SACUDIDA
La semana pasada se pudo conocer que uno de los abogados implicados en el fraude perpetrado en la universidad San Pedro y conocido en los medios judiciales como “asesorías fantasmas”, está buscando sacudirse del lastre que representa esta condena y no solo pretende salir del penal por pena cumplida sino que pretende dejar sin efecto el antecedente penal. Se trata de Alberto Toro Castro, un veterano abogado chiclayano que al final de cuentas, fue el único que puso el pecho y cargó con la condena efectiva, pues era el único que hace casi tres años estuvo presente en la audiencia de lectura de sentencia y por ello fue el único que pagó con carcelería por este millonario fraude. Los demás encausados, comenzando por el ex rector de la U. San Pedro, José María Huamán Ruiz, se hicieron humo, prefirieron lanzarse a la clandestinidad y se encuentran escondidos hasta la fecha. Sin embargo, el abogado no quiere cargar con el antecedente y por ello, aun cuando está próximo a cumplir con la condena efectiva en el Penal de Cambio Puente, ha planteado una excepción de prescripción de la acción penal, dejando entrever que, en realidad, no debió ser condenado sino extinguirse la denuncia en su contra, ello porque alega que el último acto delictivo respecto a los cobros fraudulentos que se hicieron en contubernio con el ex rector, es del año 2012 según el asiento contable que se ha detallado en el peritaje, consecuentemente, señala que los seis años de pena se reducen por su responsabilidad relativa en la medida que tenía más de 65 años cuando se registraron estos hechos, algo que aparentemente, no hizo valer en su defensa durante el juicio. Lo cierto es que ya es muy tarde para estar haciendo esta clase de reclamos, por ello es que en primera instancia su pedido fue desestimado y ahora debe resolver la sala penal de apelaciones. Lamentablemente, mientras esto ocurre, el derecho de castigo que demandó la justicia en este escandaloso caso se ha difuminado porque ninguno de los condenados, con excepción de dos de ellos, fueron capturados y llevados a la cárcel, todos se mantienen en condición de prófugos a la espera que prescriba el derecho del estado a perseguirlos por el accionar doloso que permitió la sustracción de más de 3 millones de soles de las arcas de la universidad. Esto no debe permitirse.
INTERVENCION
Uno de los lados más flojos de las entidades públicas es la corrupción, la existencia de manejos turbios por parte de los funcionarios de turno quienes, lejos de ser denunciados y entregados a la justicia, pasan piolas porque solo los destituyen como si eso fuera una sanción cuando el perjuicio del erario regional es cuantioso. En esta oportunidad, desde hace varias semanas se estaba denunciando la existencia de hechos dolosos en la red de salud Conchucos Norte y, todo indica que las averiguaciones que realizó el gobierno regional, establecieron que realmente los funcionarios en los cuales depositaron su confianza, habían hecho escarnio de los recursos que se les entregó para su buena administración. Por ello es que hace poco más de una semana la gerente regional, Gina Gálvez, por encargo personal del Gobernador Juan Carlos Morillo, llegó hasta la localidad de Pomabamba para intervenir esta dependencia tras confirmarse la desaparición nada menos que de 311 mil soles de la caja fuerte de la institución. En realidad, se habla de mucho dinero como para que el caso pase desapercibido o que traten de ocultarlo, la protesta en esa jurisdicción no se hacía esperar y el gobierno regional ha manifestado que no pretende encubrir a nadie. Entonces, no hay vuelta que darle, esperemos que el viaje de la gerente y sus asesores no haya sido solo para colocar a nuevos funcionarios, sino para demandar que se investigue a través del Ministerio Público porque allí existe una grave afectación patrimonial a la región.
CHOLO
La denuncia pública que ha formulado un ex presidiario que viene siendo acosado por malos efectivos de la Policía Nacional, debe merecer la atención del Coronel Jorge Cotito. Ello porque lo que expone Linder Denis Briceño Infantes (44), conocido como “Cholo Denis”, es un típico acoso por parte de quienes pueden empapelarte sino accedes a sus requerimientos. No es el primero, y seguramente no será último, de los casos de coacción contra quienes vivieron pasajes ligados a la delincuencia en el pasado, empero, todos tienen derecho a reivindicarse ante la sociedad y que se respete su derecho de readaptación. Esperemos que el coronel cante como buen gallo dentro de su institución.