Uno de los casos de corrupción emblemáticos de la gestión del expresidente regional César Álvarez Aguilar, más conocido como “Caso SISA” acaba de iniciarse en su fase de juicio oral la semana pasada y no se detendrá hasta que se consiga una sentencia final en la medida que finalmente se han presentado todas las partes.
Se trata del proceso penal que se inició como una de las tantas maquinaciones que se hicieron en la época de la red de corrupción de Ancash y que se asumió como la escandalosa sobrevalorización de un perfil técnico que el proyecto especial Chinecas requería para poder iniciar su ejecución y cuyo trabajo fue encargado a un consorcio conocido como SISA al que se le pagó una escandalosa cifra.
Justamente, lo que no se puede dejar de ver es que esta acusación se inicia por la existencia de una propuesta del INADE, manejada por el extinto ex alcalde de la ciudad Alberto Alfaro Beltrán, con la finalidad de actualizar estudios para poder llevar adelante el proyecto Chinecas, quien señaló en esa oportunidad que se podría habilitar una partida de 120 mil soles para actualizar los estudios que para entonces ya contaba el proyecto irrigador.
Sin embargo, luego se conocería que esta propuesta no solo había sido ignorada, sino que se pasó por encima de ella para transar en una consultoría que se adjudicó al consorcio SISA por la suma de cinco millones de soles, es decir, cincuenta veces más el valor que se sugería, lo que puso de manifiesto que existió de por medio un extraño interés.
Esta denuncia sufrió serios inconvenientes inicialmente, solo avanzó contra los ex funcionarios de Chinecas involucrados en la adjudicación y selección de la empresa beneficiaria, así como contra el representante legal de la firma, empero, en lo que concierne al ex presidente regional operó aquel aparato encubridor de entonces que contaba con una costra de magistrados dispuestos a blindarlo a cambio de generosas remesas.
Esto lo ha señalado una y mil veces la “comisión Ancash” del congreso de la república que investigó la gestión de Álvarez Aguilar, por ello no extrañó que en este caso específico la situación jurídica del ex gobernador regional no haya permitido que, por ejemplo, a la fecha ya se cuente con una sentencia en este caso.
Ello porque cuando el caso se encontraba con acusación del Ministerio Publico, no consideraba a César Álvarez por haber sido beneficiado en primera instancia con una excepción de improcedencia de acción que lo dejaba al margen del proceso pero que se encontraba con un recurso de casación pendiente de resolverse en la máxima instancia de la Corte Suprema.
Los periodistas de Chimbote recuerdan que estando el caso a punto de iniciarse en fase de juicio oral se aprobó una solicitud para que se espere el fallo de la Corte Suprema a efectos de incorporar o no a César Álvarez en este proceso, pues existía una dirimencia que había prolongado esa incidencia y no terminaba de resolverse.
En realidad, los votos iniciales estaban dados y solo restaba el ultimo cuyo ponente demoraba exageradamente el trámite, empero, luego se conocería que la causa no solo había sido votada desfavorablemente a César Álvarez sino que por extrañas razones se mantuvo en los archivos de la Sala Penal Suprema y no se remitió sino después que la presión mediática hizo reaccionar a los operadores judiciales.
Solo de esta manera se pudo incorporar a Álvarez, se le debió investigar primero y acusar luego para equipararlo en la acusación que esperaban los demás ex funcionarios de Chinecas y de esta manera se llegó a esta instancia de inicio del juicio oral contra todos los que se encuentran denunciados.
Pero como no hay mal que por bien no venga, reza un conocido adagio, esta suerte de paralización del caso Sisa ha servido para que la Fiscalía pueda acumular nuevas e importantes evidencias derivadas de los testimonios de colaboradores expuestos en otros procesos, especialmente en el caso “La Centralita”, en donde uno de ellos reveló las entrañas del negociado del perfil SISA.
De esta manera, se pudo conocer que antes que se realizara la licitación sobrevalorizada que trata este expediente, el ex presidente regional Cesar Álvarez, por mediación del empresario Martín Belaunde Lossio, había conseguido colocar el proyecto Chinecas a la corrupta empresa brasileña Odebrecht, había ofrecido adjudicarle el millonario proyecto y para ellos el consorcio SISA elaboró un expediente técnico por un valor de 680 mil nuevos soles.
Las negociaciones estuvieron sumamente avanzadas y seguramente habrían llegado a un buen puerto sino es por la desmesurada ambición del ex titular de Ancash que recibió en la ciudad de Huaraz al enviado de Odebrecht, un empresario de nacionalidad brasileña identificado como Samuel Vasconsuelos Boggio, con quien no llegó a un acuerdo por el pago de la coima, o del diezmo como se le conoce técnicamente.
La empresa brasileña le ofreció a Álvarez el 2.5% del valor del proyecto, empero, éste exigió nada menos que el 10%., pretensión que hizo abortar la operación y que dio lugar a la retirada exabrupta de la empresa brasileña, dejando el expediente técnico listo para ser ejecutado.
Por ello es que, como lo ha descrito el colaborador, César Álvarez y el consorcio SISA llegan a aun acuerdo para que se licite la consultoría del expediente trabajado a nivel del perfil y se le adjudique en cinco millones de soles. Es decir, transaron sobre una materia que ya existía y solo se elaboraron bases ex profeso para justificar un inexistente proceso de selección, razón por la cual hoy son investigados.
El Fiscal Anticorrupción del Santa, Carlos Roncal Cancino, solicita 5 años de prisión efectiva para el ex gobernador regional de Ancash César Álvarez Aguilar y 4 años más 10 meses de cárcel para el pastdecano del Colegio de Ingenieros y ex gerente del Proyecto Especial CHINECAS, Ing. Hugo Rojas Rubio, hoy prófugo de la justicia. Además pide para los exfuncionarios de CHINECAS, Ing. Carlos Peralta Ruiz 4 años y 10 meses, como coautor, y Víctor Francisco Córdova Gonzales, 4 años 8 meses en calidad de cómplice primario, mientras que para el representante de Consorcio SISA, Edmundo Wilmer Cornejo Muñoz (extraneus), para quien la Fiscalía pidió 3 años de prisión efectiva. Las cartas ya están sobre la mesa, es el turno de la justicia.