Afirma el Contralor Regional Emerson Rucoba:
De la estadística que ha hecho pública la Contraloría General de la República, donde se indica que más de ocho mil funcionarios públicos están implicados en casos irregulares con alguna responsabilidad, ya sea administrativa, penal o civil, 320 son de la región Ancash; de los cuales doscientos aproximadamente tienen responsabilidades penales, pero lamentablemente no se conoce si realmente los implicados en estas irregularidades han sido sancionados por las instancias respectivas. Nuestro Diario conversó con el Gerente de la Contraloría en nuestra región, Emerson Rucoba Tananta, quien puntualizó de manera directa que todos los informes que ellos elaboran son remitidos al Procurador Anticorrupción.
Aquí la entrevista.
– El hecho que el contralor haya manifestado que de 8 mil funcionarios implicados tienen responsabilidad administrativa, en Ancash son 320, cuantos tienen responsabilidades penales?.
Justamente de esos 320, el estudio que ha difundido de la Contraloría General, que son más de 8 mil, datan de los año 2019 – 2022. De los funcionarios comprendidos. En el caso puntual de los 320 funcionarios y servidores solamente del periodo 2022 aquí en la región Ancash. De estos, no todos tienen presunta responsabilidad administrativa ni penal. De hecho, que, en este caso, 320 con responsabilidad administrativa, 200 aproximadamente con responsabilidad penal y también responsabilidad civil un promedio de 80 funcionarios.
– Tienen ustedes una estadística, de todos aquellos que ustedes señalan con responsabilidades civiles, penales, finalmente han sido sancionados?.
No, sinceramente es lo que llama mucho la atención de la insistencia por parte de la Contraloría General de la República, de que los funcionarios comprendidos en nuestros informes de control, muchas veces no han llegado a ser sancionados. No hay una sanción que realmente alguna autoridad haya dispuesto o que llegue a sancionarse. Ninguna, no tenemos. Al extremo, a lo mucho, por el procedimiento que tenemos, ha sido una llamada de atención, escrita o verbal o hasta suspensión de algunos meses, a pesar que tienen presunta responsabilidad o ser evidente el delito, no se ha llegado a contar con una sanción ejemplar.
– La Contraloría habrá tenido la intención de hacer el seguimiento de esos casos, o ya queda solamente en informes.
No, todo lo que hacemos es seguimiento o recomendaciones. Dentro de estas recomendaciones, está justamente si la entidad acciona o no, pero ya no podemos tener injerencia mejor dicho de la sanción que ha emitido la entidad a través de las comisiones de proceso, porque las comisiones de proceso disciplinario; ellos son los que hacen todo ese análisis y al final terminan o en todo caso dejan de prescribir, entonces es un trabajo que no hacemos nosotros.
– Y esas prescripciones, para esos casos civiles y penales?
Cuando se trata de presunta responsabilidad del tipo penal y civil puntualmente, el trabajo de la Contraloría General culmina con la emisión del informe, el informe con presunta responsabilidad penal es comunicado al Procurador Público Anticorrupción para que pueda presentar la denuncia correspondiente al Ministerio Público.
– Ustedes envían una copia del informe?
Así es, o sea todos los informes en estos últimos años, 2022, todos esos informes con presunta responsabilidad penal fueron remitidos, una copia, al procurador público anticorrupción. Justamente porque, de acuerdo a las últimas disposiciones, todas las procuradurías públicas anticorrupción, por tema de corrupción de funcionarios, son los responsables de presentar la denuncia al Ministerio Público, ninguna otra entidad. Si un hecho ilícito ocurre en la provincial del Santa, ni siquiera lo va a ver la Contraloría, lo van a trasladar a la Procuraduría, ya sea lo que evidencie la entidad o a través de los informes de control, o por denuncias de medios. Todo ello recoge el Ministerio Público e inician la investigación. Nada es desconocido por el Procurador, porque todo llega a ellos.
En el caso, cuando identificamos responsabilidad civil, eso sí nosotros lo que hacemos es recogemos traslado al Contralor Público de la Contraloría General, ellos son los que en este caso presentan la demanda al Poder Judicial.
– Y, en qué momento sancionan a la entidad.
Justamente viene de las sanciones que determinan las entidades públicas, esa es la sanción administrativa. Sin embargo, un funcionario que actualmente está en curso, con proceso pendiente, y llega a ser sentenciado el día de mañana, en este caso por temas de corrupción, inmediatamente la entidad debe inscribir porque es una destitución automática. Todo funcionario o servidor público esté en ejercicio, o que haya sido sentenciado por el Poder Judicial inmediatamente es destituido por la entidad, ni siquiera es inhabilitado.