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Política

CRITICO

El distrito de Nuevo Chimbote está ad portas de celebrar sus bodas de plata institucionales. El distrito cumple 25 años de creación y en medio de los ajetreos por preparar una fiesta que esté a la altura de este acontecimiento, una noticia judicial genera conmoción entre los vecinos. El ex alcalde Valentín Fernández Bazán, quien gobernara por tres periodos al distrito ha pasado a las filas de los prófugos de la justicia luego que la juez del Sexto Juzgado de investigación preparatoria, que tiene a cargo el proceso por delito de lavado de activos que se le instauró hace ya poco más de un año, ha declarado procedente el pedido de la Fiscalía anticorrupción y le ha dictado 12 meses de prisión preventiva, por lo que deberá ser ubicado y capturado para que lo trasladen al centro penitenciario. Justamente, en el presidio se encuentra el también ex alcalde de Nuevo Chimbote Juan Gasco Barreto, quien hace unas semanas ha sido sentenciado a seis años de cárcel por delitos que se le imputaron como consecuencia de su paso por el Municipio de Nuevo Chimbote. Gasco ya lleva dos años en prisión y esta a la espera de la audiencia de apelación de sentencia que revisará la pena que se le impuso, la cual es la última oportunidad que tiene para revertir esta situación. Lo que no nos puede dejar de llamar la atención es que en estos primeros 25 años de existencia, el distrito de Nuevo Chimbote tuvo cinco alcaldes, dos de los cuales tienen orden de internamiento en el penal. Una pena que las fiestas en el distrito sureño se vean empañadas de esta manera, empero, los fallos judiciales deben acatarse y aun cuando es evidente que la defensa del ex burgomaestre estará apelando la decisión judicial, entretanto, la Policía deberá buscarlo para ejecutar la orden.

JUGOSO

A propósito de prófugos de la justicia, el Ministerio del Interior acaba de disponer un incremento en el monto de la recompensa que ofrece a quien entregue información fidedigna del paradero de la ex alcaldesa Victoria Espinoza García, quien en Julio del año pasado ha sido condenada a cuatro de cárcel efectiva. El gobierno ha decidido doblar el monto de la recompensa pues se estaba ofreciendo un pago de 10 mil soles y ahora se ha elevado a 20 mil soles, una suma bastante atractiva para quien tiene información sobre su paradero e inclusive forme parte del entorno de la requisitoriada, el mismo incremento de la recompensa se ha establecido para sus co sentenciados, Julio Cortez Rojas y los ex funcionarios Micaela Flores Gómez y Javier Menacho Méndez, todos los cuales han sido condenados en doble instancia por el denominado caso de “Los Semáforos Inteligentes”. Es evidente que en los predios del poder ejecutivo preocupa que la Policía Judicial no haya podido hacer virtualmente nada por la captura de los condenados a pesar que han transcurrido nada menos que 10 meses en la clandestinidad, de allí que tiene que hacer algo para que la impunidad no siga ganando puntos a todo nivel. Veremos si este aumento de la recompensa rinde resultados.

POSTIZOS

Pensábamos que después de ver el penoso caso de la congresista Yessenia Ponce Villarreal, quien nadie entiende como es que sigue en el cargo y no ha sido desaforada hasta la fecha, sería el ultimo bochorno que podríamos pasar los ancashinos. Y es que las malas experiencias, así sean perniciosas y nocivas, sirven para que mañana o más tarde otros no hagan lo mismo. Sin embargo, todo indica que en Áncash todo esto es ilusorio, que los políticos no escarmientan y por ello ahora quien es la protagonista de un nuevo escándalo de presunta falsificación es la consejera regional por la provincia del Pomabamba, Lida Villanueva Príncipe, quien al parecer habría presentado un título falso para acreditar su condición de docente. Por lo menos, la Dirección Regional de Educación, que es la entidad en la cual la consejera laboraba ante de ser electa y pedir licencia sin goce de haberes, ha iniciado una investigación ante las denuncias periodísticas que dieron cuenta de un título expedido por un Instituto limeño con el cual la hoy consejera habría acreditado su condición profesional. El propio Director de Educación Robert Medina Gamboa ha confirmado la decisión de investigar ante las evidencias mostradas de manera mediática, razón por la cual se ha encargado esta tarea a la oficina de asesoría legal. Es realmente una mala suerte que en Áncash tengamos a elegir a gente que se vale de estas artimañas para poder ubicarse y mostrar méritos que no tienen, esperemos que la investigación de la DREA arroje resultados, empero, a juzgar por los alcances de la denuncia que ha trascendido en Huaraz en realidad ésta debería ser una tarea del Ministerio Público porque existiría de por medio la comisión de delitos.

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