En los últimos años los casos de violencia familiar se han incrementado de manera ostensible, especialmente aquella que están relacionadas con las agresiones de la pareja o ex pareja y las incidencias que tiene estos hechos sobre los hijos, esencialmente cuando se trata de menores de edad.
Los últimos acontecimientos ponen de manifiesto que la violencia familiar se extiende tanto como la violencia de género, empero, a diferencia de otros años, con la exposición mediática de muchos hechos y de medidas judiciales, el número de denuncias fue creciendo, lo que no significa necesariamente que los casos aumentaran.
Ocurre que en los casos de violencia familiar, su propio nombre indica la existencia de graves conflictos de dos personas que se encuentran o estuvieron sentimental y familiarmente vinculadas, lo que genera un margen de debilidad entre las víctimas para denunciar a su agresor no solo por un factor de vergüenza, sino de miedo y temor.
De allí que se afirma que el incremento de esta clase de denuncias que se engendran en el seno familiar obedece más que nada a la liberación de muchas ataduras por parte de mujeres que han perdido ese miedo o temor a formular las denuncias, han encontrado en las nuevas modalidades de comunicación un aliado para poder formalizar cargos sin necesidad que la situación se agrave.
Por ello es que, por ejemplo, la semana pasada, en el marco de una ceremonia pública, el Juez del Segundo Jugado Mixto de Nuevo Chimbote, Norman Tantas Saavedra, informó que en lo que va el año 2018, su despacho ya viene emitiendo más de 750 medidas de protección en materia familiar para mujeres o niños violentados.
Pero también añadió que la representante del Primer Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote, Celia Del Pilar Bustos Balta, manejaría la misma cantidad de resoluciones, hecho que llevaría a concluir que solo en el año se hayan emitido más de mil 500 medidas de protección.
De allí que en materia de estadísticas y comparando con los registros de años anteriores, el magistrado refiere que estas decisiones han aumentado en un 20 por ciento lo que quiere decir que los denunciantes ya saben sus derechos y no están callando.
La pregunta que muchos pueden hacerse cuando han escuchado o leído las cifras que ha proporcionado el magistrado están relacionadas a las implicancias que tienen ellas en medio de un clima de violencia y beligerancia dentro de una relación de familia ya destruida.
En realidad las medidas de protección son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a las víctimas de las agresiones e impedir la continuación de estas, el cese de la violencia, inclusive, estas medidas de protección van más allá, por cuanto buscan que la víctima se sienta tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida normal, rehabilitándola de sus traumas.
Entre las medidas de protección más comunes que se encuentran establecidas en nuestra legislación, están el retiro del agresor del domicilio de la víctima, el impedimento de acoso a la víctima, la suspensión temporal de visitas y el inventario sobre los bienes.
Lo que se busca con estas medidas de protección es que si existen relaciones que se han resquebrajado y se hacen insostenibles, se debe procurar que desaparezcan los roces y los nuevos enfrentamientos, se debe garantizar la tranquilidad de la víctima y para ello un magistrado debe establecer que el agresor no pueda acercarse a una determinada distancias de la víctima bajo apercibimiento de asumir medidas más drásticas en su contra.
Lamentablemente quienes se ven incursos en esta clase de actos de violencia familiar suelen transgredir las medidas de protección, a muchos les importa un pepino que les hayan impedido acercarse a su ex pareja porque se arrebatan y vuelven a acosarlas o agredirlas, aun cuando son conscientes que la legislación prevé hoy por hoy sanciones mucho más drásticas en esos casos.
Justamente, la estadística proporcionada por el Juez Norman Tantas pone de manifiesto la osadía y el atrevimiento de quien ha sido objeto de una medida de restricción judicial, los agresores están llegando a extremos insospechables y todo indica que el endurecimiento de las penas no los están deteniendo.
Muchos deben recordar el caso de la joven que fue quemada en el interior de un microbús de pasajeros en Lima, Eyvi Agreda, víctima de la intransigencia de algunas autoridades que no expidieron a tiempo una medida de estas características.
Ella era acosada por un compañero de trabajo, si bien es cierto el caso no cae en el ámbito familiar, el acoso enfermizo en contra de mujeres debe ser atendido con diligencia, deben actuarse los mecanismos necesarios para impedir que las sospechas de esa joven se conviertan en desgraciadas realidades cuando atentan contra su integridad.
Hay que tener en cuenta que los casos de violencia familiar, como los de violencia contra las mujeres y los niños, son temas sumamente sensibles en estos tiempos, se tiene que apelar a toda clase de medidas y acciones para impedir que los actos de violencia se incrementen, aun cuando creemos que antes que el endurecimiento de las penas el caso pasa por un tema de inadecuada educación y formación en el hogar.
Las revelaciones del Juez Norman Tantas se formularon en el marco de una ceremonia en la cual la Defensoría Municipal de la niña, niño y adolescente de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, recibió la acreditación por parte del Ministerio de la Mujer, para que pueda actuar de inmediato en el procedimiento por riesgo de desprotección familiar.
Es la tercera DEMUNA del país que recibe esta autorización que redundará en favor de las víctimas, que permitirá que el caso de violencia no llegue necesariamente a una Fiscalía o Juzgado de Familia para proteger a una víctima, lo que vigoriza el sistema de protección que se requiere en estos casos.
Esto quiere decir que mientras más medidas de protección expidan los juzgados mas garantías tendrán las víctimas para despejar el riesgo y peligro sobre ellas. Esperemos que con estas nuevas acreditaciones se haga frente con mayor efectividad el problema de la violencia familiar en la provincia y en todo el país. Ese debe ser el objetivo final.