Para nadie es un secreto en Ancash que en la gestión del ex presidente regional César Álvarez, calificada en la comisión Ancash del Congreso de la Republica como la red de corrupción, se registraron una serie de actos fraudulentos perpetrados por funcionarios que fueron sistemáticamente colocados para que manejen de manera dolosa los procesos de selección y adjudicación de obras y servicios cuyo objetivo eran los diezmos que hicieron millonarios a muchas personas.
De allí que no debe sorprender a nadie como es que recién a estas alturas la justicia viene saldando cuentas punitivas con quienes se prestaron al manejo oscuro y corrupto de los recursos regionales, los procesos penales en ciernes vienen avanzando y llegando a fases estelares en los que ya se determinan penas y restricciones.
Y es que así como en el gobierno regional se cometieron toda clase de tropelías que hoy se deslindan en los tribunales, en las dependencias regionales se perpetraron hechos delincuenciales similares, entre ellos el proyecto especial Chinecas, una entidad que muchos pensaron que transfiriéndola al gobierno regional conseguiría hacerse realidad pero, lamentablemente, llegó a las peores manos de gobernantes que solo pusieron la puntería en sus apetitosas arcas.
Dentro de los muchos procesos penales que se han iniciado por hechos cometidos en Chinecas, recordemos que está en marcha el conocido Caso Sisa, la compra de calaminas, el caso COPFI MASTER, entre otros relacionados con la corrupción institucional, la semana pasada se pudo conocer que otro de estos procesos investigatorios ha llegado a la fase jurisdiccional y arrastra hechos tan graves que el Ministerio Público ha solicitado que se dicte prisión preventiva a ex gerentes y ex funcionarios, así como malos empresarios que se prestaron para el fraude de 5 millones de soles.
Nos estamos refiriendo al fraude de la obra “Mejoramiento en la Automatización y Telecomunicaciones en la infraestructura hidráulica mayor de CHINECAS”, la cual se licitó sin que cuente con presupuesto disponible, es decir, forma parte de ese delincuencial carrousel que nos legó la ominosa gestión de Álvarez y que solo nos dejó obras abandonadas y deterioradas.
La auditoría realizada por la contraloría general de la República pudo establecer además que se modificó injustificada y clandestinamente (sin conocimiento del jefe de presupuesto) del monto a licitar, inicialmente previsto en 3 millones 975 mil 325 soles y finalmente licitado por 5 millones 693 mil 637.18 soles, con la única finalidad de sobrevalorizar el proyecto y ganar más en los diezmos.
Asimismo, se detectó la falsificación de documentos de Consorcio ejecutor tanto a nivel de contratos (para justificar experiencia) y de profesionales (cuadros técnicos que han señalado que jamás trabajaron para dicha empresa), todo ello al margen de las ampliaciones de plazos injustificados, la inconsistencias entre el pago de valorizaciones y el porcentaje de avance de obra; la no aplicación de penalidades y una ilegal conciliación extrajudicial que perjudicó a la entidad.
Justamente, este último punto es uno de los aspectos que destaca el requerimiento del Ministerio Publicó en razón que a pesar de existir serias irregularidades y quedar la obra paralizada y sin ser culminada, se firmó una conciliación extrajudicial en la que se reconocía mayores pagos en favor del contratista, una desvergonzada manera de aprovechamiento de los recursos públicos.
Port ello es que el Fiscal a cargo de este proceso, al culminar la etapa de las pesquisas ha decidido continuar y formalizar investigación preparatoria contra los involucrados y ha estimado que, por la gravedad y las modalidades delictivas utilizadas, se amerita que se dicte prisión contra los ocho investigados, cinco ex funcionarios de Chinecas y tres empresarios del consocio ejecutor.
La prisión preventiva ha sido solicitada en contra del ex gerente general de Chinecas Elvis Camarena Luna, los ex gerentes de obras en dicho proyecto, Samuel Méndez Siccha y Samuel Minaya Prieto, el ex inspector de obra Jimmy Anthony Aguilar Olguín y el ex Procurador Público del gobierno regional de Ancash, Manuel Fernando Ortiz.
Además, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva en contra de los empresarios Danny Erick Puchoc Berros y Jair Ely Díaz Guevara, ambos representante común de Consorcio PEBCO (que ejecutó la obra) y Jaime Luis Castillo Babastre en su condición de representante legal del Consorcio Process Net (quienes supervisaron la obra).
Se trata indudablemente de hechos sumamente graves y delicados, teniendo en cuenta el requerimiento acusatorio y el pedido de medidas restrictivas es evidente que la Fiscalía ha logrado acumular graves y fundados elementos de convicción en contra de los ex funcionarios del Proyecto Especial CHINECAS y los extraneus Consorcio PEBCO y Consorcio Process Net, que evidencian una defraudación de más de 5 millones de soles en agravio de dicha entidad.
Un caso bastante similar al conocido como “Caso SISA” en el que se infló el costo de un estudio que finalmente no sirvió para nada, cuando el propio proyecto irrigador tenían en manos valiosos estudios realizados a lo largo de muchos años y que solo requerían actualizarse con inversiones menores a los 150 mil soles, empero se prefirió licitar la consultoría porque allí estaba la canasta de la corrupción.
Lamentablemente, una carencia del Ministerio Público que los llevó a justificar de manera insuficiente a los abogados de los 8 acusados no ha permitido aun al Juzgado anticorrupción evaluar el pedido de prisión., empero, todo indica que en unas semanas se deberá deslindar este caso que es otra de las perlas que nos dejaron aquellos que quisieron levantarse en peso a la región Ancash.
La pelota está en la cancha de los operadores de justicia, la gravedad de los hechos salta a la vista, la colisión es terrible y amerita que la justicia se despoje de aprehensiones con aquellos que han esquilmado las arcas de las entidades regionales. Ya es momento de decirle al Pueblo que la impunidad es cosa del pasado.