El viernes último un reprochable acto de prepotencia ensombreció la celebración del “Día del Campesino” en plena ceremonia oficial de San Pedrito. Un grupo de personas que fungen de “seguridad” del gerente general de Chinecas, Ing. Jeff Cárdenas, no tuvo el menor reparo en empujar y golpear a varios periodistas que lo único que querían era entrevistar al funcionario. Y no era para menos. Desde hace mucho tiempo existe al interior de Chinecas un extremado silencio respecto a varios temas que la opinión pública de Chimbote está en su derecho de conocer.
Los hombres y mujeres de prensa querían que el Ing. Cárdenas responda sobre la supuesta invasión de tierras por parte de gente armada y asimismo sobre el anuncio de una próxima subasta de tierras. De igual modo, hubiera sido ideal que el jefe de Chinecas aprovechara la oportunidad para despejar dudas respecto al acaparamiento de las aguas del río Santa por parte del proyecto liberteño Chavimochic.
Pero todo parece indicar que la intención de los periodistas lo único que hizo fue incomodar al funcionario. En vez de responder las preguntas, el jefe de Chinecas optó por abandonar la ceremonia en forma precipitada. Fue entonces cuando en su afán de conversar con él, los hombres y mujeres de prensa resultaron víctimas de este vergonzoso acto de prepotencia.
En Chimbote para nadie es un secreto que las personas que actúan como seguridad de ciertos funcionarios públicos, son gente que se dedica al intercambio de favores y no solamente de carácter remunerativo sino también político. Así como actúan de guardaespaldas, también suelen hacerlo como portátil. Esta es una costumbre muy arraigada en varias reparticiones del gobierno regional de Ancash, que tal vez ingenuamente creíamos abandonada. Lo que quiere decir que en Chinecas las cosas continúan exactamente igual que durante la época de los comandos.
Pero en cuanto a libertad de prensa se refiere, eso no es todo. Impulsada por esta misma actitud de autoritarismo e intolerancia, la presidencia el Consejo de Ministros acaba de presentar al Congreso de la República un proyecto ley que bien podría llamarse La ley del Silencio. De acuerdo con este planteamiento, en adelante se prohibirá la difusión de toda noticia relacionada con procesos judiciales de corrupción y que tengan como fuente de información trabajos de investigación periodística.
No contentos con eso, la pretendida norma propone sancionar hasta con cuatro años de prisión efectiva a los profesionales de la información que se atrevan a publicar estos trabajos. Como se sabe, estas noticias son resultado de una labor que se desarrolla con extrema responsabilidad y profesionalismo. Esta labor ha permitido destapar sonados casos de corrupción y, por si fuera poco, casi siempre ha allanado el camino para el trabajo que realizan jueces, fiscales y la propia Policía Nacional.
Lo extraño de todo esto es que la presentación del referido proyecto de ley coincide con el caso de presunta corrupción en el que aparecen involucrados un ex ministro de estado y altos funcionarios del actual gobierno, incluyendo a familiares consanguíneos del presidente de la República, quienes en este momento se hallan en condición de prófugos de la justicia.
Una ley del silencio solo puede aplicarse en regímenes totalitarios, no en un gobierno democrático cuyo mandato emana de la voluntad popular. El Perú necesita estar bien informado y que se respete su derecho a ejercer crítica, pero con una ley así, corremos el riesgo de ser un país desinformado y además intimidado. La prensa no puede ser una sirvienta a disposición de prepotentes y que encima de todo tenga que pagar los platos rotos.