Proyectos mineros reducirán 10 puntos de pobreza hacia el 2031
Por: Víctor Andrés Ponce (*)
De acuerdo al estudio “Impacto económico y social de la minería en el Perú Sur- Este (Apurímac, Cusco y Puno), presentado por el Instituto de Ingeniero de Minas del Perú (IIMP) y el Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD), si se ejecutara la cartera de proyectos mineros la pobreza en estas tres regiones podría descender en 10 puntos porcentuales hacia el 2031. En otras palabras, la minería puede ser la diferencia entre la pobreza y la prosperidad.
En el caso de Apurímac las proyecciones son asombrosas. Por ejemplo, esta región cuenta con una cartera de inversiones de más de US$ 10,000 millones que permitirían una reducción de pobreza de más de 16 puntos. De esta manera este flagelo social se reduciría del 29% actual a un 13% en el 2031. ¿Cómo entender entonces la ofensiva del radicalismo antiminero en contra de MMG-Las Bambas y otros proyectos, como Los Chancas, en la mencionada región?
Según el mencionado estudio la cartera de inversiones en el Cusco –que suma US$ 2,226 millones– posibilitaría reducir la pobreza de 29% a 19% en el 2031, mientras que los proyectos en Puno –que significan US$ 1,555 millones– permitirían disminuir la pobreza del 40% actual a 26% hacia el 2031.
El sur, entonces, en el año 2031 podría convertirse en un área con una evidente mayoría de clases medias emergentes, tal como ha sucedido en Lima y en algunas regiones de la costa. La pobreza estaría en retirada gracias a la minería.
El mencionado estudio, igualmente, señala que la ejecución de la cartera de inversiones mineras posibilitaría crear 190,000 puestos de trabajo en las tres regiones mencionadas e incrementaría el número de personas empleadas por la minería a nivel nacional –de manera directa e indirecta– a más de 424,000. Considerando a las familias vinculadas a estos empleos, la mencionada investigación señala que alrededor de 1.7 millones de personas se beneficiarían en Apurímac, Cusco y Puno.
Las tres regiones mencionadas tienen un total de 14 proyectos mineros que representan alrededor del 26% del total de la cartera nacional de inversiones, que suma más de US$ 53,000 millones.
A partir de esta información una de las preguntas que surge es, ¿cómo es posible que la inversión minera no vaya a crecer en el 2022 no obstante el potencial que representa para el sur y el país en general, y no obstante también el superciclo de precios de los minerales, sobre todo el del cobre?
La única explicación de esta tragedia, de este crimen en contra de los pobres del Perú, tiene que ver con el proceso de destrucción nacional que desarrolla el Gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre. Los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones han sido realmente letales para las posibilidades de nuevas inversiones mineras en el país. En un reciente evento mundial de la minería en Canadá, a pesar de los esfuerzos de Oscar Graham, ministro de Economía y Finanzas (MEF) –quien anunció que se prorrogaría las exoneraciones a la exploración en minería e hidrocarburos– se sintió la distancia y la ausencia de las grandes corporaciones e inversionistas con respecto al Perú. Estas compañías hoy parecen preferir las seguridades jurídicas que ofrece Ecuador.
Si alguien duda acerca del papel destructivo del Gobierno, vale recordar que la minería representa más del 60% de las exportaciones, el 10% del PBI y el 12% del total de la inversión privada. Durante el 2021, la minería aportó más de S/ 14,000 millones al fisco nacional –un verdadero récord en la historia republicana– gracias al sistema de tributación minera.
Algo más. Si se ejecutara la cartera de proyectos mineros el Estado recibiría más de S/ 350,000 millones. ¿Cómo, pues, se puede estar en contra de la minería moderna?
(*) Director de El Montonero
(www.elmontonero.pe)