Omitieron sus funciones:
Servidores judiciales Elsa Lucar, Glen Contreras, Jenny Araujo y Leyla Arroyo, investigados.
La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) abrió proceso administrativo disciplinario a cuatro servidores judiciales de la Corte Superior de Justicia del Santa por faltas graves y muy graves en la tramitación del registro de condena de Rubén Moreno Olivo, alias “goro”, que supuestamente no fue incluido en el Registro Nacional de Condenas y por ello, terminó siendo excarcelado ilegalmente.
Los cuatro servidores investigados son Leyla Araceli Arroyo Rubio de Pérez, secretaria judicial de la Segunda Sala Penal de Apelaciones y en adición a sus funciones como apoyo al Juzgado Liquidador de la Corte del Santa así como sus asistentes Jenny Araujo Sarrin y Glen Jonston Contreras Acuña, éste último quien ya no trabaja en dicha institución.
Finalmente, ha sido comprendida en la investigación administrativa disciplinaria la secretaria del juzgado liquidador, Elsa Selena Lucar Milla. Esta última trabajadora deberá responder por dos cargos: por haber infringido el deber de cumplir con eficiencia las labores que desempeña (al igual que los otros tres imputados) pero además por incurrir en actos de omisión, que sin ser delito, vulnere gravemente los deberes del cargo”.
Este inicio de proceso administrativo disciplinario fue decidido por el Jefe de Unidad de ODECMA, Juez Superior Titular Willians Vizcarra Tinedo, pero estará a cargo en las pesquisas por el Juez Superior Provisional Víctor Alcocer Acosta quien emitirá pronunciamiento como primera instancia. Si los investigados interponen recurso de apelación, la jefa de ODECMA, Anita Alva Vásquez revisará la decisión.
En este mismo informe preliminar del Juez Superior Titular Willians Vizcarra Tinedo, se excluyó de la investigación administrativa disciplinaria al Juez Superior Daniel Vásquez Cárdenas y al Juez Especializado Javier Carrión Basauri, al advertirse que si cumplieron con disponer que se cursen los oficios respectivos a los entes responsables.
¿QUE PASÓ?
Según las indagaciones preliminares que establecieron indicios para iniciar un proceso administrativo disciplinario en contra de estos 4 servidores judiciales, inicialmente cuando se remitió el expediente de la condena ejecutoriada en contra de Rubén Moreno Olivo al Registro Nacional de Condenas en Lima, en diciembre del 2018, hubo una devolución porque faltaba el sello de la secretaria judicial.
Subsanado ese aspecto se volvió a remitir a Lima copias del expediente y nuevamente el Registro Nacional de Condenas devuelve el envío, porque faltaban cuatro folios de la condena de primera instancia. Esta segunda devolución ya no llegó a la Sala Penal de Apelaciones, sino al centro de distribución que lo derivó al Juzgado Liquidador que no subsanó ese faltante.
En la Corte Superior de Justicia del Santa, consideran que el Registro Nacional de Condenas si debió inscribir la condena y esperar la subsanación de los documentos faltantes como un error menor y totalmente irrelevante, en la medida que las condenas de segunda instancia y la ejecutoria suprema que declaró infundado el pedido de nulidad, si estaban completos. La investigación a los cuatro servidores judiciales debe durar 60 días.