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INCAPACIDAD

El acuerdo sancionado por el consejo regional de Ancash denegando, vía regularización, los contratos de compras y servicios realizados por el ejecutivo regional dentro del plan regional COVID 19, ha dejado mucho que desear y lo único que consiguen es evidenciar la falta de capacidad y conocimiento por parte de la mayoría de consejeros. Muchos se dejaron manipular por un pallasquino viejo conocido que, motivado por sus posiciones políticas radicales, incitó a los demás a votar en contra de la regularización de los contratos porque, supuestamente, no les hicieron llegar los contratos y documentos que lo sustenten cuando ello no era necesario. Lo que está demandando el Gobierno Regional no es una auditoría o la revisión de los contratos formalizados, por el contrario, lo que se necesita es que se regularicen los actos que se han realizado en el marco de la emergencia. Esto quiere decir que los consejeros lo único que necesitaban era verificar que se hayan cumplido los requisitos y ellos están dados por verificar si existe realmente una situación de emergencia que justifique una contratación directa al margen de una licitación y si se han elaborado los expedientes técnicos con el requerimiento del área usuaria. No se exige más. Si los consejeros, motivados por los comentarios de las redes sociales, consideran que esas compras son irregulares o existen presunciones de delito, ello no puede obstaculizar la aprobación de la regularización, eso forma parte de su labor fiscalizadora que la pueden iniciar inmediatamente revisando los procesos que se han realizado, empero, no puede motivar a que dejen de aprobar la petición de regularización porque no sólo se pone en peligro los contratos formulados sino la salud y la vida de la población al dejarse todos los actos de lucha contra el COVID virtualmente en el aire. Ayer escuchamos al abogado Jesús Gonzales Rentería sustentando estos aspectos legales y es cierto que los consejeros regionales se exponen a una denuncia penal porque no están actuando en el marco de la ley, una cosa es cumplir los requerimientos de la ley y otras es la fiscalización. Tal parece que los indujeron a confundir papas con camotes.

EN CHIMBOTE

Este caso nos trajo a la memoria lo que ocurrió en Chimbote con el pleno de la Municipalidad Provincial del Santa luego que en diciembre pasado se registrara una impresionante inundación que destruyó el drenaje ubicado en la intersección de las avenidas Pardo y Aviación, afectando el tráfico vehicular en esa zona. El alcalde dispuso la contratación a directa de la empresa que debía ejecutar ese proyecto para su rehabilitación inmediata en la medida que se había registrado una emergencia de índole sanitaria. Inicialmente, el pleno de la comuna Provincial desestimó el pedido no porque pusieron en tela de juicio la situación de emergencia, sino porque en las redes sociales se cuestionó la contratación de la empresa y los presuntos montos que se estimaron en esos trabajos. Un día después debieron reconsiderar su acuerdo porque nadie puso en tela de juicio la situación de emergencia, por lo que deberían aprobar el procedimiento, de inmediato solicitaron que la Contraloría revise la documentación. Esto último forma parte de su facultad de fiscalización que no se pierde por el hecho de aprobar procedimientos que están perfectamente establecidos en el marco de la ley. Más claro ni el agua.

ZAPATERO

A propósito de marco jurídico de los hechos que se producen en la administración pública o municipal, hace solo unos días se conoció que la Fiscalía que recepcionó una denuncia penal del Sindicato de Trabajadores Municipales por la falta de pago de sus haberes, la archivó porque no corresponde al procedimiento. El Fiscal argumentó con la ley en la mano que el Ministerio Publico no es un ente que debe dilucidar sobre pago de haberes o decisiones de un ente administrativo. Lo que sucede es que el Municipio se ha visto precisado a disgregar los pagos de remuneraciones de los trabajadores, priorizando a los que se encuentran laborando en primera linea, como los servidores de limpieza, de seguridad ciudadana, policía municipal y parques y jardines, mientras que a los demás que se encuentran mayormente en sus casas se les ha pagado el 50% porque no se están captando pagos de tributos por la emergencia. En realidad la Fiscalía no tiene nada que ver en estos temas y tal parece que el abogado que los asesora también confundió papas con camotes.

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