Editorial

EDITORIAL ::MEDIDA INDISPENSABLE::

Anteanoche, luego de un áspero debate que se vio accidentado por el enfrentamiento verbal entre dos concejales, finalmente el pleno de la Municipalidad Provincial de Santa decidió aprobar la suspensión del alcalde Julio Cortez Rojas y designar en su remplazo, en calidad de encargado, al profesor Humberto Ortiz Soto.

La decisión demoró una semana más de lo previsto debido a ciertas exquisiteces de algunos regidores que la semana pasada demandaron que primero el Poder Judicial remita la copia certificada de la sentencia que ha condenado al alcalde Julio Cortez y lo mantiene, hasta la fecha, en calidad de prófugo de la justicia.

Inclusive, algunos regidores señalaron que no solo se requería de esta copia certificada sino de un informe de asesoría legal de la comuna a efectos de poder establecer las medidas que se deberían adoptar en las actuales condiciones de crisis que agobia a la casa consistorial de nuestro puerto.

Cierto es que la famosa copia certificada llegó en la medida que ahora existe una ley que obliga a los operadores de justicia a oficiar a los organismos electorales e instituciones públicas la copia de las sentencias que involucren un impedimento o inhabilitación para una autoridad en ejercicio.

Esto porque una dependencia publica que ingresa a una suerte de crisis de inestabilidad por la vigencia de un fallo condenatorio, exige la inmediata reacción de los organismos encargados de suceder a quien ha quedado descalificado para seguir ejerciendo el cargo, por lo menos hasta que se deslinde su condición jurídica cuando existen aun instancias en la que se tengan de revisar esas sentencias.

Por ello es que el pleno edil ha sesionado anteanoche con los documentos judiciales pertinentes, de tal suerte que no existía otra alternativa que proceder a suspender al alcalde condenado y designar al primer regidor como manda la norma. Este acuerdo debe ser remitido al Jurado Nacional de Elecciones para los efectos que deje sin efecto las credenciales de Julio Cortez y expida las que ostentará Humberto Ortiz.

Este acuerdo era esperado en la medida que no solo existe la necesidad de emprender los trámites en marcha que requieren el visto del despacho de alcaldía, sino que en este momento la comuna provincial atraviesa por una etapa sumamente complicada como consecuencia de nuevas denuncias por acto de corrupción en la gestión de la ex alcaldesa Victoria Espinoza y del suspendido alcalde Julio Cortez.

Estas denuncias fueron formuladas el pasado fin de semana por el secretario general del Sindicato de trabajadores Municipales José Rosas Arias, quien mostrando documentos fehacientes y reveladores, denunció una escandalosa sobrevalorización en la compra de bienes que requiere la comuna provincial.

En esa primera oportunidad se denunció la compra de guantes para el personal de limpieza y el par que en el mercado local no cuesta más de 8 soles se compraron nada menos que en 65 soles, es decir 8 veces más que su valor real.

Inclusive, cuando se adquiere guantes en gran cantidad, como en este caso hizo la comuna provincial el precio de un proveedor debe descender mucho más, de allí que los trabajadores sindicales se sorprendieron cuando caminaron apenas una cuadra y media desde el Palacio Municipal y compraron en un establecimiento los mismos guantes en 7.80 nuevos soles.

Si esto es así, quiere decir que si en un proveedor que cotiza al por mayor el precio se reduce mucho más, no existe lógica ni explicación alguna para que la comuna provincial haya comprado ese producto en tan elevado precio sino en la conocida componenda que suele registrarse en la administración pública, en la cual se favorece a ciertos proveedores a cambio de un beneficio económico. Al fin y al cabo quien paga toda la cuenta será siempre la entidad pública.

Pero esa no fue la única denuncia que hicieron los servidores ediles, también revelaron que la comuna adquirió cinta de embalaje, que usualmente se compra en 2 dos o tres soles en cualquier establecimiento, por la que ha pagado poco más de 8 soles, nuevamente el sobredimensionamiento de precio se eleva en cuatro veces más, en abierto perjuicio de las arcas ediles.

Lo más grave que en este último caso, el vendedor de este producto consigna una dirección de su negocio en un Asentamiento humano hasta el cual llegaron los trabajadores denunciantes y verificaron que la dirección que se consigna en el compro-bante de pago no existe, es un terreno abandonado y llama la atención que funcionarios ediles hayan aceptado este documento sin haber verificado absolutamente nada.

De la misma manera, los empleados y funcionarios de la oficina de logística son personas que están virtualmente al día en el precio de los productos, manejan catálogos de muchos de ellos para los efectos de conocer cuánto es lo que se quiere cobrar a la comuna y lo tienen, precisamente, para evitar ser sorprendidos,

Como entender entonces que haya pasado esta escandalosa compra sino es por la colusión y el contubernio entre funcionarios y empresarios que se llevan la mayor parte de la torta presupuestal en base al engaño y el embuste.

Hasta donde se sabe, la comuna decidió retirar a los involucrados de sus respectivos puestos, empero, solo los envían a otro cargo, cuando lo que se requiere en estos casos es que la comuna provincial defienda su patrimonio y denuncie penalmente a los responsables de este “escandaloso amarre”, como se conoce en el argot popular a esta clase de contubernios desleales y delincuenciales.

Por ello era imperativo que el concejo municipal, designe oficialmente al nuevo alcalde en la medida que es urgente que se ponga orden al interior de la comuna y que se ponga a los responsables a disposición del Ministerio Público, la comuna provincial necesita de estabilidad, no es posible que en una misma gestión se haya suspendido a dos alcaldes por sentencia a una pena efectiva que reciben por delitos cometidos en el ejercicio de la misma función que hoy ejercer en la comuna.

Que la justicia se encargue de ellos, lo que se quiere ahora es que la Municipalidad no cargue con el bulto de la corrupción y para ello se requería de una medida indispensable como es la suspensión del alcalde Julio Cortez y la designación de su sucesor, ahora esperaremos pacientemente que se ponga tras las rejas a los responsables de este burdo festín de dinero.