La directora ejecutiva del Hospital La Caleta de Chimbote, Catherine Vanesa Blas Villar, rechazó las acusaciones sobre una presunta preferencia en la contratación de personal y proveedores procedentes de Trujillo. Aseguró que las decisiones administrativas y presupuestales de su gestión se realizan respetando la normativa vigente y la Ley de Contrataciones del Estado.
Durante una conferencia de prensa realizada ayer, la funcionaria sostuvo que la mayor parte del equipo directivo y de las jefaturas del hospital permanece desde administraciones anteriores. Precisó que los únicos cambios de confianza realizados durante su gestión corresponden a las jefaturas de Logística y Planificación.
Blas Villar explicó que los desplazamientos de trabajadores en algunas áreas responden a la necesidad de corregir deficiencias administrativas. Como ejemplo, señaló que encontraron irregularidades en los procedimientos de Logística, donde algunas áreas usuarias presentaban requerimientos acompañados de estudios de mercado previamente elaborados, pese a que dicha responsabilidad corresponde a la propia unidad de Logística.
En cuanto a las adquisiciones, presentó cifras de las órdenes de compra tramitadas durante los últimos dos meses. Detalló que en septiembre se emitieron 90 órdenes, de las cuales solo una correspondió a un proveedor nuevo. En octubre, de las 70 órdenes procesadas, únicamente seis fueron adjudicadas a nuevos proveedores procedentes de Lima y Trujillo.
Con estos datos, la directora sostuvo que la mayoría de las contrataciones continúa realizándose con proveedores de Chimbote que cumplen los requisitos técnicos y las condiciones exigidas por el establecimiento de salud.
En la conferencia también participaron los responsables de las unidades de Personal, Logística, Estadística e Informática, Planificación y Economía, quienes respaldaron la exposición sobre la situación administrativa del hospital.
Finalmente, la funcionaria afirmó que su prioridad es mejorar la atención de los pacientes y garantizar que el personal cuente con las herramientas necesarias para cumplir sus funciones. Asimismo, negó que existan intereses personales detrás de sus decisiones y exhortó a quienes tengan denuncias formales a presentarlas ante el Ministerio Público.
Aseguró, además, estar dispuesta a someterse a las investigaciones de los órganos de control y recordó que la información sobre contrataciones y decisiones administrativas es pública y puede ser solicitada mediante la Ley de Transparencia.

