Felices fiestas patrias. El Juzgado Unipersonal que dirige la Jueza Patricia Peralta Gambini programó para el viernes 22 de julio la audiencia de inicio de juicio oral por el sonado caso “semáforos inteligentes”, que tiene como principales imputados al actual alcalde provisional Julio Cortez Rojas y a la suspendida alcaldesa Victoria Espinoza García, actualmente prófuga de la justicia.
Según resolución subida ayer al sistema judicial, accesible para todos los justiciables, dicha audiencia se realizará el viernes 22 de julio a las 8 de la mañana, debiendo notificarse a los imputados Victoria Espinoza García, Julio Cortez Rojas, Micaela Flores Gómez, Javier Menacho Méndez, Aquior Mendoza Mendoza y al ciudadano chileno y empresario contratista Nicolás Rivas Gay, para que se presenten obligatoriamente bajo apercibimiento de ser declarados reo contumaces.
Todos ellos, son investigados por la presunta comisión del delito de colusión y la Fiscalía Anticorrupción del Santa ha solicitado se les imponga una sanción de 4 años y 10 meses de prisión efectiva y una inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el mismo periodo; en tanto que la Procuraduría ha fijado una reparación civil de 4 millones de soles.
Dentro de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, se incluye un peritaje suscrito por peritos adscritos a la Corte Superior de Justicia del Santa, que determina una sobrevalorización de más de 3 millones de nuevos soles en los trabajos de instalación de los semáforos inteligentes por parte de la empresa Consorcio Santa ITS, quienes se habrían coludido con la alcaldesa y sus ex funcionarios para defraudar a la comuna.
También se detallan una serie de irregularidades en la etapa de licitación de este proyecto y la obtención de la buena pro y en la ejecución misma de la obra, donde se habría favorecido al empresario Nicolás Rivas Gay, quien desde la primera adjudicación, que fue anulada, se presentó como postor, pero a través de una empresa distinta a la que finalmente ganó.
También han sido citados todos los testigos propuestos por el Ministerio Público y los investigados, así como los mismos peritos que detectaron una sobrevalorización de más de 3 millones de soles y el perito de parte, que no encontró tal conclusión, quienes deberán debatir sobre esta disyuntiva.
Los imputados están obligados a presentarse en el inicio del juicio oral, bajo responsabilidad de ser declarados reos contumaces.