La mayoría, por no decir la casi totalidad, de transportistas de nuestra ciudad no respondieron al llamado de la dirigencia de la Central de Transportistas de la provincia del Santa y no acataron el paro de 24 horas que convocaron el pasado viernes para protestar contra la gestión del alcalde provisional Julio Cortéz Rojas.
El servicio de transporte público de pasajeros fue absolutamente normal en todos los sectores de la ciudad y la medida de fuerza se restringió finalmente a una movilización y un plantón en el frontis del palacio judicial que tuvo como protagonistas a los dirigentes con sus respectivas esposas.
La razón por la cual llegaron a la sede judicial estaba relacionada con la audiencia única de apelación que desarrolló la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior del Santa ese día y que tenía como protagonista al burgomaestre provincial, quien ha sido condenado a una pena efectiva junto a la fugitiva ex alcaldesa Victoria Espinoza García y de esta diligencia depende el futuro de la autoridad edil. De todas maneras no se entiende la presencia de los transportistas en una diligencia judicial en donde tienen arte ni parte.
Lo cierto es que la protesta misma de los transportistas tampoco tiene pies ni cabeza y asumimos que esa es la razón por la cual los propios choferes no dejaron de trabajar y desoyeron la convocatoria de su dirigencia, se negaron a paralizar y perder un día de ingresos por un planteamiento que, evidentemente, no cuenta con el respaldo masivo de los transportistas, como de la población.
Y es que no puede dejar de llamar la atención esta situación de indiferencia gremial si se tiene en cuenta que en los días previos el máximo dirigente de este sector, Líder Saavedra Paredes y otros representantes de algunas facciones del transporte local, anunciaron que eran 43 comités los que estaban respaldando esta medida y los que aprobaron en asamblea llevar adelante la paralización contra la gestión municipal.
Lamentablemente eso no se vio en las calles, por el contrario, aun cuando se podría entender que la medida de fuerza cobraría vigencia en las horas de la marcha y el plantón, lo cierto es que durante todo el día el flujo de transportistas no cedió porque sencillamente no acataron la paralización.
De allí que podría pensarse que la dirigencia le tomó el pelo a la población e informó algo que no era cierto porque los 43 comités huelguistas estaban realmente en las pistas o sencillamente estos se arrepintieron del apoyo inicial que expresaron y decidieron no paralizar, de todas formas, por angas o por mangas, sellaron un fracaso anunciado.
En efecto, la razón de ser de esta medida de fuerza fue la concesión de transporte masivo que pretende la administración edil para satisfacer un servicio que se torna deficiente y sumamente abusivo en Chimbote, una alternativa que representa una sana y difícil competencia para los comités de colectivos pues tendrán que sincerar sus tarifas, mejorar su trato y cumplir con sus rutas, de lo contrario, los usuarios podrán hacer uso de un servicio que será, evidentemente, mas accesible a sus bolsillos.
Contra esta posibilidad es imposible que los transportistas adhieran algún respaldo, por el contrario, el transporte masivo no es una medida que haya sido impuesta por el alcalde sino que se viene madurando hace mucho tiempo porque es el clamor de la colectividad el que lo demanda, la necesidad de tener un mejor servicio y mucho más barato, como existe en las principales ciudades el país.
Esto lo venimos diciendo hace muchos años, no es posible que en una ciudad como Chimbote se cuente con una tarifa groseramente elevada, cuando se cuenta con rutas relativamente cortas en comparación con otras ciudades y cuando se establecieron escenarios sumamente favorables a los transportistas como que se implementó el sistema de combustible a gas y las tarifas fueron bastante volubles, al extremo que descendieron a limites insospechables sin que los choferes respondan a esa reducción en sus tarifas como si procedieron a incrementarlas cuando ese precio se elevó.
Para infortunio de los usuarios del transporte en Chimbote, por razones diversas, entre ellas la desaparición de una adecuada flota vehicular, el servicio de transporte en unidades de mayor capacidad, como los microbuses y las camionetas combis, fue desapareciendo y quedaron solo en manos de los comités de colectivos, los que han establecido una suerte de monopolio en donde manejan los costos a su regalada gana, aprovechando no solo que no existe control de precios en la economía nacional, sino que contamos con autoridades que no hacen absolutamente nada cuando se presentan situaciones abusivas.
Esto se pudo advertir en el caso del acaparamiento de los combustibles, la extraña escasez de combustible en los grifos y el aprovechamiento de los choferes en las tarifas, pues todos advertían que esta situación se generaba solo en los establecimientos de Chimbote y no en otras ciudades, empero, las autoridades dejaron finalmente que el afectado fuera el bolsillo del usuario.
De allí que una paralización contra la implementación del transporte masivo en nuestra ciudad no contaría jamás con el respaldo de la sociedad civil en su conjunto, los transportistas tendrán que ver la manera de poder hacer frente a una realidad inminente y ser más imaginativos para poder asumir la futura competencia en su servicio, empero, con amenazas para impedir su presencia en Chimbote no conseguirán absolutamente nada.
Los dirigentes deben haber tomado nota de lo que les espera, deben ser conscientes que en esta absurda pelea están huérfanos de apoyo, nadie les dará siquiera una muestra de solidaridad porque sencillamente están totalmente equivocados. Aun cuando traten de maquillar su protesta señalando que sí quieren el transporte masivo pero que se haga con empresas chimbotanas y no foráneas, en el fondo lo que buscan es que no se implemente y eso, antes que nadie, lo van a impedir los propios usuarios que quieren un servicio más eficiente y favorable que no puede hallarlo sino en un transporte masivo que responda a la altura de las circunstancias.