El Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Águila Grados señaló que en un máximo de 90 días se debe conocer el pronunciamiento definitivo respecto al pedido de destitución en contra de los tres jueces superiores de la Corte Superior de Justicia de Ancash (Huaraz) que favorecieron con un habeas corpus al expresidente regional, César Álvarez Aguilar.
Explicando que dichos magistrados (Carlos Rodríguez Ramírez, Betty Tinoco Huayaney y Demetrio Vela Marroquín) se encuentran con abstención en el cargo (no pueden ejercer labores jurisdiccionales), solo falta que se programe la vista de la causa para que hagan uso de su derecho a la defensa y luego de ello se emita el pronunciamiento definitivo.
“La solicitud se encuentra encaminada para fijar la fecha en que los abogados hagan uso de la palabra como parte de su derecho de defensa, considero que en noventa días debe estar resuelto este tema” señaló Guido Águila Grados, quien también explicó que en el caso del exfiscal superior Decano, Hugo Dante Farro Murillo, está fuera del sistema judicial y sólo vía una acción de amparo en el Poder Judicial, podría pretender anular la destitución que pesa en su contra.
“Todo lo que ha ocurrido con Ancash, ha servido para que los jueces tengan un mayor cuidado, se deslinden responsabilidades y que estos hechos no se vuelvan a repetir. Tanto en Huaraz como en Chimbote veo que hay voluntad en los magistrados que buscan justicia y por allí va nuestra exhortación de que hagan bien las cosas” anotó.
Respecto a los exfiscales supremos, Carlos Ramos Heredia y José Antonio Peláez Bardales, también involucrados con César Álvarez Aguilar, dijo que respecto al primero de los mencionados quedó ratificada su destitución y sólo judicializando está decisión (vía acción de amparo) podría pretender la nulidad de lo resuelto.
“En el caso de Peláez Bardales, existe un solo procedimiento disciplinario en el CNM de los muchos que tuvo. Estamos en la fase de valoración de pruebas, su abogado tendrá que hacer uso de la palabra pero creo que en treinta días, debemos emitir pronunciamiento” anotó.
Finalmente, se pronunció por la imposibilidad que tienen los magistrados titulares en los concursos de ascenso para que también hagan uso de las plazas en reserva, que solo se consideran en los concursos públicos abiertos, “compartimos que no es la regulación más óptima, porque se advierte cierta discriminación, sin embargo, ya no dependen de nosotros porque forma parte de la Ley de la Carrera Judicial, no es un reglamento que puede ser modificado por nosotros. Esperamos que en el próximo Congreso podamos presentar una propuesta al respecto y tener eco” acotó.