Lo tuvo al frente. Admitió su delito, dijo que pidió dinero por necesidad y su abogado añadió que estaba arrepentido. El juicio oral quedó resumido únicamente en establecer el tipo del delito por el que se le va a condenar, pero aun así, el Juez Unipersonal Efer Onan Díaz Uriarte no dictó sentencia en contra del servidor de la Dirección Sub Regional de Transportes, Roberto Torres Muñoz y reprogramó la misma para el miércoles 22 a las 12.20 del día.
Esto ocurrió al mediodía de ayer, en la sala de audiencias del Primer Juzgado Unipersonal de la Corte del Santa donde se investiga al funcionario de la Dirección Sub Regional de Transportes, Roberto Torres Muñoz, por haber exigido 600 soles al ciudadano Douglas Allemant Prince, para que apruebe en su examen de manejo categoría AII.
Torres Muñoz acudió acompañado de su abogado y en sus alegatos finales, admitió su responsabilidad penal, dijo que solicitó el dinero por necesidad y que estaba arrepentido por ello. Además, explicó que tiene problemas en el corazón y que cuenta con tres bypass, virtualmente pidió clemencia.
Por su parte, el Fiscal Carlos Roncal Cancino ratificó su acusación, dijo que Roberto Torres Muñoz abusando del cargo en la función pública que ejercía (verificador de los exámenes de manejo en la Dirección Sub Regional de Transportes), exigió dinero para aprobar en el examen de manejo al postulando, llegando al extremo de alterar una hoja de control para favorecerlo, antes de ser descubierto por denuncia del propio ciudadano.
El Juez Efer Onan Díaz Uriarte dijo que la única discrepancia pendiente era establecer el tipo de delito a condenar, pues mientras la Fiscalía propone cohecho pasivo propio, el abogado de la defensa técnica señala que su patrocinado cometió delito de cohecho pasivo impropio, porque según él, no aprovechó ni afectó su responsabilidad funcional.
Cuando se pensó que el magistrado iba a dictar su sentencia en un caso donde no existen mayores discrepancias sobre el fondo del asunto, reprogramó la lectura para el miércoles 22 de junio a las 12.20 del día, facilitando que el imputado se ponga a buen recaudo y tal vez no asista a escuchar su condena, como ha sucedido con otros funcionarios investigados por corrupción y que actualmente se mantiene como prófugos de la justicia.