Hay conflicto de intereses en Chimbote:

• Todos los fiscales se han inhibido porque dice que son grandes amigos con investigado que es esposo de Fiscal Nancy Moreno.
• Carpeta sigue entrampada en consultas y no avanza, ni siquiera han comprendido a ex consejeros y ex funcionarios de Chinecas sindicados por Contraloría.

procurador

Procurador Anticorrupción, Richard Asmat Urcia insiste que caso San Bartolo se investigue.

Gravísimo. La investigación fiscal por el caso “San Bartolo” a cargo del Fiscal Walberto Rodríguez Champi, arrastra un grave problema que podría atentar contra la estrategia misma de indagación. Resulta que existe una queja que aún no se resuelve y que versa sobre la necesidad que el Ministerio Público del Santa se pronuncie sobre 19 exconsejeros regionales y exfuncionarios de CHINECAS y del Gobierno Regional de Ancash, que fueron sindicados por un informe de Contraloría, pero que en la práctica, no han sido incluidos en la investigación que vence en febrero del año 2020.

Así lo alertó la mañana de ayer, el Procurador Anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia quien cuestionó que todos estos problemas y retrasos se originen porque en dicha investigación figura como imputado el esposo de la Fiscal Superior Decana, Nancy Moreno Rivera, lo que conlleva a que de manera directa o indirecta, se generen situaciones adversas al proceso de indagación y dilaciones poco transparentes.

En ese sentido, Asmat Urcia dijo que la inclusión o no de estas 19 personas en la investigación, que si fueron mencionados en el informe de Contraloría, hasta la fecha no hay pronunciamiento de la Fiscalía sobre si deben o no ser incluidos, porque la queja que presentó a nivel Superior, no se ha resuelto.

“Cuando la queja llegó al despacho de la Fiscal Superior Nancy Moreno Rivera se inhibió porque su esposo es investigado. Luego, cuando la carpeta pasó al Fiscal Freddy Gutierrez Crespo también emitió un pronunciamiento indicando ser amigo del investigado Ismael Víctor García Rivero (entonces gerente de obras de CHINECAS) y que no podía emitir opinión. Luego, la queja pasó a la Fiscal Superior María Valencia Pozo quien también se inhibió porque dijo ser muy amiga del investigado García Rivero” anotó.

Ante ello, la Fiscal Superior Nancy Moreno Rivera, lejos de evaluar si está debidamente motivada la decisión de sus colegas, decidió elevar una consulta a la Fiscalía Suprema para determinar si el criterio utilizado por sus colegas se ajusta a ley. Esta consulta a Lima, aún no regresa y ha sido entendida como un intento de dilatar esta queja.

El Procurador Anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia ha puesto en conocimiento de esta situación a la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Santa, Miriam Lucero Tamayo, sin embargo, lejos de coadyuvar a la solución y celeridad en que esta queja sea resuelta (sigue en Lima), remitió un oficio al órgano de control interno que advirtió que no hay motivos para investigar disciplinariamente a los Fiscales Superiores porque la inhibición es un derecho y una decisión ética.

“No sabemos hasta ahora, a pesar que han transcurrido varios meses desde mayo que presenté la queja, si estas 19 personas serán investigadas o no. Se trata de ex funcionarios y ex consejeros que fueron señalados por la Contraloría en un informe que se considera prueba preconstituida, pero que nunca fueron incluidas en las investigaciones, a pesar que muchos de ellos, podrían ayudar al esclarecimiento de los hechos” anotó Asmat Urcia.

Cuando se le preguntó si seguía pensando que el caso San Bartolo se debe investigar en Lima, considerando que entre los investigados figura el esposo de la Fiscal Superior Nancy Moreno Rivera, quien es la coordinadora de la Fiscalía Anticorrupción, señaló que es lo más conveniente. “Tengo que elevar un informe al Procurador Nacional dando cuenta de esta situación que impide un real esclarecimiento de los hechos” aseveró.

El caso “San Bartolo” está referida a una obra de construcción de canales que habrían sido sobrevalorado producto de una colusión entre exautoridades y exfuncionarios del gobierno regional de Ancash y CHINECAS con las empresas ejecutoras, una de las cuales representaba en ese entonces, el actual gobernador regional de Ancash, Juan Carlos Morillo Ulloa.

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