Tras la programación de la audiencia de prisión preventiva en contra del rector de la Universidad San Pedro, José María Huamán Ruiz, el registrador público Miguel Sánchez Solórzano y el funcionario de dicha casa de estudios, Ángel Efrén Paredes Quipuscoa; el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria aún resta programar la fecha de audiencia para definir el pedido de comparecencia con restricciones que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción en contra de los otros imputados, los vicerrectores Gilmer Díaz Tello, Manuel Portales Pairazamán, la abogada Tania Baca Escurra y la trabajadora Rosa Edith Carrillo Romero.Â
En efecto, si bien es cierto este lunes 11 al mediodía se debe realizar la audiencia de requerimiento de prisión preventiva por 9 meses en contra de José María Huamán Ruiz, Miguel Rufino Sánchez Solórzano y Ángel Efrén Paredes Quipuscoa; aún resta definir la fecha de realización de la audiencia para discutir el pedido de comparecencia con restricciones que pesa en contra de Gilmer Díaz Tello, Tania Baca Escurra, Manuela Portales Pairazamán (esposa de Ángel Paredes Quipuscoa) y la secretaria de éste último, Rosa Edith Carrillo Romero.
A todos ellos se les acusa de los delitos de cohecho pasivo propio (el que recibe la coima), cohecho pasivo genérico (el que entrega la coima), falsedad ideológica, falsedad genérica y falsificación de documentos privado, según disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria dispuesta por el Fiscal Anticorrupción Carlos Zárate Medina.
Ello en razón a las diversas irregularidades y actos ilícitos cometidos en la inscripción registral para que se reconozca la reelección de José María Huamán Ruiz como rector de la Universidad San Pedro, a pesar de estar prohibida y vulnerando el debido proceso, tanto desde la irregular convocatoria al comité electoral y posteriormente modificando groseramente los acuerdos de la asamblea universitaria.
Esta inscripción registral se consiguió después de un tercer intento, pues en los dos primeros, se rechazó de plano la misma pretensión, inclusive el propio registrador Miguel Sánchez Solórzano observó la inscripción inicialmente por “defectos insubsanables”, pero luego, en algunos días, cambió de opinión e inscribió el título.
Es allí, donde radica la principal imputación en contra de los investigados, pues según la Fiscalía, José María Huamán Ruiz pagó 50 mil nuevos soles para conseguir esta inscripción registral en favor del registrador Miguel Sánchez Solórzano, dinero que habría sido entregado por la abogada Tania Baca Escurra quien se reunió hasta en seis oportunidades con el registrador.
Además de ello, para conseguir la justificación a la inscripción registral, se falsificaron documentos y adulteraron actas de asamblea universitaria, con la participación directa del secretario general de la Universidad Ángel Paredes Quipuscoa y su secretaria Rosa Carrillo Romero, todo lo cual fue aceptado por el registrador público.