RELAJO
En los corrillos del Palacio Judicial no era difícil advertir la incomodidad que existía el último viernes luego que los medios de comunicación dieran cuenta de lo acontecido en la audiencia del frustrado inicio del juicio oral en el proceso penal que se sigue contra el alcalde Julio Cortéz Rojas y la ex alcaldesa Victoria Espinoza García, entre otros, por delitos de colusión en el denominado “Caso Nehalem”. Al margen de la ligereza con la que se resolvió el pedido de postergación de la audiencia, sin que medie algún documento que lo materialice (solo atendiendo una llamada telefónica) y sin que exista la justificación idónea que reclama la ley en estos casos, (como es la presentación de un certificado médico) lo que no pasó por alto es el señalamiento de la fecha y hora para la continuación de esta causa, pues tal como se ha informado la Juez ha fijado la continuación de este proceso para el mes de Julio, es decir, dentro de 55 días. Por ello es que la oficina de Control Distrital de la Magistratura no necesitó de una queja en especial para iniciar una investigación y ha procedido de oficio para solicitar al coordinar del nuevo código procesal penal los cuadernos de registro de audiencias a efectos de verificar si es que, en realidad, como lo adujo la juez en audiencia, no existía otra posibilidad de establecer la audiencia mucho antes. En realidad hay quienes no concilian con el mensaje que hizo el Presidente de la Corte Superior del Santa al iniciar su mandato en Enero de este año, cuando señaló que en la administración de justicia existen prioridades y una de ellas era atender los juicios mediáticos dentro del marco de la ley. Esto lo puso de manifiesto en la última huelga judicial, cuando transó con los servidores que los juicios que estaban en fase final y aquellos que eran mediáticos no podían detenerse y tendrían el mismo trato que los procesos con reos en cárcel. Sin embargo, hay quienes no asumen ese compromiso y por ello nos encontramos con una extraña decisión en el marco del “Caso Nehalem” que ya lleva años tramitándose entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Aun cuando el rol de programación determine que la siguiente audiencia es en el mes de Julio, se supone que ello corresponde a las causas que recién se van a iniciar, no a aquellas que estando con fecha señalada deben continuar de manera progresiva cada semana. Veremos que dice la ODECMA.
OTRA VEZ
La Presidenta de la Junta de Fiscales debe revisar con detenimiento lo que ocurre en la Fiscalía Provincial del distrito de Santa en donde un ciudadano que fue intervenido y le incautaron más de 1,600 soles fue a reclamar la devolución de su dinero tras haber sido absuelto y se dio con la sorpresa que los billetes habían desaparecido. Se trata de Johnny Fabián Campos, quien fuera intervenido por tenencia ilegal de armas y fue absuelto de los cargos, razón por la cual venía reclamando en la Fiscalía de Santa sus efectos que le incautaron, entre los cuales se encontraba la suma de dinero, sin embargo, en la Fiscalía le negaban este derecho, por lo menos dilataban la cosa y siempre salían con pretextos para no hacerle la devolución. Por ello se vio precisado a recurrir a la instancia de control con cuyo concurso la Fiscal Julia Mendoza Cabellos se vio en la obligación de devolver el peculio del solicitante. Las especies estaban en un sobre lacrado, pero al ser abierto se dieron con la sorpresa que en el interior no estaba el dinero, ante el reclamo del afectado la Fiscal levantó un acta y allí terminó la cosa. Lo curioso es que en esta misma Fiscalía “se perdió” un arma incautada, allí cambiaron el revolver decomisado por una llave de ruedas, en hecho que generó la intervención de las instancias superiores. Tal parece que en esa dependencia existe alguien a quien le gusta sacar las cosas incautadas o cambiarlas por cosas inservibles. Eso es muy delicado y la Dra. Nancy Moreno debe tener en cuenta aquello de “dos veces no capan al chancho”.
MEJORAS
El último fin de semana recorrimos el Mercado Modelo y la verdad es que hay muchos pasadizos que han quedado libres de las mesitas y los bultos de mercadería que los dueños de los puestos sacaban para exhibirlos. Esto es evidente, empero, hay ciertos sectores en donde los comerciantes se niegan a respetar el derecho de los usuarios a transitar libremente y respetar las normas de seguridad y mantienen cosas fuera de sus negocios. Esta gente no entiende que los pasajes son para el tránsito de las personas y no para tugurizarlos con diversa mercadería. Esperemos que estos últimos entiendan que por su torpeza todos pueden pagar los platos rotos con una clausura temporal que será sumamente perjudicial.