Un importante precedente para que los diferentes funcionarios públicos de la Beneficencia Pública de Chimbote no apelen a los “desabastecimientos inminentes” para construir pabellones de nichos, sin procesos de selección y adjudicando en forma directa por “urgencia”; acaba de formular la Fiscalía Anticorrupción del Santa, tras concluir una investigación preparatoria sobre ese tema y acusar con pedido de prisión efectiva a dos exfuncionarios y a un empresario contratista.
El Fiscal Anticorrupción del Santa, Carlos Zárate Medina, acusó ante el Poder Judicial al exgerente general de la Beneficencia Pública de Chimbote, José Saúl Fernández Izaguirre, al exjefe de logística, Wilder Narváez Ruiz y al empresario Ismael Harbey Pimentel Cruzado por el delito de colusión, tras haber arribado a un ilegal acuerdo colusorio para beneficiarse con la adjudicación de la buena pro en la construcción de 684 nichos en el año 2014 por la suma de 698 mil 543.55 soles.
Según la acusación del Ministerio Público, los imputados anularon el proceso de adjudicación directa selectiva Nº 01- 2014, que generó un costo innecesario a la entidad, con el único objeto de crear un “estado de urgencia” y “desabastecimiento inminente” para de esa forma, otorgar la buena pro en forma directa a la empresa Roma Inversiones Generales SAC.
Pero además de ello, la Fiscalía en un trabajo prolijo y contundente, ha logrado establecer mediante el levantamiento secreto de las comunicaciones, que los exfuncionarios José Saúl Fernández Izaguirre y Wilder Narváez Ruiz se comunicaron telefónicamente con el empresario Ismael Pimentel Cruzado (y viceversa), antes, durante y después del otorgamiento de la buena pro.
Por esa razón, el Fiscal Anticorrupción Carlos Zárate Medina ha solicitado que se le imponga a los exfuncionarios de la Beneficencia Pública de Chimbote, José Saúl Fernández Izaguirre y Wilder Narváez Ruiz, la pena de 5 años 2 meses de prisión efectiva, en tanto que para el empresario Ismael Pimentel Cruzado, solicitó una pena de 4 años de prisión efectiva.
Al mismo tiempo, la Fiscalía Anticorrupción se pronunció por el sobreseimiento (archivo) de la causa en contra de la ex presidenta del directorio de la entidad, Sofía Villegas Otero, luego de advertir que no tuvo nada que ver con estos manejos oscuros dentro de la entidad.
La acusación fiscal ya fue recepcionada por el Juez Roma Cruz Avilés, responsable del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria quien ha corrido traslado por el plazo de diez días a todas las partes con la finalidad que se opongan a dicha petición y en el caso de la Procuraduría, para que fije el monto de reparación civil a ser discutido en la audiencia de control de acusación (etapa intermedia), que por el periodo de vacaciones, se debe programar después del mes de marzo.
Exfuncionario José Saul Fernández Izaguirre y empresario Ismael Pimentel Cruzado, con acusación de prisión.